Alcocer pidió revisar su caso en la lista Clinton ahora que está divorciada, ¿es viable que la saquen?
- Colombia
- octubre 22, 2026
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Verónica Alcocer inició una solicitud de revisión para buscar una exclusión de la Lista Clinton ante las autoridades de Estados Unidos, ahora que se divorció oficialmente del expresidente Gustavo Petro.
En una entrevista concedida el pasado domingo a RCN, comentó que ya está en curso el proceso de revisión de su caso, aunque no quiso entregar detalles de los avances.
“Entenderá que es un tema reservado, se está investigando y los abogados son los que tienen la última palabra. No estoy autorizada a hablar sobre el tema, pero lo que sí puedo decirles es que yo solicité la revisión de mi caso en particular”, explicó.
Según Alcocer, en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), ya le recibieron la solicitud. “Me mandaron un anexo solicitando información, todo a través de los abogados”, recalcó.
El escándalo de la Lista Clinton se desató el 24 de octubre de 2025, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de la OFAC, sancionó al entonces presidente Gustavo Petro; su esposa Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos (hijastro de Alcocer); y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
En la resolución, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que “desde que el presidente Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando a EE.UU. y envenenando a los estadounidenses”.
Agregó que “Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. El presidente Donald Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas”.
La norma en la que se basó la entidad para imponer la sanción es la Orden Ejecutiva N°14059, emitida por la Casa Blanca, la cual se aplica a ciudadanos extranjeros “por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.
La medida prohíbe a cualquier persona y empresa de EE.UU. comerciar con los afectados, a quienes les congelan las cuentas bancarias y demás activos financieros, incluso en Colombia y en la mayoría de países, dada la capacidad de influencia global de la banca norteamericana.
Esta decisión agravó una tensión diplomática que se venía enconando entre Petro y Trump, por cuenta de sus visiones opuestas en asuntos como las políticas de migración, la lucha contra el narcotráfico y la guerra en la Franja de Gaza. Fue, en la práctica, la crisis más grave en la historia de las relaciones colombo-estadounidenses.
En su exposicón de argumentos, el Tesoro se fue lanza en ristre contra el mandatario colombiano. Algunas de sus acusaciones lapidarias, fueron: “Es un exguerrillero elegido presidente en 2022”; “se ha aliado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cartel de Los Soles”; y “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína”.
Pero en el caso puntual de Alcocer, la entidad extranjera se limitó a decir que “fue designada inconstitucionalmente por Petro como embajadora en misión especial. Un tribunal colombiano anuló el nombramiento, al considerar que violaba el artículo 126 de la Constitución colombiana, que prohibe al presidente designar a su cónyuge”.
Al margen de esos motivos, ahora los norteamericanos analizan las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de Alcocer, quien la acusó ante la prensa de transportar armas y drogas en un vuelo oficial.
Tras cuatro intentos fallidos y varias insistencias, este miércoles la española Eva Ferrer compareció ante la Fiscalía para ampliar las denuncias que ha venido haciendo contra la exprimera dama Verónica Alcocer y su entorno. La diligencia se realizó de manera virtual, debido a que Ferrer se encuentra en España, situación que había obligado a suspender las citaciones anteriores.
Durante más de cuatro horas, Ferrer dio cuenta de su relación con la familia presidencial en su momento, explicó cómo llegó al Gobierno y lo que conoció estando en los pasillos de la Casa de Nariño.
Aunque no hizo entrega de documentos u otras pruebas, ratificó los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el círculo cercano de Alcocer, entre ellas el supuesto transporte de cocaína y dinero en vuelos oficiales hacia Caracas, Venezuela, en los que habría viajado la entonces primera dama.
En la mencionada entrevista, Alcocer hizo énfasis en que “cada caso es independiente, han hecho parecer como si todo fuera en la misma canasta. En el caso mío, me vinculan por ser la esposa de Gustavo Petro, pero mi caso es independiente al de Gustavo y Nicolás. No sé qué ha pasado con el resto de los casos”.
La ex primera Dama fue reiterativa al indicar que se divorció de Petro el 10 de agosto de 2026, es decir, tres días después de su salida del poder, como si esto pudiera darle alguna ventaja.
Hace mes y medio, durante una visita protocolaria a Barranquilla, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró que los cuatro incluidos en la Lista OFAC “no están ahí por capricho”.
Al respecto, Alcocer indicó que “estoy segura de que lo han malinformado, ojalá me dé la oportunidad de tener un diálogo sincero para esclarecer estos hechos”.
Fuentes judiciales que conocen esta clase de procesos, comentaron que una vez que el Tesoro acepta la solicitud de revisar un caso, “lo que viene es un intercambio de correos, en el que ellos piden documentos y declaraciones a la persona afectada, en las que demuestre que no está involucrada en actividades ilegales”.
En las reclamaciones ante esta entidad, que es de carácter administrativo y no penal, la carga de la prueba recae en el sancionado, es decir, es al propio ciudadano al que le toca desmentir la acusación en su contra.
“Lograr la exclusión de la Lista Clinton puede tomar como mínimo dos años, pero hay casos en los que se demora seis o diez años. A veces depende mucho de un cambio de gobierno en Estados Unidos, porque las decisiones de la OFAC están fuertemente influenciadas por lo que dicte el presidente de turno”, acotó una de las fuentes.
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