Corte admitió denuncia contra María José Pizarro y Gustavo Petro por supuestos contratos a cambio de favores sexuales

Publicado hace 3 horas Actualizado hace 18 minutos

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió este martes 27 de octubre una denuncia penal en contra de la excongresista María José Pizarro y el expresidente Gustavo Petro. El alto tribunal investigará presuntas irregularidades en la contratación pública para supuestos pagos por favores sexuales durante la época en que Petro integraba el Congreso de la República.

El expediente quedó asignado al despacho del nuevo magistrado instructor Javier Fernando Fonseca, quien evaluará el material probatorio para determinar si abre una vinculación formal, ordena citaciones a versión libre u ordena nuevas actuaciones dentro de la etapa preliminar.

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La investigación se originó tras las revelaciones de la mujer identificada como Deicy Jiménez, quien aseguró haber sido vinculada laboralmente a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de María José Pizarro.

Según el testimonio de la denunciante, los puestos de trabajo y los contratos se habrían entregado como contraprestación por servicios sexuales ofrecidos al expresidente Gustavo Petro. Además, señaló que esta conducta se habría dado desde que Petro era congresista.

Jiménez confirmó que recibió un contrato por 34 millones de pesos destinado a apoyar la gestión de la primera vicepresidencia del Senado —ocupada en ese momento por Pizarro—, específicamente en asuntos contra la violencia sexual, y señaló que su llegada a la corporación ocurrió por recomendación directa de Petro.

“Entiendo que las denuncias que se han hecho son por un tiempo en que fue congresista, eso es de conocimiento de la Sala Especial de Institución de la Corte Suprema. Ha llegado una información; habrá que esperar esa información que puede revelar a la persona, al magistrado que le correspondió ese caso, que es el doctor Fonseca”, indicó Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque los registros dan cuenta de que Jiménez sí tuvo contratos estatales, eso no prueba en su totalidad que los hubiera recibido como pago por encuentros sexuales, como aseguró en su entrevista con Semana. Para demostrar eso, ahora la denuncia queda en manos de las autoridades competentes.

Por su parte, María José Pizarro rechazó los señalamientos a través de un comunicado público en el que afirmó que su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres “no se negocia” y aseguró que jamás avalaría prácticas de esa naturaleza.

La exdirigente del Pacto Histórico calificó las acusaciones como “señalamientos sin fundamentos” orientados a sacarla de la escena política y criticó con dureza a los medios que publicaron la entrevista, a los que tildó de “prensa amarillista y mercenaria”.