Lupa a la JEP: solo tiene 4 sentencias en firme de 21, ¿misión cumplida?

De la JEP se viene hablando hace rato y el tema tiene una pita de hilo larga, casi como los 50 años de conflicto de los que finalmente surgió. Así como el proceso de paz con las Farc, tan complejo, aplaudido y criticado, la JEP terminó siendo el tribunal donde fueron a parar los crímenes cometidos por los guerrilleros, pero también los casos de soldados y otros miembros de la Fuerza Pública señalados de matar, secuestrar o cometer otros delitos durante esas cinco décadas de guerra.

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Y ahí está justamente el meollo de la discusión. Sus resultados, el tiempo que le ha tomado sacar adelante los procesos y los recursos que necesita para seguir funcionando se han convertido en el pulso.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la demora de los procesos y con la estructura interna de la jurisdicción, que obliga a que varias decisiones pasen por distintas instancias antes de quedar en firme. Sus críticos sostienen que este trámite ha terminado alargando investigaciones que ya llevan varios años.

A esto se suma que una parte importante de las decisiones solo involucra a integrantes de la Fuerza Pública, mientras se toca poco a los antiguos miembros de las Farc y otros responsables del conflicto.

La propia JEP defiende que la dimensión de los casos explica buena parte de los tiempos. Se trata de investigaciones que reúnen miles de víctimas, testimonios y hechos ocurridos durante décadas, además de procesos en los que deben garantizarse los derechos de quienes participan.

Pero las críticas no significan que exista una sola lectura sobre el trabajo de la jurisdicción. El expresidente Juan Manuel Santos, en cuyo Gobierno se creó la JEP como parte del Acuerdo de Paz, ha defendido su continuidad -aunque habló de no prorrogarla- y ha pedido garantizar los recursos necesarios para que pueda terminar su tarea. El tema es complejo y no tiene una única conclusión.

“La JEP nos ha costado a todos $3,8 billones, que se han materializado en 21 sentencias de 8 macrocasos, pero solo 4 están en firme, es decir, son condenas. De esas, 3 son contra miembros de la Fuerza Pública y 1 contra integrantes del secretariado de las Farc, lo que una vez más deja sentir ese tufillo de activismo de izquierda que subyace al tribunal. Y están los $56.000 millones gastados en viajes a ciudades como Miami, Madrid, Barcelona, Denver y Sevilla, que poco o nada tienen que ver con estos círculos de poder desde donde se discuten los derechos humanos.

Faltan a la verdad. La ley estatutaria dispone que la defensa de los comparecientes sea asumida por la JEP solo si no tienen recursos para pagarla. Es absurdo pensar que las Farc no tienen recursos para asumir su defensa cuando, según Forbes, su patrimonio en 2014 ascendía a US$600 millones”.

Harvy Suárez, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, defiende la gestión de la entidad y sus resultados.

“Ha habido desinformación. La jurisdicción está cumpliendo una obligación legal y tiene a cargo un sistema autónomo de asesoría y defensa, similar a una defensa pública. Estas garantías deben darse tanto a los comparecientes de las antiguas Farc como a los miembros de la Fuerza Pública. Se ha tergiversado, además, la cifra de los pagos. Nada tiene que ver con esas cifras astronómicas que se han mencionado”.

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