Dictadura sandinista admite detención del pastor Rudy Palacios

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la dictadura sandinista emitió un comunicado difamatorio en contra del pastor Rudy Palacios y su familia, en respuesta a una declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos que exigía su liberación el lunes, 22 de diciembre.

En el comunicado, la dictadura tamién admitió que Palacios estaba bajo custodia y que había sido condenado por delitos no precisados. Tanto Palacios como sus dos hermanas, dos cuñados y un amigo de su familia se encuentran bajo prisión política impuesta por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el 17 de julio de este año.

Habían sido reportados bajo desaparición forzada tras haber regresado al país luego de haber sido forzados a trasladarse ante amenazas contra su integridad física y vida.

Palacios se encuentra en prisión por haber criticado las acciones represoras y la violencia que caracterizó la respuesta estatal al estallido social de abril de 2018. Por ello ahora a Palacios y familia se les acusa de “extremistas” que “participaron (en un intento de golpe de Estado) destruyendo bienes materiales y regando sangre bendita de nicaragüenses“.

“Este grupo de personas huyó de Nicaragua para evitar el peso de la ley y luego regresaron clandestinamente con la intención de seguir violentando las Leyes y planificando nuevas agresiones al patrimonio material y a la vida, tanto de familias como de instituciones de servicio al pueblo”, continuó el comunicado, divulgado por la maquinaria de propaganda sandinista.

La dictadura también los acusa de haber estafado a distintos ciudadanos, aunque no explica cómo ni presenta evidencias de tales señalamientos. Más bien, el proceso judicial que aseguran haber realizado con “todos sus derechos respetados” tuvo lugar de forma exprés y lejos de cualquier escrutinio.

Palacios y su familia forman parte de un grupo de al menos 62 presos políticos todavía retenidos por la dictadura sandinista. Estos reos de consciencia han sido sometidos a tratos inhumanos y tortura en algunos casos incluso antes de 2018, con los más antiguos datando de 2014, hace más de 11 años.