Alcaldes del Oriente urgen acuerdo para salvar $160.000 millones antes del 31 de octubre

El tiempo se agota para definir el futuro de $160.000 millones que el Oriente antioqueño espera convertir en obras para mejorar la movilidad y reducir los riesgos en sus corredores viales. Por eso, los alcaldes de varios municipios de la subregión se reunieron ayer para pedirle al Gobierno nacional que acelere las gestiones jurídicas y contractuales que permitan invertir esos recursos antes de que finalice este mes.

El llamado está dirigido al presidente Abelardo de la Espriella y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quienes manifestaron su disposición a buscar una salida para que los excedentes que dejó la concesión Devimed se destinen a ocho intervenciones consideradas prioritarias para la región.

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Sin embargo, todavía está pendiente concretar el mecanismo que permita ejecutar los proyectos. Los mandatarios esperan reunirse con la ministra y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entre el lunes 26 y el martes 27 de octubre, aunque la fecha definitiva aún no está confirmada.

“Hoy no existe un plan alternativo, porque una vez pase el 31 de octubre y se agoten todas las posibilidades, estos recursos van a pasar al Fondo de Inversión para la Paz, y ahí quedaríamos abiertos a lo que venga después. No se nos garantiza que esos $160.000 millones se inviertan en el Oriente antioqueño”, dijo Hugo Jiménez Cuervo, alcalde de El Carmen de Viboral.

Para el alcalde de Marinilla, Julio Serna Gómez, la discusión no puede reducirse a un trámite administrativo. Las obras fueron priorizadas para responder a dificultades concretas que afectan a los habitantes y a quienes se movilizan por el Altiplano.

El mandatario resaltó la necesidad del intercambio de Puerta de Embalses, que facilitaría la conexión entre la autopista Medellín-Bogotá y la vía hacia los municipios turísticos de la zona. También puso el foco en el puente peatonal de El Cordobés, un sector en el que, según afirmó, se han registrado nueve muertes en siniestros viales durante los últimos dos años.

Serna insistió en que la región debe avanzar en infraestructura segura y recordó que detrás de los excedentes hay recursos relacionados con el recaudo de peajes. A su juicio, el objetivo es que las inversiones complementarias se materialicen sin más demoras ni nuevas vidas comprometidas por las condiciones de las vías.

La preocupación también se extiende a Guarne. El alcalde Diego Mauricio Grisales Gallego señaló que su municipio se beneficiaría con intervenciones como el paso peatonal de San Antonio y los retornos de San José y La Mosquita, necesarios para ordenar los movimientos vehiculares en corredores con alta circulación.

El mandatario describió problemas relacionados con maniobras de retorno, invasión de carriles y cruces peatonales en zonas de tránsito rápido. Además, advirtió sobre la gravedad de la accidentalidad reciente en el corredor entre Guarne y Marinilla, donde durante la última semana, de acuerdo con el reporte oficial, seis personas perdieron la vida.

Desde La Ceja, la alcaldesa María Ilbed Santa Santa destacó la importancia de mejorar la conectividad con Rionegro y atender el punto de La Cucharita, donde las inundaciones afectan el tránsito. Según explicó, el recorrido habitual entre ambos municipios puede tomar unos 25 minutos, pero cuando ese sector se inunda, los usuarios pueden perder entre dos y tres horas.

Santa también señaló que a la doble calzada entre La Ceja y Rionegro todavía le faltan cerca de dos kilómetros para completar el proyecto. Aunque La Cucharita está en jurisdicción de El Carmen de Viboral, afirmó que las dificultades en ese punto afectan directamente a los habitantes de su municipio y a otros usuarios de la vía.

El punto central de la discusión está en las fechas. Según los alcaldes, el Acta 30, suscrita el 8 de mayo de 2018 ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, contemplaba el 31 de octubre de 2026 como fecha de inicio de la reversión. Después, el Gobierno anterior estableció el 31 de julio como fecha de terminación del contrato, lo que abrió una controversia sobre las condiciones para ejecutar las obras a través de Devimed.

Los mandatarios buscan que la ANI y el concesionario encuentren una alternativa jurídica que permita mantener la ejecución de las intervenciones dentro de ese proceso, sin tener que iniciar desde cero los trámites para contratar y construirlas.

El riesgo, de acuerdo con lo expuesto por los alcaldes, no se limita al posible traslado de los recursos al Fondo de Inversión para la Paz. También existe la posibilidad de que Devimed reclame una compensación por los tres meses de diferencia entre las fechas contractuales en discusión, lo que podría disminuir el saldo disponible para financiar los proyectos.

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Por su parte, Jiménez Cuervo, mandatario de El Carmen de Viboral, agregó que el concesionario tiene los diseños de las intervenciones y que los municipios han adelantado gestiones previas para hacerlas viables. Si los recursos salen del esquema actual, las administraciones tendrían que buscar nuevas alternativas, asumir trámites adicionales y resolver cómo financiar la actualización o elaboración de los diseños que se requieran.

El paquete incluye el retorno a nivel en La Mosquita, en el corredor hacia el aeropuerto; el retorno en el sector San José; el paso peatonal en San Antonio de Pereira, en Rionegro; el retorno a desnivel para San Vicente Ferrer; el intercambio vial de la Clínica Somer; el puente peatonal de El Cordobés, en Marinilla; el intercambio vial Puerta de Embalses, para conectar la autopista Medellín-Bogotá con la vía hacia Guatapé y El Peñol; y el mejoramiento del sector La Cucharita, en la vía entre Rionegro y La Ceja, a la altura de El Carmen de Viboral.

Dos de las intervenciones concentran buena parte del presupuesto: el intercambio vial de la Clínica Somer, estimado en $45.999 millones, y el de Puerta de Embalses, calculado en $44.413 millones. Entre ambos representan más de $90.000 millones.

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