Comité recomienda a Trump endurecer sanciones por violaciones a libertad religiosa en Nicaragua

Un informe reciente de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus sisglos en inglés) advierte sobre el constante deterioro de la libertad religiosa en Nicaragua y propone una serie de medidas dirigidas al gobierno estadounidense para castigar al régimen sandinista.

Entre ellas, destaca la opción de imponer sanciones adicionales contra el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes responsabiliza de violaciones “sistemáticas, continuas y graves” contra creyentes y líderes religiosos, sobre todo católicos.

El organismo sugiere que Nicaragua sea nuevamente catalogada como “país de especial preocupación”, una designación reservada para los casos más críticos en materia de libertad religiosa. Además, plantea la aplicación de sanciones financieras específicas contra funcionarios involucrados en violaciones a estas libertades.

Estas violaciones van desde detenciones arbitrarias, exilios forzados y otras formas de represión contra comunidades de fe.

En el plano político, el informe también insta a la administración de Donald Trump a fortalecer el apoyo internacional a la sociedad civil nicaragüense. Este respaldo incluiría financiamiento para documentar violaciones a la libertad religiosa y utilizar esas pruebas en procesos de rendición de cuentas.

Paralelamente, se recomienda al Congreso estadounidense retomar iniciativas legislativas orientadas a promover derechos humanos en Nicaragua, como la Ley de restauración de la soberanía y los derechos humanos en Nicaragua. La más reciente expansión a esta iniciativa incluye el freno de toda inversión estadounidense hacia Nicaragua.

El deterioro de las condiciones internas es uno de los ejes centrales del documento. Según la USCIRF, durante 2025 se intensificó la represión estatal, caracterizada por detenciones, encarcelamientos, expulsiones de líderes religiosos y cancelaciones arbitrarias de organizaciones.

También se señala un aumento en la vigilancia y el control sobre actividades religiosas, especialmente visible durante la Semana Santa, cuando el despliegue de miles de agentes policiales impidió gran parte de las procesiones y manifestaciones públicas de fe. Esta práctica fue impuesta a partir de la Semana Santa de 2023, aunque con presiones previas.

Dramáticas cifras

El informe recoge cifras que ilustran la magnitud de la represión: desde 2018 se han prohibido más de 16 500 actividades religiosas y se han documentado más de mil acciones directas contra la Iglesia católica, incluyendo confiscaciones de bienes, cierres forzosos y amenazas públicas.

Aunque en 2025 se registraron menos incidentes que en años anteriores, la comisión advierte que esto no refleja una mejora real, sino más bien el miedo generalizado de las víctimas y la falta de cobertura independiente.

Casos concretos de persecución refuerzan estas conclusiones. Entre ellos, se menciona la detención del pastor Rudy Palacios y varios de sus familiares en julio de 2025, así como la del pastor Mauricio Alonso Petri, su familia y el abogado Carlos Cárdenas Zepeda, vinculado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

Algunos de estos detenidos fueron liberados meses después pero bajo estrictas condiciones de vigilancia y restricciones impuestas por la Policía Nacional, al servicio de la dictadura, mientras que algunos murieron bajo custodia estatal en circunstancias no esclarecidas.

Estas muertes generaron condena internacional, incluida la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al gobierno nicaragüense garantizar la integridad de las personas detenidas y liberar a quienes permanecen encarcelados por motivos políticos.

Finalmente, el informe subraya cambios constitucionales implementados en 2025 que consolidan aún más el poder en manos de Ortega y Murillo. Estas reformas, según la USCIRF, amplían la capacidad del Estado para controlar y limitar la actividad religiosa, incluyendo medidas como la desnacionalización forzada y restricciones a la influencia de organizaciones religiosas extranjeras.