Dictadura repudia defensa de la democracia de Costa Rica

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó la declaración a favor de la democracia realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica el lunes, 20 de julio, mediante un comunicado que apela a la “soberanía” sin mencionar el carácter autoritario ni las implicaciones de la proclama de Ortega.

El mensaje original de la cancillería costarricense fue una condena indirecta de las declaraciones de Ortega, quien proclamó en el acto partidario del 19 de julio el fin de las elecciones en Nicaragua. La dictadura enfocó su ataque en afirmar su derecho a manejar su política interna sin “injerencia”.

“El gobierno de reconciliación y unidad nacional de nuestra Nicaragua bendita, soberana y siempre digna y libre, recuerda al ilustrado gobierno de Costa Rica el principio de no intervención o injerencia en los asuntos internos de otros Estados“, dijo el régimen.

También recordó “al ilustrado gobierno de Costa Rica, que Nicaragua no és una provincia de su respetable país y, por lo tanto, tiene derecho a ejercer su soberanía e independencia, igual que cualquier otro Estado del mundo“, desconociendo las “atrevidas” declaraciones del Ministerio a cargo e Manuel Tovar.

La falsa neutralidad

La dictadura aseguró, falsamente, que “Nicaragua nunca ha intervenido en los problemas, conflictos o desafíos que ha tenido y, como cualquier otro país tiene y mantiene, el gobierno de Costa Rica“, siendo que el propio Frente Sandinista mantuvo presencia armada en Costa Rica durante la década del ’70 y ejecutó operaciones criminales al interior del país.

Además, Nicaragua ha servido de base para empresas chinas y grupos ligados al crimen organizado que explotan ilegalmente el oro en la zona fronteriza de Crucitas, según hallazgos de las autoridades costarricenses, así como fue el punto de origen de atentados terroristas contra opositores nicaragüenses protegidos bajo la figura del refugio costarricense.

Tanto políticos costarricenses como miembros de la diáspora nicaragüense llevada al exilio por el régimen de Ortega han denunciado la existencia de células sandinistas operando en territorio costarricense para vigilar, hostigar y en algunos casos eliminar a exiliados, algunos de los cuales son legalmente costarricenses de nacionalidad.

Esto ha sido documentado por organismos como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas e incluso admitido y celebrado por simpatizantes del régimen.

Asimismo, el régimen no desaprovechó para resaltar supuestas “múltiples desavenencias y desacuerdos” en el seno de la gestión de la presidente Laura Fernández, quien inicialmente parecía haber optado por una convivencia discreta con el sandinismo, pero cuyo servicio diplomático parece haber tomado un camino beligerante, sobre todo a través de la figura del canciller Tovar, por lo menos desde que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución sobre Nicaragua en junio.

Existen, sin embargo, contradicciones, dado que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) de Fernández se negó a denunciar al régimen sandinista como dictadura, como hicieron los partidos de oposición, aunque sí repudió las declaraciones anti-democráticas de Ortega, en la Asamblea Legislativa costarricense.