CNE sancionó a la campaña presidencial de Petro por violación de topes por más de $3.500 millones y pide a Fiscalía investigar a Ricardo Roa

27 de noviembre de 2025

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción sin precedentes contra la campaña Petro Presidente 2022, al confirmar que superó de manera significativa los topes de financiación en ambas vueltas presidenciales y que incurrió en financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable. Es la primera vez que el organismo electoral impone una sanción contra una campaña presidencial en Colombia.

El pleno del CNE aprobó la ponencia con una votación de 6 a 3. Respaldaron la decisión Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, ponente, Álvaro Hernán Prada y el conjuez Majer Abushihab. En contra votaron Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña.

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De acuerdo con el fallo, la campaña excedió los límites establecidos por la Resolución 0694 de 2022. En la primera vuelta, la vulneración al tope de ingresos y gastos alcanzó $2.459 millones, mientras que la omisión total de reportes ascendió a $2.611 millones, razón por la cual se ordenó la devolución de $2.447 millones al Estado.

En la segunda vuelta, el exceso fue de $583 millones y la omisión de gastos llegó a $1.087 millones. Es decir, más de 3.500 millones de pesos.

Entre los desembolsos no reportados que llevaron a la superación de los topes figuran pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas y gastos de transporte aéreo. El CNE concluyó además que parte de la financiación provino de fuentes prohibidas y que se ocultaron aportes que debían ser declarados.

Uno de esos casos es el aporte de $500 millones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que ingresó a través del movimiento Colombia Humana y fue usado para cubrir gastos de la campaña, pese a que la ley prohíbe que personas jurídicas financien campañas presidenciales.

A ello se suman los aportes de la Unión Sindical Obrera (USO), omitidos en ambas vueltas, por más de $500 millones destinados a transporte, alimentación y logística.

También se detectaron pagos no declarados a testigos electorales por $931 millones en primera vuelta y $177 millones en segunda, gestionados por la empresa Ingenial Media S.A.S..

El CNE encontró que existieron maniobras contables que alteraron la realidad financiera de la campaña. Por ejemplo, la factura de Caracol TV, por $356 millones, que fue excluida inicialmente para liberar espacio contable y posteriormente reincorporada, confirmando la superación de topes.

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También se encontraron inconsistencias en el evento de cierre del 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena. La campaña reportó $150 millones, pero omitió $100 millones presuntamente pagados por la empresa ServiRed S.A.S.. El CNE determinó que estos valores deberán ser devueltos, por tratarse de gastos posteriores al cierre oficial de la campaña y por constituir financiación de persona jurídica.

Otro punto del fallo es la eliminación del informe contable de un préstamo de $500 millones otorgado por el Polo Democrático. Pese a que la defensa alegó que el pago inmediato generaba un “efecto cero”, el organismo electoral sostuvo que todos los hechos económicos deben ser registrados sin excepción.

El CNE declaró responsables al entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán; a la tesorera, Lucy Aydee Mogollón Alfonso; y a la auditora interna, María Lucy Soto Caro.

En el caso de Roa, la corporación concluyó que actuó con dolo en varias de las irregularidades, entre ellas la ocultación del costo real del evento en el Movistar Arena.

Las organizaciones Colombia Humana y Unión Patriótica (UP) también fueron sancionadas por permitir o tolerar la violación de topes y la financiación con recursos prohibidos. Cada una deberá pagar la multa máxima de $194 millones.

En conjunto, la campaña tendrá que devolver más de $3.150 millones por el exceso de gastos y el reporte indebido del evento de cierre.