Habla Hernán Cadavid, el congresista que se echó al hombro la ley de sometimiento: “sola no hace milagros”

A contra reloj, el Congreso aprobó esta semana la ley de sometimiento. Después de jornadas de discusión incluso el lunes festivo, el proyecto terminó de pasar casi a la medianoche, justo antes de que el 4 de noviembre venciera la prórroga de la ley de orden público, el marco bajo el cual se tramitó la iniciativa.

EL COLOMBIANO buscó al ministro de Justicia, Iván Cancino, para hablar de ella, pero su equipo respondió que, por directiva presidencial, no dará entrevistas. Quien sí habló fue el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid, coordinador ponente del proyecto en la cámara alta y quien se echó al hombro su aprobación. En diálogo con este medio, explicó en qué consisten las rebajas de penas, cuál será el papel de las víctimas, por qué insiste en las diferencias con las penas de la JEP y qué viene ahora en materia de seguridad.

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“Uno de los dolores más grandes del pueblo colombiano es la inseguridad, bien sea por la extorsión, por los secuestros, por los atentados terroristas. Así que lo que hicimos con esta aprobación de la ley de orden público es pasar de un modelo que llenó de beneficios a los criminales, que era la llamada paz total, a un nuevo enfoque, que es la ley de sometimiento.

Y si bien es una oferta unilateral del Estado, esto no es una negociación política con estructuras armadas. Esto es el Estado diciéndoles: ‘Yo le doy estas condiciones o lo enfrento con todo el poder del Estado, pero acá le abro una puerta si usted se quiere someter’.

Someterse es adherirse a esas condiciones que se han permitido: bajarles hasta el 30% de la pena a los cabecillas de una estructura, siempre y cuando cumplan unos compromisos, y hasta el 50% de la pena a quienes no son mando o no son líderes de la estructura. Y hacer una presencia integral en los territorios”.

“A lo largo de los últimos años, nos dijeron que las víctimas eran el centro del acuerdo, y eso parecía una repetición de frases, porque las víctimas han quedado atrás. El gobierno de Santos, por ejemplo, en el acuerdo con las Farc, lo expresó de esa manera, y resulta que las víctimas quedaron absolutamente olvidadas, humilladas y veían a sus victimarios sentados en el Congreso sin ninguna posibilidad de reparación. Esto invierte los valores.

Aquí lo que estamos diciendo es: si bien no es un proceso de justicia transicional, la víctima tiene que tener una participación directa a la hora de otorgarle beneficios a la persona. Pero, segundo, quedaron también cubiertas por la Ley de Víctimas para efectos de reparación”.

“Digamos que no es absolutamente decisivo que la víctima diga sí o no, pero si no tiene satisfacción y es expresada ante la justicia, es difícil que pueda obtener ese beneficio. Aquí no se están creando jurisdicciones especiales, este proceso de sometimiento se hará sobre la base de fiscales y jueces de la República y la presencia de la Defensoría del Pueblo”.

“Ramelli no tiene razón. Primero, porque, como lo hemos dicho, esto no es un proceso de justicia transicional, esto es un acogimiento a la justicia. Segundo, porque aquí no hay excarcelación. Aquí la pena mínima es de 10 años. En el modelo de la JEP lo que terminaron fue dándole libertad a una cantidad de delincuentes que fueron a proponerse allá para obtener libertad, pero dejaron fugar a los cabecillas como ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’ y otros más, y miren los resultados que obtuvieron.

Ramelli debe saber que ellos crearon unas tesis donde empezaron a extralimitarse en las funciones que les otorgó el acuerdo de paz. Toda persona que ya haya participado en un proceso de justicia transicional no puede obtener beneficios de la ley de sometimiento”.

“Una ley por sí sola no hace milagros. Este texto de ley de sometimiento es un instrumento que tendrá el Gobierno Nacional, pero esto tiene que conjugarse con una política de seguridad consistente, sistemática, precisa. Esto acompañado de un sometimiento.

En los próximos días el Gobierno presentará al Congreso el estatuto antiterrorista, que hoy no conocemos. Pero lo que se propone son instrumentos para que el Gobierno pueda empezar a recuperarles la tranquilidad y la seguridad a los colombianos.

No hay una sola medida que resuelva todo, pero eso es lo que sigue. En unas zonas será la erradicación de cultivos ilícitos, en otras será el combate contra la extorsión, en otras contra el reclutamiento de menores”.

“Primero, no es una negociación política con grupos armados, es un acogimiento a la ley. Segundo, no hay excarcelación ni interrupción de órdenes de extradición. Tercero, no hay beneficios para los reclutadores de menores en Colombia, especialmente para los reclutadores de menores de 14 años. Cuarto, hay una participación especial de las víctimas en el proceso penal y en su protección de derechos fundamentales y reparación. Y finalmente, hay un gran mensaje: no son los criminales los que le ponen las condiciones al Estado colombiano, es el Estado colombiano el que fija reglas a la hora de permitir un sometimiento a la justicia por parte de un actor armado ilegal”.

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“Fue un esfuerzo muy grande, que el Senado de la República reconoció, la tarea que se hizo, y que tuvo un efecto inmediato en la aprobación de la Cámara de Representantes, porque lo aprobado en el Senado lo empezó recoger la Cámara para ir aprobándolo a lo largo de la tarde noche.

Así que nos da, en nuestra opinión, una satisfacción grande haberlo logrado, que haya estado bajo la responsabilidad de nosotros entregar este instrumento a la justicia colombiana y al Gobierno, para decir: ahora sí, a lo que corresponde, y es a trabajar”.

“Fue una jornada de largo estudio con expertos. Este partido guarda disciplina. No es salir a decir cualquier cosa que se antoje, sino primero analizar el impacto de la reforma, qué se puede apoyar y qué no podemos acompañar.

Segundo, se creó una subcomisión del partido que irá a hablar con el Gobierno Nacional, a plantearle las observaciones que tenemos, como, por ejemplo, que no toquen el IVA de alimentos, bebidas, café, a la cadena de suministros del sector agro, que terminará creando un gran impacto.

Tercero, decirles que hay espacio para hacer una reducción mayor del gasto público en Colombia, de la burocracia, y que primero hay que seguir atendiendo esa línea antes que pensar en ponerle IVA a los productos de consumo del pueblo colombiano. En eso estamos, ya fijaremos una nueva decisión el próximo jueves con la bancada”.

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