Desplazamiento forzado en Colombia aumentó 85% en 2025, según informe de Naciones Unidas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas presentó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, revelando un panorama preocupante marcado por el incremento de secuestros, desplazamiento forzado y confinamiento, entre otros flagelos.

En Arauca, por ejemplo, los casos de retenciones pasaron de 163 en 2024 a 277 en 2025, afectando a 245 hombres y 32 mujeres.

Según el organismo, aunque en algunos casos los grupos armados buscan fines extorsivos, la mayoría justifica las retenciones mediante la denominada “justicia revolucionaria”, durante la cual “investigan” a las víctimas.

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El informe denuncia que las víctimas han sido sometidas a tratos crueles e inhumanos, y en algunos casos incluso asesinadas, mientras los familiares reciben amenazas para no denunciar los hechos.

Además, la extorsión es tan amplia y está tan generalizada que en algunas regiones asfixia las economías locales, “impactando los derechos económicos y sociales de las comunidades”, que ya viven en situación de pobreza y marginación.

Para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de Naciones Unidas, el desplazamiento forzado masivo aumentó un 85 % en 2025 respecto al año anterior, especialmente en la región de Catatumbo, donde mantiene su presencia el ELN y una facción de disidentes de las FARC.

El informe registra también 166 homicidios selectivos, incluidas al menos 8 masacres, y un incremento del 12 % en los casos de confinamiento, afectando principalmente a comunidades indígenas y afrodescendientes de los departamentos del Chocó, Cauca y Bolívar.

En Chocó se reportaron cuatro paros armados, mientras que en Guaviare un paro armado confinó a 12.601 personas y restringió la movilidad de otras 32.000, limitando sus actividades económicas básicas y generando violaciones de derechos económicos, sociales y culturales.

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Por otro lado, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia constató el asesinato de 45 excombatientes de las FARC-EP en 2025 (incluyendo 1 mujer, 5 indígenas y 1 afrodescendiente), en comparación con 33 asesinatos en 2024, lo que representa un aumento del 36 %.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han sido asesinados 486 antiguos integrantes de las FARC-EP, lo que evidencia la persistencia de la violencia contra excombatientes y líderes sociales en distintas regiones del país. Ese contexto de inseguridad también ha impactado gravemente al sector educativo.

En Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta se registraron casos de uso de escuelas por parte de grupos armados, lo que interrumpió las clases y puso en riesgo a estudiantes y docentes.

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Asimismo, en Arauca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta y Valle se reportaron amenazas y desplazamientos de profesores, mientras que en Cauca y Putumayo grupos armados no estatales utilizaron instituciones educativas para reclutar a estudiantes indígenas.

Ante este panorama, la ONU instó al Gobierno a adoptar “medidas efectivas para prevenir violaciones de los derechos humanos” y a garantizar plenamente la participación política y el ejercicio de los derechos políticos en los territorios más afectados por la violencia.

Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, así como también con la Fuerza Pública, afectaron regiones como Catatumbo, Magdalena Medio y Sierra Nevada de Santa Marta, y departamentos como Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, el Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.

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