Dictadura decomisa 132 tacos de droga tras supuesto tiroteo

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, bajo control de la dictadura sandinista, informó sobre la incautación de 132 paquetes de cocaína durante un operativo realizado en el sector de Isla Venecia, municipio de El Viejo, Chinandega, parte de la estrategia antidrogas que ha sido objeto de cuestionamientos por la falta de transparencia y de cooperación internacional.

Según el comunicado oficial, unidades navales interceptaron una lancha que transportaba el cargamento de droga y sostuvieron un intercambio de disparos —que no parece haber dejado heridos— con sus ocupantes antes de lograr la captura de dos personas presuntamente vinculadas al traslado del estupefaciente.

El relato del Ejército indica que fueron decomisados 132 “tacos” de cocaína y que tanto la droga como los detenidos serían puestos a disposición de las autoridades competentes para el correspondiente proceso judicial. Las autoridades no revelaron la identidad de los capturados, su nacionalidad ni el destino del cargamento.

Tampoco informaron sobre posibles estructuras criminales vinculadas al caso o si existen investigaciones adicionales derivadas del operativo. Tal opacidad, y en general la naturaleza extraña de los operativos descritos por el Ejército —imposibles de verificar de forma independiente para la ciudadanía— ha llevado a cuestionamientos en el ámbito internacional.

Falta de cooperación

En 2025, Estados Unidos retiró de Nicaragua a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) alegando la falta de cooperación del régimen Ortega-Murillo y cuestionando la escasa información compartida sobre investigaciones e incautaciones.

Además, diversos analistas han señalado que las autoridades nicaragüenses mantienen un alto nivel de opacidad respecto a los decomisos de droga y dinero, así como sobre el destino de los bienes confiscados y la identificación de las redes criminales responsables, desde el retorno al poder del sandinismo en 2007.

Investigaciones periodísticas también han cuestionado el patrón de los operativos anunciados por el régimen, señalando que con frecuencia las autoridades informan sobre cargamentos abandonados o capturas de transportistas de bajo nivel, sin que posteriormente se divulguen detalles sobre el seguimiento de las investigaciones.

Esto dista del trabajo de otros países de la región, que en los últimos años o ya como práctica institucional ofrecen a la ciudadanía acceso a información periódica sobre su trabajo antinarcóticos, como es el caso de Costa Rica y El Salvador, ambos países que han interceptado droga proveniente de Nicaragua o a nicaragüenses involucrados en narcotráfico.

Señalamientos

En abril de este año, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, calificó como “fuera de los parámetros normales” un decomiso anunciado por Nicaragua y solicitó, junto con la DEA, una investigación para esclarecer las circunstancias del operativo, al considerar que existían inconsistencias sobre el tránsito del cargamento por la frontera común.

Más recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha reiterado que la falta de cooperación del régimen nicaragüense dificulta evaluar la verdadera dimensión del narcotráfico que atraviesa el país, al tiempo que organismos y especialistas cuestionan la escasa información pública disponible sobre las operaciones oficiales.

Pese a esos señalamientos, el Ejército sandinista sostiene que sus operaciones forman parte de la estrategia nacional de combate al narcotráfico internacional y al crimen organizado en las costas y fronteras del país. Si bien no presentan datos fehacientes que corroboren el éxito de su estrategia, la propaganda estatal la celebra como tal.