Elecciones bajo presión en 125 municipios: grupos criminales asfixiarn zonas con violencia política

El riesgo para la seguridad y la transparencia de las próximas elecciones ya tiene un mapa preliminar. El registrador nacional, Hernán Penagos, alertó que en el 40 % de los 312 municipios analizados por las autoridades existe un interés político-electoral de grupos armados ilegales, un factor que podría afectar el normal desarrollo de los comicios en varias regiones del país.

Según ese diagnóstico, los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentran la mayor cantidad de hechos violentos asociados a la actividad política y electoral, lo que los ubica entre las zonas con mayores alertas de seguridad de cara a la jornada electoral.

Las cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE) refuerzan esa preocupación. El organismo registró 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque el número representa una reducción del 23 % frente a 2021, la violencia sigue golpeando con más fuerza a los liderazgos políticos, que concentraron el 59 % de las agresiones y registraron un aumento del 15 % frente al periodo anterior.

Para Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE, uno de los datos más inquietantes es el repunte de la violencia letal. Los asesinatos de líderes políticos pasaron de 50 casos en 2021 a 61 en 2025, un incremento del 22 %. A esto se suma un aumento en la gravedad de las agresiones, reflejado en el crecimiento de los secuestros, que pasaron de un solo caso a 11 en el mismo periodo.

Frente a este panorama, Penagos anunció un trabajo articulado entre la Contraloría General, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía y el Ejército para conformar un frente común contra los delitos electorales. Según el registrador, esta coordinación busca reforzar las garantías del proceso y enviar un mensaje de disuasión frente a cualquier intento de interferencia ilegal en las elecciones.

“Esta articulación interinstitucional envía un mensaje claro de disuasión del delito y de confianza a la ciudadanía en la realización de elecciones libres, transparentes e íntegras”, señaló Penagos durante la primera sesión de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales. Agregó que el enfoque no será de persecución indiscriminada, sino de prevención y pedagogía, especialmente frente a prácticas ilegales como la trashumancia electoral.

En la misma comisión, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, informó que la Fiscalía avanza en la elaboración de un mapa de riesgo electoral, construido a partir de información de distintas fuentes, con el fin de identificar los principales factores de amenaza en cada territorio. Además, anunció que el día de las elecciones se instalarán puntos de recepción de denuncias en las zonas de mayor riesgo y se habilitarán canales presenciales y virtuales para facilitar la participación ciudadana.

El registrador destacó que este mapa será clave para la planificación electoral. Permitirá focalizar acciones, definir la ubicación de puestos y mesas de votación, fortalecer la coordinación con la Fuerza Pública y las autoridades de control, y concentrar los esfuerzos institucionales en los municipios y regiones más vulnerables de cara a las próximas elecciones.