Crece la tensión: gerente del Hospital de Caldas denunciará ante la Fiscalía al gobernador de Antioquia por acusarlo de corrupción
- Colombia
- octubre 21, 2026
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El gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Juan Carlos Sánchez Fernández, anunció que denunciará ante la Fiscalía al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por los señalamientos que este hizo contra su gestión. Calificó las declaraciones del mandatario como “desafortunadas” y con “tinte politiquero”, y le pidió retractarse.
“Aquí no ha llegado un solo peso”, dijo Sánchez, quien aseguró que desde que asumió, en 2024, la Gobernación no le ha girado recursos al hospital. Según él, solo han recibido auditorías.
Según el gerente, la denuncia irá a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Afirmó que defenderá su honra y su buen nombre.
Recordó que a la fecha no existen sanciones en su contra y que a la fecha aún lo ampara el principio de presunción de inocencia, que debe respetarse mientras no haya decisión que determine su responsabilidad.
El pasado lunes 19 de octubre, en una rueda de prensa, Rendón dijo que el gerente “resultó ser un fracaso total”. Según él, se vendía “con unos pergaminos” y buena rectitud, pero con el tiempo mostró lo contrario.
Explicó que se demoró más de seis meses en nombrar a los gerentes de los siete hospitales departamentales, que buscó personas de cada municipio con trayectoria en salud y que a Sánchez lo designó él mismo.
Rendón aseguró tener “serias dudas” sobre su comportamiento ético y que, mientras siga en el cargo, no se le puede entregar “un solo peso, porque plata que se le entregue, plata que desaparece”.
Dijo que tiene el compromiso de fortalecer la infraestructura del hospital y que pidió a los organismos de control, a la Superintendencia de Salud y al Ministerio de Salud ayudar a “quitarnos la pesadilla” de esa administración.
El 10 de julio, la Contraloría General de Antioquia publicó un informe de auditoría sobre la vigencia 2025, con 31 presuntos hallazgos administrativos. Cinco tendrían presunta incidencia fiscal, seis disciplinaria y dos penal, y el presunto detrimento patrimonial asciende a $207,3 millones.
El ente de control señaló que el hospital habría usado de forma extensiva la contratación directa para objetos que superaban los 200 salarios mínimos, el umbral de su propio manual de contratación a partir del cual se obliga a abrir convocatoria pública.
También habló de concentración de contratos en pocos proveedores, contratos por encima del tope sin autorización de la junta directiva, deficiencias en la gestión presupuestal y fallas en la trazabilidad de los contratos.
Señaló además inconsistencias en la compra de un equipo biomédico que ya habría sido donado y de otros equipos que no estaban instalados o no tenían personal idóneo.
Los dos hallazgos penales fueron trasladados a la Fiscalía. El traslado permitirá que los organismos competentes puedan determinar responsabilidades y posibles sanciones, si las hay.
La Procuraduría también abrió una indagación previa contra Sánchez y otros funcionarios por presuntas irregularidades en procesos contractuales que superarían los $2.044 millones.
El informe provocó una reacción política en el municipio. La concejal Ángela Espinosa anunció control político, y el exconcejal Santiago Fernández dijo que el hospital había llegado a un punto crítico y que sus problemas no se explican solo por las deudas de las EPS.
Hubo además una manifestación para pedir la renuncia del gerente, en la que el concejal Jaime Bedoya Castaño le dijo que “le quedó grande el Hospital de Caldas”.
Sánchez atribuye la situación financiera, sobre todo, a la cartera de las EPS. Según dijo, a Caldas le deben más de $44.000 millones, cerca de $22.000 millones de Savia Salud y $7.500 millones de la Nueva EPS.
Explicó que los giros de Savia, la EPS con la que el hospital tiene mayor volumen de ventas, bajaron cerca de 55 % y en algunos periodos no llegaron al 15 % de lo facturado.
Como ejemplo, dijo que en marzo se facturaron $1.900 millones y la EPS giró menos de $200 millones. De los $22.000 millones adeudados, $11.300 millones ya fueron reconocidos y no se han girado.
Esa cadena de impagos ya ha tenido consecuencias en la atención. Por ejemplo, el 28 de mayo, el Sindicato Antioqueño de Anestesiología Anestesiar suspendió servicios por una deuda de $1.300 millones, acumulada desde septiembre de 2025.
Sin embargo, los ocho especialistas volvieron a trabajar ese mismo día por razones humanitarias. Poco después, llegaron a un acuerdo con el hospital, que fue posible después de que Savia girara cerca de $300 millones, según dijo el gerente.
Poco después, el 1 de julio, la Sociedad de Cirujanos de Colombia, con más de 90 especialistas y 25 años en el hospital, terminó su contrato por una deuda que calcula en más de $810 millones.
Hubo riesgos graves por pacientes remitidos a otros hospitales, ya que no había cirujanos que atendieran, entre ellos un hombre con una arteria abierta, que llegó con la presión baja.
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Según el hospital, está al día con su personal de planta y sus deudas de más de $4.800 millones corresponden a agremiaciones y asociaciones que le prestan servicios.
El hospital atiende a cerca de 100.000 habitantes de Caldas y a unas 390.000 personas del Suroeste. Está cerca de las vías Pacífico 1, Pacífico 2 y la Variante, donde son frecuentes los accidentes graves.
Cuando sus quirófanos cierran, los pacientes viajan a Medellín, donde los hospitales ya operan con sobreocupación.
La situación hace parte de la crisis del sistema en Antioquia. Según la Secretaría de Salud departamental, las deudas de las EPS intervenidas con la red hospitalaria pasaron de $1,8 billones en 2022 a más de $7 billones en 2026.
Se han cerrado 1.787 servicios, las urgencias operan con una sobreocupación promedio del 126 % y las remisiones, que tardaban entre 24 y 36 horas, ahora pueden demorar entre tres y cuatro días.
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