Así quiere De la Espriella “plantar” bandera en San Andrés, ¿qué le espera a la isla?

“Estoy enterado de los negocios de su marido y no lo voy a permitir”. Con esa advertencia, el presidente Abelardo De La Espriella protagonizó este fin de semana un tenso enfrentamiento con la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara por el archipiélago, Elizabeth Jay-Pang Díaz.

El careo, con micrófono de solapa bajo la camisa y alguien con celular grabando al mandatario (nada fue espontáneo, sino que respondió a un libreto), ocurrió durante una visita a la Base Naval de la isla. Allí le puso rostro a sus cuestionamientos sobre la contratación pública, la intervención del Hospital Departamental y el manejo de los recursos destinados a la región.

El episodio se inscribe en una secuencia de controversias que, en las últimas semanas, han trasladado la atención nacional de un escenario a otro: de la disputa por la memoria e historia en el Museo Nacional al enfrentamiento con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña o el gobernador (petrista) de Pasto, Luis Alfredo Escobar, y ahora a las acusaciones contra dirigentes políticas que mandan en la isla.

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En cada caso, el mandatario ha elegido un frente de confrontación y ha puesto bajo escrutinio público a figuras o instituciones que considera parte de un problema que su Gobierno dice estar dispuesto a combatir. Sabe representar en una narrativa sus objetivos.

En la isla hay varios frentes. El primero genera indignación en la ciudadanía porque se trata de presunta corrupción. Durante el encuentro con Ordóñez y Jay-Pang, De La Espriella cuestionó la postura de ambas frente a la intervención del Hospital Departamental y aseguró que personas cercanas a ellas habrían intentado obstaculizar la medida.

También lanzó señalamientos sobre la contratación de la Gobernación y de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), con especial énfasis en los negocios de Norbert Vonblon Pomare, el esposo de la representante liberal que se dedica al sector de la construcción con las empresas Josef Concretes Ltda., Agregados NVP S. A. S. y Efficient Buildings S. A. S.

“Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”, sostuvo el presidente, quien afirmó tener información sobre lo que ocurre en el departamento. También advirtió que no permitirá que los recursos que envíe el Gobierno nacional terminen en manos de particulares.

La congresista rechazó las acusaciones. En declaraciones a Blu Radio, negó que su esposo controle la contratación pública y afirmó que las empresas de su familia no tienen contratos con la Gobernación ni con Coralina. Sin embargo, reconoció que él hace política con el partido Liberal, movimiento que la avaló.

Explicó que su familia tiene un establecimiento comercial que vende bienes y servicios a particulares y contratistas, pero insistió en que eso no significa que su esposo maneje los contratos públicos del archipiélago. Jay-Pang también negó haber “promovido bloqueos contra la intervención del hospital” y aseguró que había acudido con la gobernadora al Ministerio de Salud “para solicitar medidas frente a la crisis”.

Por su parte, Ordóñez defendió su disposición a trabajar con el Gobierno nacional y cuestionó que el presidente formulara los señalamientos sin abrir un espacio de diálogo para escuchar su versión.

En su visita a Providencia, en medio del ambiente caldeado por el careo con la gobernadora y la congresista liberal, el presidente también puso el foco en las precarias condiciones de la Policía y en la necesidad de construir una estación que dignifique la labor de los uniformados y recupere la presencia institucional en la isla.

“Las instituciones son lo que la gente cree que son”, afirmó, al advertir que la ausencia de una sede policial puede transmitir el mensaje de que la seguridad no es una prioridad. Durante el recorrido, pidió comunicarse de inmediato con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, para gestionar la construcción de una nueva estación.

“Llámeme, por favor, señor jefe de despacho, al ministro del interior”, dijo, a lo que respondió Nicolás Gómez: “Ya mismo, señor presidente”.

El mandatario siguió con su mensaje: “Si nosotros no tenemos una estación de policía, en el inconsciente popular queda que no hay un lugar para la policía, que eso no es importante, o peor aún, que no existe. Tenemos que construir una estación de policía digna para Providencia, para nuestros héroes, y también para que la gente tenga dónde acudir a un lugar digna”.

La confrontación se produjo en medio de la intervención del Hospital Departamental Clarence Lynd Newball de San Andrés, una institución que atraviesa dificultades administrativas y financieras, problemas en la prestación de servicios, falta de especialistas y deficiencias en el abastecimiento de medicamentos e insumos.

Eso llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a ordenar su intervención forzosa por un año y a designar a Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora. El centro médico presenta un déficit superior a los $22.000 millones y un rezago en facturación cercano a los $3.605 millones sin acciones efectivas de recaudo, según han dado a conocer las autoridades recientemente.

El personal médico y los especialistas acumulan atrasos en sus pagos que van desde los 4 hasta los 9 meses, lo que ha provocado la suspensión de servicios y la renuncia de profesionales. El centro llegó a operar con un único cirujano general.

