Estos son los magistrados que decidirán el futuro de exministros Bonilla y Velasco

10 de febrero de 2026

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Tras varios movimientos internos y un debate poco común en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá, quedó definida la magistrada que asumirá el estudio del recurso de apelación interpuesto contra la decisión que envió a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en medio de las investigaciones judiciales por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La encargada de analizar el caso será la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano, quien deberá revisar los argumentos presentados por los abogados de los exfuncionarios, que buscan tumbar la medida de aseguramiento en centro carcelario por una detención domiciliaria, según informó la Revista Semana.

Como parte del procedimiento, la magistrada Chamat Lozano elaborará una ponencia que será puesta a consideración de los otros dos integrantes de la sala, que son Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio Bernal. Una vez evaluado el proyecto, se convocará a una audiencia en la que se dará a conocer la decisión definitiva sobre el recurso.

En los escritos de apelación, las defensas de los exministros sostienen que durante la decisión de primera instancia se desconocieron garantías fundamentales, en particular el derecho al debido proceso. Aseguran que no se valoraron de forma adecuada los argumentos ni las pruebas que, para ellos, evidenciaban inconsistencias en los testimonios presentados por la Fiscalía General de la Nación.

También cuestionaron que, pese a que la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó expresamente la aplicación de detención domiciliaria, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero optó por imponer una medida de aseguramiento intramural.

Lo anterior fue en razón a que la magistrada Rosero advirtió que la Fiscalía incurrió en un error al solicitar la detención domiciliaria como medida principal contra los exministros, al precisar que esta figura solo puede operar como una medida sustitutiva y no como la opción inicial dentro del esquema de aseguramiento.

Bonilla y Velasco enfrentan imputaciones por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, relacionados con la presunta entrega de sobornos a funcionarios públicos con dineros de la UNGRD que involucraron presuntamente a congresistas, alcaldes, ministros, asesores y altos funcionarios del Gobierno.

Vale recordar que en la audiencia en que fueron enviados a prisión, el Tribunal explicó que el análisis se concentró en el impacto institucional que tendrían las conductas investigadas. “Se trata del impacto institucional que genera la normalización de prácticas corruptas, especialmente cuando estas se producen desde posiciones de alta jerarquía y con capacidad de influencia estructural”, expresó la togada.

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