DNI pide aclarar si suspensión de su directivo Wílmar Mejía sigue vigente por el caso “Calarcá”

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) solicitó este domingo claridad jurídica frente a la situación de Wílmar Mejía, uno de sus directivos y delegado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (U. de A.).

La cuestión es que Mejía fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación en el marco de una investigación disciplinaria relacionada con presuntos favorecimientos a alias Calarcá, señalado jefe de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el comunicado oficial, el 27 de noviembre de 2025 la Sala de Instrucción Disciplinaria del ente de control profirió un auto dentro del proceso identificado con los radicados IUS E-2025-616009 e IUC-D 2025-4200593, conocido como caso “Calarcá”.

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En esos procesos se ordenó la suspensión provisional de Wílmar de Jesús Mejía por un término de tres meses. La decisión fue confirmada el 23 de diciembre de 2025 por el viceprocurador general de la Nación, ratificando así la medida cautelar mientras avanza la investigación.

Eso quiere decir que el tiempo de suspensión ya se ha terminado, pero el DNI sostuvo en el comunicado que no se sabe con claridad si la suspensión fue prorrogada o levantada para Mejía.

Según la Dirección Nacional de Inteligencia, la entidad elevó una solicitud formal ante la Procuraduría para precisar el alcance actual de la suspensión.

En particular, pidió aclarar si la medida fue prorrogada en los términos del artículo 217 del Código General Disciplinario o si, por el contrario, se ha emitido una decisión de carácter absolutorio o de archivo.

Hasta el momento, la DNI asegura que no ha recibido respuesta por parte del órgano de control. Esa falta de pronunciamiento, indicó la entidad, “impide tener seguridad jurídica sobre la situación actual del investigado”.

El punto central es determinar si la suspensión provisional sigue vigente más allá del plazo inicial de tres meses o si el proceso ha tenido algún desenlace que modifique el estado disciplinario del funcionario.

En su comunicación pública, la DNI reiteró su disposición permanente de colaborar con las autoridades competentes y subrayó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto por el debido proceso.

El caso reviste especial sensibilidad institucional por tratarse de un alto directivo vinculado a labores estratégicas de inteligencia y por la gravedad de los señalamientos relacionados con presuntos favorecimientos a un cabecilla de disidencias armadas.

Mientras se espera una respuesta formal de la Procuraduría, la situación jurídica de Mejía permanece en un escenario de incertidumbre administrativa, a la espera de que el ente disciplinario precise si la medida cautelar continúa vigente o si ha habido una decisión de fondo en el proceso.

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