Majer Nayi Abushihab, el conjuez que dio el voto clave para sancionar la campaña Petro Presidente

El fallo, aprobado el 27 de noviembre con una votación de 6 a 3, cerró un proceso que había sorteado recusaciones, impedimentos y tensiones internas en el CNE. Antes de esa sesión final, la ponencia de los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada ya contaba con cinco respaldos.

Pero la ausencia obligada de dos magistrados —Alba Lucía Velásquez, apartada por haber sido testigo electoral del Pacto Histórico, y Álvaro Echeverry, impedido por haber trabajado como abogado de la misma campaña— dejó el tablero abierto. Ahí entraron los conjueces. Y fue Abushihab quien terminó inclinando la balanza a favor de la sanción.

Y es que, el CNE concluyó que la campaña presidencial excedió los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos, tanto en primera como en segunda vuelta, y además recurrió a fuentes de financiación no permitidas.

Como consecuencia, fueron sancionados el gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la tesorera Lucy Mogollón; y la auditora Mary Lucy Soto.

También recibieron multas las colectividades Colombia Humana y la Unión Patriótica, que integraron la coalición del Pacto Histórico.

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A los votos de los ponentes Ortiz y Prada se sumaron los de los magistrados Maritza Martínez (partido de la U), Altus Baquero (Liberal), Alfonso Campos (Conservador) y el conjuez Majer Abushihab.

Este último, con su decisión, completó la mayoría absoluta que permitió avanzar hacia una sanción que muchos consideraban improbable.

Abushihab no es un nombre desconocido en los círculos judiciales. Abogado del Universidad del Rosario, especialista y magíster en derecho penal, con formación adicional en litigación oral en la California Western School of Law (Estados Unidos), tiene una hoja de vida marcada por cargos técnicos, asesorías de alto nivel y docencia universitaria.

Ha sido profesor en pregrado, posgrado y maestrías en instituciones colombianas y extranjeras; conferencista frecuente; y autor de textos jurídicos. Durante cuatro años trabajó como contratista en la Defensoría Militar (2012–2016). Además, fue aspirante en 2023 a una magistratura en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los hitos más relevantes de su carrera fue su paso como asesor del despacho del Fiscal General cuando el cargo lo ocupaba Néstor Humberto Martínez, un rol que amplió su visibilidad en temas de lavado de activos, corrupción y litigio penal.

El perfil del conjuez también registra una participación directa en la campaña presidencial de Federico Gutiérrez en 2022, donde trabajó como abogado.

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En ese contexto denunció ante la Corte Suprema a figuras del Pacto Histórico —entre ellos Armando Benedetti, Isabel Zuleta, Sebastián Caballero y Piedad Córdoba— por lo que describió como estrategias destinadas a desprestigiar política y éticamente a Gutiérrez.

Esa trayectoria llevó a que fuera postulado como conjuez por el magistrado Álvaro Hernán Prada, uno de los ponentes de la denuncia por violación de topes.