Escándalo en la Fiscalía: revelan presunta maniobra para reducir cargos a 11 procesados de la Primera Línea en Bogotá

Publicado hace 2 horas Actualizado hace 1 minuto

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Directivas de la Fiscalía General habrían transmitido en junio de 2026 una instrucción atribuida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para reemplazar el cargo de terrorismo por el de asonada contra 11 integrantes de la Primera Línea capturados en Bogotá por ataques contra TransMilenio y otros bienes públicos. Las afirmaciones provienen de testimonios de asistentes a la reunión, en su mayoría anónimos, y no han sido confirmadas por la Fiscalía.

Según fuentes de Semana, el encuentro fue convocado como una “mesa técnica” por correo electrónico. Asistieron Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial; Zenaida de Jesús López, coordinadora de fiscales delegados ante la Corte Suprema; Juan Andrés Cano, director de la Unidad de Justicia Transicional, y dos fiscales de la Seccional Bogotá. Uno de los asistentes, que no fue identificado, dijo que el mensaje era que “la fiscal no está contenta con esa acusación”.

Las dos fiscales del caso se negaron a modificar la imputación. Fuentes anónimas atribuyeron entonces a Cano la frase “Entonces hagamos un principio de oportunidad”, mecanismo que permite renunciar a la persecución penal bajo ciertas condiciones. Esa alternativa tampoco prosperó en la reunión.

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El 16 de junio de 2026, Camargo firmó la Resolución 0171, que creó un grupo de tareas especiales dentro de la Unidad de Justicia Restaurativa y permitió trasladar el expediente de los 11 procesados a otro despacho. El cambio ocurrió cuando el caso estaba en la etapa previa a la acusación.

La resolución justifica la decisión en que los hechos ocurrieron en escenarios de protesta social y en la necesidad de conciliar el deber de investigar con la protección constitucional del derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente.

Semanas después, la fiscal que tenía lista la acusación fue retirada de la entidad y el director seccional fue trasladado. Finalmente, la revista recoge la versión de fuentes que relacionan esos movimientos con la negativa a conceder beneficios a los procesados. La Fiscalía no ha dado, en lo publicado, otra explicación.

Tras el traslado, la Fiscalía ofreció acuerdos a los 11 procesados, con penas de entre cinco y siete años de prisión. En algunos casos se retiró el cargo de terrorismo y en otros se bajó la participación de autores a cómplices. La investigación había durado más de dos años y se apoyaba en videos, interceptaciones y elementos recuperados por la Sijín.

Los documentos describen ataques con papas bomba y machetes contra buses y daños a estaciones de TransMilenio. Uno de los acuerdos relata que un procesado le mostró una papa bomba a un conductor, lanzó artefactos frente al bus para intimidar a pasajeros y conductor, y rompió los vidrios con un machete.

El mismo texto concluye que la conducta “no alcanza el estándar exigido para el delito de terrorismo”. También dice que la acusación “no pretende criminalizar la protesta social ni el ejercicio de libertades públicas constitucionalmente protegidas”.

La Fiscalía presentó los acuerdos ante una jueza en la última semana de octubre. Siete de los 11 procesados aceptaron los cargos negociados. La audiencia fue reservada a petición de la defensa.

TransMilenio y la Universidad Nacional de Colombia, reconocidas como víctimas en el proceso, cuestionaron que la Fiscalía les avisara con apenas 12 horas de anticipación que presentaría los acuerdos. Ambas acudieron a una tutela para pedir que se conozcan los términos de la negociación y las razones que sustentaron la reducción de cargos.

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