Duvalier Sánchez cuestiona al MinAgricultura Dangond por recortes al agro y manejo de tierras

El intercambio entre el Gobierno y los congresistas dejó en evidencia las diferencias sobre el rumbo de la reforma agraria, el manejo de los recursos públicos, la adjudicación de tierras y la protección de los productores rurales. Mientras el ministro defendió una reorganización de la política agropecuaria, varios legisladores cuestionaron sus decisiones, sus declaraciones sobre el campesinado y los recortes presupuestales previstos para el sector.

Entre las intervenciones más críticas estuvieron las de Iván Cepeda, senador citante del debate; Duvalier Sánchez; Jennifer Pedraza; John Amaya y varios congresistas que defendieron los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.

Dangond sostuvo que, pese a los recursos invertidos en administraciones anteriores, el sector agropecuario no superó el 6% de participación en la economía y el crecimiento del área sembrada se concentró en coca, no en alimentos.

El ministro calificó de “sobrerregulación” instrumentos como las APA y confirmó que los estaba derogando para facilitar el uso productivo del suelo. También anunció que no se comprarían más tierras hasta completar una auditoría forense, predio por predio, de los contratos y adquisiciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ante presuntas irregularidades y sobrecostos.

Anunció cuatro proyectos: regulación de la Jurisdicción Agraria y Rural, Código Único Agrario, marco diferencial para la Orinoquía y modificación de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras.

Planteó cuatro categorías de actividad y tres tipos de productor para el crédito, con intereses del 1% mensual y plazos de 10 a 20 años. También propuso que deudas de telefonía inferiores a $100.000 no generen reportes negativos que impidan a pequeños agricultores acceder a bancos.

Propuso contratos a futuro (forward) en los que industrias y compradores —como procesadoras de leche y grandes superficies— soliciten créditos y anticipen financiación a productores. Y planteó sembrar o renovar 1,5 millones de hectáreas de palma, café, cacao y frutas, y crear Zonas Francas Agroindustriales en Urabá, Córdoba, Cúcuta y la Altillanura.

El congresista Duvalier Sánchez acusó al ministro de ser “negacionista del conflicto” y desconocer que la paz nace en la tierra. Lo describió como un banquero que estructura negocios en favor de gremios e intereses privilegiados y afirmó que habría contribuido a que el hijo de José Félix Lafaurie accediera a créditos baratos.

También reprochó que el ministro considere despectivo el término “campesino” y quiera sustituirlo por “pequeño empresario del campo” o “unidad productiva”. Le recordó que los campesinos tienen especial protección constitucional.

Cuestionó el recorte del 32% al presupuesto ministerial, de $4,1 billones a $2,8 billones, y la reducción del 60% para la ANT. Dijo que Jóvenes Milagro formaría a 70.000 jóvenes sin garantizarles tierra titulada para sus proyectos.

Calificó de falsa la afirmación de que el ministro llevó agua a La Guajira con $570 millones al abrir una válvula. Criticó la falta de medidas frente a El Niño, la desprotección de los lecheros ante leche en polvo subsidiada y la ausencia de un plan para los arroceros ante el TLC de 2030. Ironizó sobre recomendarles sembrar marañón en vez de ofrecer soluciones.

Rechazó calificar de costosa la compra de tierras para restitución, porque, a su juicio, desprotege a las víctimas del despojo y alimenta la contrarreforma agraria. Dijo que los campesinos no le “comen cuento” al ministro y lo llamó “mercenario del agro” al servicio de privados.

El ministro no replicó a Sánchez. Al inicio respondió el cuestionario de Iván Cepeda, citante del debate. Sánchez intervino durante la ronda de las bancadas y, tras su discurso, la presidencia levantó la sesión sin que Dangond volviera a hablar.

Iván Cepeda, del Pacto Histórico, acusó al Gobierno de buscar revertir la entrega de tierras para devolverlas a paramilitares y narcotraficantes. Señaló posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades por el predio Simba y por los baldíos Centenario y Yerasca, que vinculó al entorno familiar del ministro. Cepeda denunció hostigamiento al campesinado y anunció acciones penales y disciplinarias.

Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, denunció una actitud irrespetuosa del ministro hacia el Congreso. Criticó que recomendara marañón a los arroceros sin plantear soluciones ante las importaciones estadounidenses de arroz y leche en polvo, relacionadas con el TLC y los subsidios agrícolas de Donald Trump. También cuestionó el recorte superior al 32% y las reducciones para Agrosavia.

John Amaya, de la Alianza Verde, denunció una caída del 44% en el presupuesto agrícola de 2027, recortes del 53 % en habitabilidad rural y del 61 % en seguros de cosechas. Afirmó que no se habían ejecutado recursos para atender el fenómeno de El Niño.

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