Defensora del Pueblo le recuerda a De la Espriella su obligación con el Acuerdo de Paz: “tiene que cumplir”

En medio del revuelo que han causado los anuncios de Abelardo de la Espriella sobre “desmontar el sistema de impunidad”, refiriéndose a entidades relacionadas con el Acuerdo de Paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, le envió un mensaje. “La Constitución dispone que todas las autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo Final y, por tanto, sus actuaciones deben guardar coherencia e integralidad con lo acordado”, dijo.

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Según la funcionaria, más allá de las prioridades políticas de la nueva administración, existe un mandato constitucional que obliga al Estado a dar continuidad a los compromisos adquiridos en ese proceso.

El pronunciamiento se produjo durante la instalación del Congreso Internacional “10 años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad”, escenario en el que Marín recordó que el Acto Legislativo 02 de 2017 estableció que todas las autoridades públicas deben actuar de buena fe frente a lo pactado en el acuerdo y preservar sus principios, compromisos y espíritu.

Frente a cambios en entidades relacionadas con la paz como cambiar el Alto Comisionado por una consejería de Seguridad, la defensora reconoció que el Ejecutivo tiene la potestad de reorganizar la institucionalidad de acuerdo con sus criterios de gobierno, pero insistió en que cualquier ajuste debe buscar fortalecer la implementación y no interrumpirla.

“Los cambios institucionales deben servir para acelerar la ejecución, aumentar su impacto y evitar retrocesos”, señaló. Y agregó que las necesidades de las víctimas siguen siendo urgentes.

La defensora también advirtió que una eventual transición administrativa no puede traducirse en demoras para los programas que actualmente se desarrollan en los territorios más afectados por el conflicto armado. A su juicio, la continuidad de la implementación resulta fundamental ante las condiciones de riesgo que todavía enfrentan muchas comunidades y excombatientes.

Respecto al miembro del último secretariado de as Farc Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, la defensora del Pueblo señaló que, aunque ya no hace parte de las extintas Farc, debe responder por los delitos de guerra y de lesa humanidad que le atribuye la justicia.

Sobre la pena que deberá cumplir, Marín dijo: “Ese fue el acuerdo alcanzado y constituye una obligación constitucional, por lo que todas las autoridades, más allá de sus posturas personales, debemos respetarlo”.

Y es que desde el lunes festivo el presidente Abelardo de la Espriella ha hablado de “meter a la cárcel” a exintegrantes de las Farc, que justamente llegó de Europa esta semana.

Cabe señalar que Rodrigo Londoño llegó en la mañana de este martes 14 de julio de su viaje a España, a donde fue invitado por Izquierda Unida (organización política española) para participar en un seminario en Madrid sobre cooperación entre Europa y la Comunidad de países andinos, además de otras actividades en distintas ciudades españolas, todo enmarcado en la conmemoración de los diez años del Acuerdo de Paz.

Según él explicó en X, el propósito era “reafirmar apoyos para la implementación integral del Acuerdo Final y el cumplimiento de las sentencias de la JEP”.

Su autorización cubrió del 22 de junio al 11 de julio de 2026. Durante ese periodo debía conectarse virtualmente a una diligencia judicial programada para el 24 de junio, y la JEP le exigió presentarse personalmente en Colombia a más tardar el 14 de julio para certificar su regreso —algo que cumplió esa misma mañana.

Londoño fue condenado en septiembre de 2025, junto a otros seis miembros del antiguo Secretariado de las Farc, en el Macrocaso 1 de la JEP, por hechos de “toma de rehenes, graves privaciones a la libertad y otros crímenes concurrentes” cometidos por la guerrilla. La sentencia de segunda instancia quedó en firme el 1 de julio de 2026 y le impuso ocho años de sanciones restaurativas —no cárcel—, que incluyen apoyo a la búsqueda de desaparecidos, desminado, proyectos ambientales y actividades de memoria y reparación simbólica.

Sin embargo, críticos han señalado que alguien juzgado por crímenes de lesa humanidad no debería poder salir del país y que sus penas deberían ser mucho más estrictas.

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