Expertos de la ONU condenan purga sandinista en el Sistema Judicial

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) denunció este 13 de julio la revocación masiva de credenciales a abogados y notarios nicaragüenses, calificando la medida como una nueva escalada en el desmantelamiento del Estado de derecho y una grave afectación al acceso a la justicia en el país.

El organismo señaló que durante los últimos días ha recopilado evidencia que confirma la exclusión sistemática de numerosos profesionales del Derecho del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin notificación previa, sin resolución judicial y sin que el régimen sandinista haya ofrecido explicación alguna.

“Durante la última semana, se ha acumulado evidencia que corrobora motivos razonables para considerar que el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión“, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del GHREN.

“Hemos condenado reiteradamente la injerencia del gobierno de Nicaragua en el Poder Judicial, pero la eliminación de una parte considerable de la profesión jurídica representa una nueva escalada“, agregó.

Según el GHREN, la mayoría de los afectados únicamente descubrió que había sido eliminada del registro profesional cuando intentó ingresar a tribunales, presentar escritos judiciales o consultar su nombre en el sistema digital de la CSJ.

Los testimonios recopilados por el organismo indican que no existió notificación individual, fundamento jurídico ni procedimiento administrativo que justificara la cancelación de las credenciales. Esto en base a las denuncias realizadas por abogados nicaragüenses. El Grupo recordó que la persecución contra el gremio jurídico no comenzó este año.

En 2023, las autoridades suspendieron arbitrariamente a por lo menos 28 abogados y posteriormente comenzaron a negar la renovación de los llamados “quinquenios” notariales, requisito indispensable para ejercer funciones de notario en Nicaragua. Sin embargo, la actual revocación masiva representa un salto cualitativo.

“Un clavo mas en el ataúd de la Justicia”

“Esta depuración silenciosa de la profesión jurídica es un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia en Nicaragua: primero fueron los jueces; ahora son los abogados y las abogadas“, expresó Reed Brody, integrante del GHREN.

El experto recordó que “las normas internacionales son inequívocas: nadie puede ser privado del ejercicio de la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente. En este caso no hubo audiencia, ni órgano independiente; solo una tecla de borrar“, añadió.

El GHREN enmarca estas medidas dentro del proceso de control absoluto del sistema judicial impulsado por el régimen desde octubre de 2023, cuando la Policía ocupó las instalaciones de la CSJ y comenzó una amplia purga institucional presuntamente bajo órdenes de Rosario Murillo.

Desde entonces, ocho magistrados fueron apartados de sus cargos —por renuncia o destitución— y más de mil funcionarios judiciales fueron despedidos.

El organismo recordó además que la reforma constitucional aprobada en 2025 eliminó la independencia del Poder Judicial al convertirlo en un órgano coordinado por la Presidencia de la República y redujo de 16 a 10 el número de magistrados de la CSJ, todos nombrados por los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Riesgo para el derecho a la defensa

El organismo, apoderado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, advirtió que la eliminación arbitraria de abogados y notarios afecta directamente el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia y obtener representación legal.

“Los abogados han sido víctimas de la persecución política en Nicaragua desde 2018“, señaló Ariela Peralta, integrante del GHREN. “Han sido objeto de amenazas, hostigamiento, detenciones y exilio. Se les ha negado sistemáticamente el acceso a sus clientes y ahora también se les priva del ejercicio mismo de su profesión“, sostuvo.

El organismo indicó que entre las personas afectadas figuran exmagistrados, abogados exiliados, antiguos militantes del Frente Sandinista y profesionales sin una afiliación política conocida, lo que sugiere una depuración de amplio alcance del sistema judicial.

Asimismo, alertó que impedir arbitrariamente el ejercicio profesional dificulta que la población pueda acceder a representación jurídica, realizar trámites notariales y defender sus derechos ante los tribunales, debilitando aún más un sistema de justicia que, según el GHREN, ya carece de independencia frente al poder político.