De La Espriella sostuvo que la decisión de intervenir el centro asistencial era necesaria ante lo que calificó como años de malos manejos. Cuestionó que, según su versión, las dos dirigentes hubieran manifestado estar de acuerdo con la medida y que después personas cercanas a ellas intentaran impedir su ejecución.

“A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración”, afirmó el mandatario, al asegurar que su Gobierno vigilará los recursos destinados a la isla.

Antes de poner el foco en San Andrés, el presidente De La Espriella ya había abierto otro frente, esta vez en el terreno de la cultura, la memoria e historia. El retiro de más de 30 objetos del Museo Nacional, que el presidente calificó como piezas que hacían apología al terrorismo, desató una discusión sobre los criterios con los que el Estado representa el pasado y varias marchas frente al lugar.

Entre los elementos cuestionados se encontraba un afiche de Carlos Pizarro en el que aparecía haciendo política. La decisión puso en discusión qué significa representar a un antiguo integrante de una organización armada en un museo: si la exhibición de una pieza constituye una exaltación de la violencia o si permite documentar un momento de la historia política colombiana.

Hace un par de semanas, la confrontación presidencial tuvo como escenario Sincelejo y como protagonista al alcalde Yahir Acuña.

De La Espriella cuestionó su gestión y sus antecedentes judiciales, y planteó reparos sobre el manejo de los recursos públicos y la relación entre el Gobierno nacional y la administración municipal.

Acuña se convirtió entonces en el centro de un pulso político que trascendió el ámbito local. Como ocurre ahora con las dirigentes de San Andrés, el enfrentamiento puso sobre la mesa preguntas sobre el manejo de los recursos, la responsabilidad de los gobernantes y la capacidad de las autoridades nacionales para intervenir frente a situaciones que consideran problemáticas.

El enfrentamiento con la gobernadora y la representante no fue el único asunto de la visita presidencial. De La Espriella también reivindicó la soberanía colombiana sobre el archipiélago y sus espacios marítimos, y volvió a poner en el centro del discurso la controversia con Nicaragua.

La disputa tiene un trasfondo jurídico y diplomático que no se resuelve con declaraciones. En su fallo de 2012, la Corte Internacional de Justicia reconoció la soberanía colombiana sobre las islas en disputa y estableció una delimitación marítima que concedió a Nicaragua espacios que Colombia reclamaba.

La soberanía sobre las formaciones insulares y la delimitación de las aguas son cuestiones jurídicamente distintas. Durante su visita, el mandatario defendió la posición colombiana y anunció iniciativas relacionadas con los límites marítimos.

También dijo que cada isla conservará un mar territorial de 12 millas náuticas y su respectiva zona contigua y anunció medidas para combatir la piratería, la pesca ilegal, el contrabando y el tráfico de estupefacientes con mayor intervención de la Armada Nacional.

Entre las acciones previstas figura la expedición de un decreto el próximo 30 de noviembre, fecha en la que se conmemora el aniversario de San Andrés. La disposición establecerá las líneas de base del archipiélago en las cartas náuticas oficiales colombianas, con coordenadas precisas y con base en la ley.

De la Espriella propuso convertir a San Andrés en un centro logístico regional, capaz de atraer operaciones marítimas y nuevas inversiones. Para ello, plantea agilizar el Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales con procedimientos electrónicos que faciliten la inscripción de embarcaciones bajo bandera nacional, sin renunciar a los controles correspondientes.

La estrategia también busca dinamizar el turismo náutico, fortalecer la marina mercante, ampliar la infraestructura portuaria y generar oportunidades de trabajo. De igual forma, contempla mejorar las condiciones de los pescadores artesanales, facilitar la comercialización de sus productos y garantizar prioridad a los raizales en los bancos de pesca históricos.

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A la par de esos anuncios, hay que decir que la reconstrucción de Providencia tras el impacto del huracán Iota (que destruyó el 98% de su infraestructura) sigue bajo la lupa del Estado por metas inconclusas y fallas de calidad. Aunque se han logrado avances institucionales significativos —como la entrega de un nuevo hospital tras 21 meses de ejecución—, persisten fallas críticas de habitabilidad y salud pública.

La Defensoría del Pueblo y la corporación Coralina alertaron que al menos el 25% de las viviendas inspeccionadas presentan deficiencias graves en sus pozos sépticos, provocando vertimientos de aguas residuales.

Para mitigar estas deudas históricas de infraestructura y hábitat, el Gobierno asignó $15.082 millones dirigidos exclusivamente a edificar las primeras 30 viviendas definitivas para la comunidad raizal y auditar 103 mejoramientos habitacionales que siguen pendientes.

El nuevo frente del presidente está en el archipiélago. Allí, el resultado de esta ofensiva no se medirá únicamente por la fuerza del careo con la gobernadora y la congresista, sino por la capacidad del Estado para esclarecer las denuncias, vigilar los recursos y responder a las necesidades de la población. La confrontación ya está en escena; lo que falta por determinar es qué resultados concretos dejará.