JEP imputó a Pablo Catatumbo y otros ocho exFarc por masacres y tomas guerrilleras en Tolima, Huila y Quindío

Publicado hace 2 horas Actualizado hace 1 hora

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Trece policías resistieron hasta agotar sus municiones durante la toma de Roncesvalles, Tolima, el 14 de julio de 2000. Se rindieron después de que los guerrilleros les prometieran respetar sus vidas. Pero fueron asesinados. Ese fue uno de los hechos que documentó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la investigación por la que este jueves imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las Farc.

Entre los llamados a reconocer responsabilidad está Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo. La decisión abarcó homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y ataques que afectaron a civiles y a integrantes de la fuerza pública en Tolima, Huila y Quindío.

Justamente, la Sala de Reconocimiento estableció que ocho de los comparecientes tuvieron responsabilidad por su liderazgo regional, su capacidad para decidir sobre las estructuras bajo su mando y su poder para disciplinar a la tropa.

Además de Catatumbo, fueron imputados Luis Eduardo Rayo, alias Marlon; Henoc Capera Trujillo, alias Giovanni o Giovanni Castro; Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias Armando Pipas; Gustavo Bocanegra Ortegón, alias Donald o Donald Ferreira; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, alias Gonzalo; Wilson Ramírez Guzmán, alias Teófilo González; Víctor Hugo Silva Soto, alias Erick o El Chivo, y Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña.

La investigación documentó 94 incursiones armadas entre 1991 y 2016, lo que convirtió al Comando Conjunto Central, según la JEP, en la estructura de las Farc que más tomas guerrilleras y ataques a estaciones de Policía perpetró en el país.

En Roncesvalles, además del asesinato de los policías que se habían rendido, el ataque con cilindros bomba y disparos destruyó más de 30 edificaciones y provocó el desplazamiento de casi 800 personas.

Pero las afectaciones no se limitaron a las tomas. La Sala también documentó la instalación de minas antipersonal en caminos usados por campesinos y comunidades indígenas, ataques contra uniformados heridos y el uso de civiles como escudos o como medio para transportar explosivos.

Uno de esos hechos ocurrió en Ibagué, el 24 de junio de 2008. Según la investigación, integrantes de la guerrilla obligaron al cotero José Feliciano Giraldo a transportar un paquete con explosivos. Lo detonaron a distancia y le causaron la muerte.

Esta decisión de la jurisdicción llega justo en un momento de escrutinio a su gestión. Tanto, que se ha propuesto una reducción considerable de su presupuesto.

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