Estos son los cambios en la ley de sometimiento que se debatirán en su segundo debate en el Congreso

La que quizás fue la promesa de campaña que más identificó a Abelardo de la Espriella fue la mano dura contra los grupos ilegales y criminales. “Serán sometidos por la razón o por la fuerza, como en derecho corresponde”, es una de las frases que más repite para referirse a ese anuncio que está intentando hacer realidad en el Congreso de la República. La semana pasada la iniciativa legislativa que impulsa pasó su primera prueba las comisiones primeras de Senado y Cámara y esta semana enfrentará su segundo round.

Se trata del proceso para eliminar y derogar la “paz total” del Gobierno del expresidente Gustavo Petro y replantea los instrumentos que llenaron de garantías a los criminales y grupos armados, según ha explicado el senador Hernán Cadavid (Centro Democrático), ponente de la iniciativa.

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Pues bien, para segundo debate se pondrán a discusión varios cambios en lo que fue aprobado en primer debate la semana pasada. Entre ellos están modificaciones sobre personas responsables por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Una de las novedades, según dio a conocer Blu Radio, es la eliminación de la figura del abogado intermediario para solicitar el sometimiento de los grupos ilegales. Además, cada integrante deberá ser verificado individualmente y aportar pruebas adicionales de su pertenencia a la organización.

Por otro lado, las personas privadas de la libertad podrán ser incluidas si demuestran que pertenecían al grupo antes de su captura, sin que esto implique su excarcelación.

En materia de penas, se conservan reducciones de hasta el 50 % para algunos integrantes y del 30 % para líderes, quienes deberán cumplir al menos diez años de prisión. Los responsables de reclutar menores tendrán beneficios más limitados.

En la propuesta original se planteaba una vigencia de 10 años para esa política de sometimiento, en la que se mantenía la política de paz y seguridad más allá del periodo presidencial actual. Pero en el ajuste aprobado se redujo a cuatro años, ajustándola a la duración del gobierno De la Espriella.

En lo referente a la pena de prisión efectiva por lavado de activos. En la propuesta original se establecía un año de prisión efectiva para quienes se acogieran por este delito, pero en el ajuste aprobado se incrementó a, por lo menos, tres años de cárcel efectiva antes de poder acceder a la ruta de libertad condicional.

En cuanto a la flexibilización de beneficios para responsables de reclutamiento forzoso de menores, la propuesta original excluía totalmente a este tipo de actores de la ruta de sometimiento. Entretanto, en el ajuste aprobado se permitió el acceso a rebajas de pena de hasta un 30 % para miembros ordinarios y un 10 % para cabecillas.

Así mismo, se aprobó el ajuste en cuando a la mayor precisión en los requisitos de verdad y colaboración. En este punto, se incluyó un parágrafo con condiciones más precisas y exigentes sobre el aporte de verdad y la colaboración con la justicia como requisito para ser parte del sometimiento.

No obstante, vale la pena aclarar que los puntos anteriores pueden volver a cambiar durante la discusión en las plenarias de Cámara de Representantes y Senado. Para entrar en vigor, deberá completar su trámite y recibir sanción presidencial antes del 4 de noviembre.

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