Esta es la “novatada” en el Gobierno Petro que pone en riesgo decreto en el Catatumbo

Hay un dicho popular que dice que “al panadero se le quema el pan en la puerta del horno”, y al Gobierno Petro parece aplicarle ante la posible nulidad de uno de sus decretos de conmoción interior en el Catatumbo por un error que, aunque parezca menor, podría tener consecuencias graves.

Según reveló La Silla Vacía, el decreto 135 del 5 de febrero de 2025 tiene firmas de ministros que no estaban ese día en el cargo. Por ley, los decretos legislativos en el marco de cualquier estado de excepción deben llevar la firma de todos los ministros del gabinete.

Este diario confirmó con fuentes en la Corte Constitucional que el alto tribunal estudia el caso y que tomaría una decisión pronto.

El decreto no pasa el examen básico. Según contó ese medio, el error está en dos firmas: la del ministro encargado de Agricultura, Polibio Leandro Rosales, y la del entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. En el primer caso, porque la ministra Martha Carvajalino ya había retomado sus funciones para la fecha; en el caso de Reyes porque justo ese día estaba de licencia.

Es decir, que la oficina encargada, aún sin que se sepa si fue el Ministerio de Hacienda o la Secretaría Jurídica de la Presidencia, no revisaron el cruce entre firmas y fechas en cada caso. Solo por eso, señalan fuentes, el decreto podría caerse por un asunto de “formas” y no de fondo respecto al contenido del documento.

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Por lo pronto, ese problema imposibilita al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar y alcaldes del territorio para que puedan movilizar recursos públicos y atender la crisis humanitaria en ese territorio que ha generado la lamentable cifra de más de 60.000 desplazados y por lo menos 100 personas asesinadas en el marco de disputa de la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc.

Es importante recordar que a finales de abril, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad parcial de la declaratoria de conmoción interior decretada por el Gobierno Nacional el 24 de enero de este año, con la que se buscaba atender la crisis humanitarias en zonas de conflicto en departamentos como Norte de Santander y César. A pesar de que el concepto de la Corte es mayormente positivo para el Gobierno, todavía deberán hacerse algunos ajustes.

La votación resultó con 6 magistrados a favor, de las magistradas Cristina Pardo Schlesinger, Natalia Ángel Cabo, Diana Fajardo Rivera, y los magistrados Juan Carlos Cortés González, Vladimir Fernández Andrade y Miguel Polo Rosero.