La parranda vallenata no se libra: Procuraduría reabre la investigación por la fiesta en cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación reabrió la investigación disciplinaria por la polémica parranda vallenata en la cárcel La Paz de Itagüí y decidió vincular formalmente a Edgar Iván Pérez Ortega, subdirector del centro penitenciario dentro del proceso.

La decisión se dio después de advertir que faltaban requisitos en el auto inicial, lo que podía constituir en violaciones al debido proceso y de derechos fundamentales. Es por esto que se declaró la nulidad del trámite inicial para reiniciar la investigación y garantizar el debido proceso. Con la reapertura del proceso, la Procuraduría buscará reconstruir lo ocurrido y establecer sanciones disciplinarias si hay lugar a ellas.

Entérese: Exministra Buitrago denunció falta de controles en cárcel de Itagüí e Isabel Zuleta reaccionó con “intimidaciones y presiones”

El escándalo que se originó por la “parranda vallenata” del pasado 8 de abril dentro del pabellón de máxima seguridad del penal, en la que participó el cantante Nelson Velásquez, junto a internos señalados como cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá.

Según las indagaciones, al evento habrían ingresado personas no autorizadas, licor, equipos de sonido e incluso vehículos, lo que evidenciaría graves fallas en los controles del establecimiento.

Inicialmente, el proceso disciplinario involucraba a 11 funcionarios del Inpec, pero tras la nulidad decretada por la Procuraduría, las investigaciones deberán reiniciarse desde cero.

El organismo de control asumió el caso por su “impacto social y connotación nacional”, con el objetivo de unificar las investigaciones y determinar responsabilidades frente a la permisividad de la fiesta en una zona de alta seguridad.

La vinculación del director del penal marca un giro en el proceso, pues amplía el foco de la investigación hacia posibles fallas estructurales que vienen desde la cadena de mando.

El evento habría sido organizado por internos de alto perfil y, según versiones, pudo costar cerca de $500 millones.

Además de la polémica por el lugar de la fiesta, el caso tomó mayor relevancia por su impacto en la política de seguridad y paz del Gobierno nacional, al punto que derivó en medidas como traslados de reclusos e investigaciones a funcionarios penitenciarios.

También le puede interesar: Denuncian que parranda vallenata en la cárcel de Itagüí era para celebrar posible libertad de alias Lindolfo

El caso ha puesto en evidencia problemas estructurales en el sistema carcelario. El ingreso irregular de visitantes, la posible complicidad de funcionarios y fallas estructurales en los mecanismos de control interno dentro de uno de los penales más importantes del país.

La nueva fase de la investigación deberá esclarecer si se trató de hechos aislados o de una práctica más amplia de corrupción y permisividad dentro del sistema penitenciario.

El caso sigue abierto y bajo escrutinio público, mientras crecen las preguntas sobre quién permitió, y bajo qué condiciones, una fiesta en una cárcel de máxima seguridad.