Diez países de la OEA integran Grupo de Seguimiento para Nicaragua

Un grupo de diez países, que incluye a Estados Unidos, Brasil y Argentina, expresaron su voluntad de integrar el Grupo Ministerial de Seguimiento para Nicaragua, según comunicó la presidencia de la XXXI Reunión de Consulta de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) el martes, 3 de noviembre.

La composición del Grupo fue acordada durante la sesión inaugural de la reunión el 2 de octubre, cuando la amplia mayoría de los países del continente resolvió abordar la crisis de la dictadura sandinista de Nicaragua a través de un diálogo que, según este grupo, apuntará a ser “rápido y directo” e incluirá a la oposición exiliada por el régimen.

Además de los antes mencionados, al Grupo también lo integran Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay y Perú. Estos países expresaron su voluntad tan pronto como el 26 de octubre, de acuerdo con un documento en los archivos de la OEA, que abría la convocatoria a cualquier otro Estado miembro hasta el 2 de noviembre según el plazo definido en la reunión.

El 2 diciembre, el Grupo de Seguimiento Ministerial deberá presentar un informe con “acciones diplomáticas y jurídicas concretas que no impliquen el uso de la fuerza” para presionar a la dictadura sandinista en pro de una transición democrática. Los cancilleres podrán sesionar nuevamente, de ser necesario, en un plazo de 90 días desde la primera reunión del Grupo.

La dictadura se retiró de la OEA a finales de 2021 e introdujo, en un cuestionado proceso de reforma estructural, una disposición para desestimar cualquier instrumento de diplomacia internacional que pueda cuestionar la postura del régimen, por lo que la voluntad de negociación del liderazgo sandinista con el Grupo está en entredicho.

La reunión de cancilleres de principios de octubre, convocada por Estados Unidos, respondía precisamente a la amenaza de Ortega de que en el país no volverá a haber elecciones que permitan a la oposición gobernar, lo que luego se tradujo en el proceso de reforma estructural de la dictadura, finalizado el 1 de septiembre pero luego extendido a un proceso de “consulta”.