Este viernes continúa proceso contra excontralor Zuluaga ¿Hay riesgos de prescripción?

Por increíble que parezca, pese a que el caso data de 2019, hasta ahora no ha tenido avances importantes en los estrados judiciales. De hecho, desde septiembre de 2025, la jueza que lleva el caso habría advertido con vehemencia sobre el alto riesgo de prescripción de la acción penal por vencimiento de términos.

El caso, denominado “Contraloría de Bolsillo”, se basa en la hipótesis de la Fiscalía según la cual habría existido un acuerdo entre el entonces contralor Sergio Zuluaga Peña y varios funcionarios para intercambiar cargos y favores administrativos a cambio de conceptos favorables en auditorías realizadas a entidades y municipios del departamento.

Durante la última audiencia realizada a finales de ese mes, la togada –que tiene el caso desde 2022– habría llamado la atención a la Fiscalía General de la Nación y a su seccional en Antioquia, por la lentidud del proceso, dada la incapacidad de esta entidad para manejar el volumen de información y pruebas recaudadas, por lo que hasta la fecha no se haya logrado superar la etapa preparatoria.

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Los temores de la jueza no son infundados toda vez que por el mismo despelote, a finales de 2025, los procesos de prevaricato por omisión y peculado por apropiación que pesaban sobre Zuluaga y otros de los implicados ya prescribieron, según quedó registrado en el expediente.

La jueza habría añadido que, de darse la prescripción del caso, la responsabilidad recaería sobre el ente acusador pues ni siquiera se han concluido las audiencias preliminares, pese a que las imputaciones se realizaron contra al menos diez personas.

Entre los imputados se encuentran el excontralor de Antioquia, tres excontralores auxiliares, un exsubcontralor, los exalcaldes de La Pintada, Jardín y San Carlos, un exgerente hospitalario, un exasesor municipal y una particular.

Aunque la Fiscalía realizó el descubrimiento de pruebas, las defensas han cuestionado la forma en que este se llevó a cabo, argumentando desorden y falta de claridad, lo que podría prolongar aún más el análisis previo al juicio.

Pero no solo la jueza habría tenido reparos en como se está llevando el proceso por parte de la Fiscalía. Pues resulta que mientras la fiscal a cargo ha señalado una sobrecarga laboral y la falta de apoyo suficiente para organizar el descubrimiento de pruebas, la coordinación de Fiscalías expresó que ya se le habían asignado investigadores de Policía Judicial y auxiliares para respaldar el caso.

Y mientras entre fiscales pelean, el riesgo de prescripción continúa aumentando, en un proceso que pese a lo escandaloso que ha sido ya supera ya los seis años sin que haya justicia.