Doce años después, así fue la imputación al exgerente de la campaña de Santos por plata de Odebrecht

Doce años después, así fue la imputación al exgerente de la campaña de Santos por plata de Odebrecht

  • Colombia
  • noviembre 6, 2026
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La Fiscalía imputó a Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña de Juan Manuel Santos 2014, por los presuntos delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Según la investigación habría escondido un millón de dólares que la multinacional brasilera Odebrecht aportó a la campaña sin que eso se haya reportado en sus cuentas.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Odebrecht habría destinado un millón de dólares a financiar un estudio de opinión y estrategia para favorecer la campaña de reelección de Santos. Con ese aporte, la constructora brasileña habría buscado acercarse al Gobierno de turno por interés en el proyecto Ruta del Sol II.

El dinero no habría ingresado directamente a Colombia. De acuerdo con la investigación, Odebrecht suscribió el 2 de febrero de 2014 un contrato con la sociedad panameña Paddington Ventures, vinculada a la agencia de publicidad Sancho BBDO, para realizar los estudios.

“Se le reprocha, señor José Roberto Prieto Uribe, que en Bogotá el 26 de diciembre de 2014, como gerente de la campaña Juan Manuel Santos a la Presidencia (2014-2018) de manera directa obtuvo para el Partido de La U incremento patrimonial no justificado en cuantía de 13.461.287.446 para la cual se soportó en documentos falaces en los que se omitió registrar ingresos y gastos de la campaña, particularmente los provenientes de la multinacional brasilera Odebrecht, la cual pagó los servicios prestados por la empresa panameña Paddington Venture Ltd. y también omitió reportar la donación en especie de esa misma multinacional en los valores pagados a Paddington Venture Ltd.”, dijo la fiscal.

Esos estudios incluían la evaluación de piezas publicitarias, la medición de la percepción ciudadana, el análisis del comportamiento electoral y recomendaciones estratégicas para la campaña.

En el informe para primera vuelta, Prieto entregó al tribunal electoral las cuentas de la campaña con $13.503 millones en gastos. Pero, según la Fiscalía, dejó por fuera ese millón que Odebrecht aportó para pagar los servicios mencionados.

Con ese aporte incluido, los gastos de campaña se habrían volado los topes por casi $1.910 millones: habrían llegado a $15.463 millones, mientras el límite era de $13.552 millones.

En el reporte para segunda vuelta, con gastos por $9.475 millones, tampoco se registraron donaciones ni se mencionaron los servicios que la multinacional brasilera habría pagado.

De la presunta omisión se desprenden los dos delitos que serán objeto de imputación: el fraude procesal, relacionado con la posible presentación de información que habría inducido a error a las autoridades electorales, y el enriquecimiento ilícito, asociado al beneficio económico que habría obtenido la campaña con un aporte que no fue declarado.

Como la campaña pudo recibir la reposición de votos, habría recibido en total $13.461 millones del Estado a los que no tendría derecho, según la Fiscalía: $6.576 millones por reposición de votos y $6.884 millones de financiación previa.

Cabe recordar que Prieto fue inhabilitado por la Procuraduría en 2023 tras haberse probado irregularidades en la información entregada durante la campaña presidencial. La sanción se dio por 12 años, hasta 2035.

Además de la inhabilidad para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, se multó a Prieto Uribe con $50.5 millones debido a las falsedades entregadas en el informe de ingresos y gastos de la campaña entregado al CNE.

En caso de ser hallado culpable, Prieto podría enfrentarse a penas de entre seis y quince años de prisión, según el ente acusador.

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En otras noticias, la Fiscalía tomó a finales de octubre otra decisión dentro de las investigaciones relacionadas con los negocios entre Odebrecht y Sancho BBDO. El ente acusador archivó el proceso por un contrato diferente, firmado en 2015, por cerca de $2.500 millones, destinado a la prestación de servicios de publicidad.

La decisión se tomó luego de concluir que los trabajos contratados sí se realizaron y que los pagos efectuados estaban justificados.

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