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Entre los muchos métodos de represión que la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerce contra la ciudadanía nicaragüense, tanto dentro como fuera del país, se encuentra la presión económica. Según la más reciente actualización del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), la dictadura en Nicaragua ha reorientado las leyes y normas internacionales contra el lavado de dinero para vigilar y reprimir a nicaragüenses.

Se trata del uso de las normativas internacionales “Anti-Money Laundering” y “Countering the Financing of Terrorism” (AML/CFT, por sus siglas en inglés) impulsadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el fin de detectar y detener el financiamiento de actividades ilícitas como el crimen organizado o la corrupción.

El GHREN, en su informe Persecución Más Allá de las Fronteras, recopiló casos en los que la dictadura deliberadamente difundió acusaciones falsas en contra de opositores, ligándolos a delitos como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, generando así alertas en instituciones financieras internacionales.

Utilizando la credibilidad del Estado de Nicaragua extendida de buena fe por organismos internacionales, la dictadura dificulta la estabilidad económica de migrantes y exiliados, quienes en algunos casos han pasado años sin poder abrir cuentas de banco y han visto las que ya tenían abiertas, en algunos casos, cerradas o congeladas.

Los bancos por lo general no ofrecen explicación al negar sus servicios, documentó el GHREN. En al menos un caso, a uno de los afectados le informaron que era considerado una “persona políticamente expuesta“, un término para individuos que, por distintas razones, se consideran más susceptible a participar de actos de soborno o corrupción. Esta distinción a menudo se aplica a funcionarios públicos o individuos con intereses comerciales ligados a gobiernos.

“Al instrumentalizar herramientas diseñadas para la cooperación internacional legítima con el fin de afectar a críticos y disidentes exiliados, el Estado de Nicaragua ha socavado la integridad de los sistemas globales de aplicación de la ley y de protección“, explicó el informe.

La dictadura también ha utilizado otras herramientas de cooperación internacional, como el sistema de alertas de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), para incluso detener a individuos por razones políticas por medio de procesos de extradición. De tal forma, el régimen abusa de la confianza establecida por mecanismos de cooperación para sus fines represivos.

Estas tácticas forman parte de una estrategia mayor designada por el GHREN y otros organismos internacionales de derechos humanos como “represión transnacional“, cuya máxima expresión ha sido el asesinato selectivo de opositores refugiados en otros países.