Defensoría alerta de gobernanza armada de ilegales y escuelas sicariales en el Oriente antioqueño

Publicado hace 2 horas Actualizado hace 2 horas

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Una de las regiones más prósperas de Antioquia, el Oriente, está sumida en la zozobra por el control territorial que en algunos municipios están haciendo dos peligrosas estructuras delincuenciales: el Clan del Golfo y El Mesa.

La problemática en esta región, también reconocida por su resiliencia, como quiera que se sobrepuso a una época de violencia en la década de los 90 y parte del 2000, debido a la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, quedó plasmada en un informe de la Defensoría del Pueblo, en el que este despacho emite una alerta instando a las autoridades a ejecutar las acciones necesarias que libren de riesgos a la población civil.

En el informe, la titular de ese ministerio público, Iris Marín Ortiz, afirma que la población rural de La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño enfrenta un escenario de vulnerabilidad extrema provocado por la consolidación de modelos de “gobernanza armada ilegal”.

Así mismo, advierte que la confrontación en la zona ya no se limita al control militar de corredores geográficos, sino que ha mutado hacia un esquema cualitativo de ‘disciplinamiento’ social, coerción y sometimiento de la vida comunitaria.

De acuerdo con la defensoría, el Frente Géner Morales del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Grupo de Crimen Organizado El Mesa (articulado al Cuerpo Colegiado de la Oficina del Valle de Aburrá) operan en los corredores estratégicos que conectan a Antioquia con el departamento de Caldas y el Magdalena Medio.

Agrega que, el EGC despliega patrullajes armados, mantiene campamentos e instrucción militar en veredas como Guadualito (Argelia), y apoya su vigilancia en redes de informantes civiles conocidos como “puntos”.

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Estos “vigilantes”, se establece en el documento que sustenta la alerta, monitorean el tránsito de habitantes, funcionarios y visitantes, e intervienen en disputas locales imponiendo justicia de facto. Incluso, añade, la democracia comunitaria ha sido permeada, pues, durante las elecciones de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de abril pasado, el EGC emitió directrices y realizó visitas a espacios comunitarios para incidir en la votación.

En cuanto a El Mesa, estructura que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha pedido al Gobierno Nacional considerar objetivo de alto valor y trato de grupos terrorista, la investigación denota que está aliada a estructuras satelitales y de bajo perfil que se mimetizan entre la población para administrar plazas de vicio y cobrar extorsiones.

Para el defensor de derechos humanos Óscar Zapata, coordinador de la Fundación Sumapaz, la alerta temprana de la Defensoría advierte riesgos asociados a disputas entre grupos armados, reclutamiento de menores y afectaciones a la vida campesina, así como al abandono del campesinado.

“Esta alerta menciona principalmente un foco de violencia en territorios muy claramente definidos de la zona páramo; municipios como Abejorral, Argelia, Sonsón, La Unión, incluso Carmen de Viboral, se están presentando unos fenómenos de violencia muy fuertes que, lamentablemente, a pesar de las denuncias de la población civil, las organizaciones sociales, las autoridades no quisieron atender y eso demostraría un total fracaso de las políticas públicas de seguridad en el territorio”, indicó.

Para el líder social, uno de los fenómenos más graves que revela el informe de la Defensoría es el del reclutamiento, utilización de niños, niñas y adolescentes que se viene incrementando debido a los márgenes socioeconómicos de muchas de las familias, pero, también, a algunos imaginarios que se vienen imponiendo en el Oriente.

“La alerta menciona la creación de escuelas sicariales en algunas zonas rurales en donde los grupos armados están aprovechando la falta de protección de los menores para incluirlos en las dinámicas de guerra, y eso también se debe a la falta de atención a los niños, niñas y adolescentes, a las escuelas en malos estados, falta de acciones para el empleo”, recalca.

La Defensoría del Pueblo reveló en su informe que el control que ejercen los actores armados en los corredores rurales no solo propicia la movilidad táctica, sino también el dominio sobre florecientes economías formales e informales por parte de El Mesa y el Clan del Golfo.

Considera el Ministerio Público que el Oriente de Antioquia alberga importantes títulos y solicitudes para la explotación de caolín, arcilla, mármol y oro de aluvión y socavón en las cuencas de los ríos Melcocho, Santo Domingo, Samaná Sur, La Miel y Arma, y que los grupos armados extorsionan a los propietarios y trabajadores de entables mineros y regulan el transporte del mineral.

“A este flujo de rentas se suma la presión sobre las nuevas dinámicas agroindustriales de la región, como los monocultivos de aguacate y la floricultura, así como el lavado de activos derivado de la especulación inmobiliaria y del uso de la tierra rural”, destaca el informe.

El gobernador Andrés Julián Rendón en varias ocasiones ha denunciado la peligrosidad y expansión de El Mesa, principalmente, durante el gobierno nacional anterior. Esta estructura, incluso, está acusada de desaparecer al ingeniero Andrés Camilo Peláez.

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Rendón pidió al presidente De la Espriella recategorizar a ese grupo delincuencial como Grupo Armado Organizado (GAO) e incluirlo entre los objetivos de la estrategia de seguridad Escudo de las Américas, cuya sede principal en Colombia estará ubicada en Medellín.

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