Llegó al Consejo de Estado primera demanda contra elección del nuevo magistrado del CNE Álvaro Echeverry

Apenas 24 horas después de la elección de Álvaro Echeverry como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral, al Consejo de Estado llegó una demanda que solicita la nulidad del nombramiento, argumentando que el acto estuvo “viciado” y constituye una violación a la Constitución.

La acción fue interpuesta por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, un día después de que el Congreso en pleno eligiera a Echeverry con 205 votos, respaldado por la mayoría de los partidos políticos y señalado como una cuota del presidente Gustavo Petro.

Ruiz basó su demanda en el hecho de que la resolución para proveer el cargo solo se publicó el 11 de marzo, a pesar de que el Congreso aceptó la renuncia del anterior magistrado, César Lorduy, el pasado 5 de marzo.

Sostiene el exministro que en dicha resolución solo se habría convocado a presentar candidatos para el reemplazo de Lorduy a los partidos que participaron en la postulación que terminó con su elección.

“La tesis de que solo están facultados a postular candidatos para suplir la vacante del señor magistrado César Lorduy los partidos que conformaron la coalición que concluyó con su elección (…) deviene en la violación del debido proceso por desconocimiento del derecho de postulación en favor del Centro Democrático y otros que se encuentran en similar condición”.

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Añade el exministro, también exmagistrado de la Judicatura que “la elección de Álvaro Echeverry Echeverry está manchada por acuerdos ilegítimos”, y que, justamente por eso, presentó “una demanda ante el Consejo de Estado para anularla”.

Aseveró que no permitirá que “el Gobierno capture las instituciones ni frene las investigaciones que lo comprometen. ¡Defender la democracia es un deber!”.

Concluye explicando que se privó al partido Centro Democrático su participación en el proceso y que prueba de ello “ es que el envío de la resolución para el Centro Democrático se habría remitido a un correo electrónico que es exclusivo para asuntos judiciales y no para actos administrativos del Congreso”.