¿Negocio con el lote de la FLA ayudaría a financiar el nuevo ferrocarril de Antioquia?

Publicado hace 1 hora Actualizado 07 de noviembre de 2026

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Revivir el ferrocarril ha sido durante más de 30 años un anhelo de los gobernantes y una necesidad para los habitantes de Antioquia. Hoy, tras innumerables estudios y propuestas, el proyecto está a un solo paso y a un documento de convertirse en realidad.

La aprobación de vigencias futuras excepcionales por parte de la Asamblea Departamental marcó el primer hito del proyecto ferroviario y el punto de partida para lograr el cierre financiero. Se hizo por $1,7 billones –pesos constantes de 2028–, lo que equivale a $2,6 billones corrientes.

Ese valor, incluso, ya garantiza un primer tramo: Bello-Hatillo-Barbosa, que se prevé para transporte de pasajeros, con integración al metro de Medellín y el beneficio para más de un millón de habitantes del norte del Valle de Aburrá.

Serán 29,8 kilómetros que incluyen seis estaciones en los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. La estación Hatillo se plantea como nodo de integración intermodal y permitirá el desarrollo territorial, con potencial para dinamizar la economía local, promover proyectos urbanos y generar empleo.

Ahora bien, lo aprobado por la Asamblea incluye la intervención a mediano y largo plazo de 190,5 km, 19 estaciones y tres infraestructuras logísticas especiales para la carga en Primavera, Barbosa y Puerto Berrío, concebido como un eje estructurante de conexión regional y nacional.

El reto es ambicioso y el gobernador Andrés Julián Rendón tocó las puertas del Gobierno Nacional buscando terminar de financiar el proyecto. Incluso, en el pasado encuentro de construcción regional del Plan de Desarrollo, en Medellín, le insistió a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, sobre la necesidad e importancia de la obra.

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“Queremos llegar hasta Puerto Berrío (Magdalena Medio antioqueño), que fungió como un puerto muy importante, entre otras cosas, para conectarse con el Caribe colombiano, allá en su tierra, en Barranquilla. Esos son 150 kilómetros adicionales, estamos pensando en adelantar la reconstrucción de ese faltante férreo apelando a una sustitución de activos, previas autorizaciones de la Asamblea Departamental”, le dijo Rendón.

El mandatario le anunció a Noguera que quería enajenar el lote de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) a la misma licorera. “Que ellos nos lo compren, y utilizar esos recursos, más regalías, donde usted tendría la última palabra, autorizando vigencias futuras, más otros recursos propios, para dejar el proyecto contratado como obra pública”.

Precisamente, la enajenación de este terreno, una idea que ha rondado por los pasillos de la Gobernación desde hace varios años, es una de las fuentes que buscaría Rendón para completar los recursos que hagan viable el proyecto.

Y, aunque dentro de la administración saben que es una iniciativa polémica, y se refieren a ella en voz baja, funcionarios cercanos al gobernador aseguraron que no se trata de trasladar la empresa para promover algún tipo de desarrollo inmobiliario en el predio.

El negocio consiste en que la misma FLA compre el lote, de 138.799 metros cuadrados —61.798 construidos—, que está ubicado en el sector La Aguacatala, jurisdicción de Itagüí. Lo vendería la Gobernación de Antioquia, que es su actual propietaria.

El valor del metro cuadrado en este predio se estima entre $11 millones y $12 millones, de acuerdo con estimaciones recientes compartidas. En años anteriores –como en 2017–, el valor global del lote se calculaba de forma base en más de $143.000 millones, cifra que ha escalado por el repunte inmobiliario de la zona.

La gerente del Ferrocarril de Antioquia, Marcela Holguín, reconoció que la venta del lote es una de las posibilidades para financiarse pero que estudian otras alternativas para cubrir los costos de las obras y definir cómo se construirá y operará el corredor férreo.

Holguín aseguró que entre las opciones que analizan, además de la enajenación, están las vigencias futuras comprometidas por el Departamento, recursos del Sistema General de Regalías y una eventual cofinanciación del Gobierno Nacional. La Administración Departamental también ha mencionado las utilidades como una fuente que debe evaluarse.

“Estamos estructurando una posible concesión integral para el tramo de Barbosa y la rehabilitación por obra pública para el de Barbosa-Puerto Berrío. Este último se lo presentó el gobernador a la ministra para que hubiera una posible cofinanciación con el Gobierno Nacional”, dijo.

El diputado Luis Peláez (Dignidad y Compromiso, en oposición), rechazo esa posibilidad con el argumento de que endeudaría y debilitaría las finanzas de la fábrica y del Departamento para ejecutar esta obra.

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Enfatizó que la FLA debe permanecer en el lugar actual hasta contar con un terreno equivalente o mejor. Explicó que en la transformación de la empresa se definió que la Gobernación se haría cargo del lote donde está ubicada y que esta le paga un arriendo a la administración.

“Se hizo así para evitar que muchas de las utilidades o ganancias se fueran a pagar impuestos y no va a tener inversión. Ahora lo que plantea el gobernador es vender el lote, que maneja la Gobernación, a la FLA. Esto generaría endeudarse por la magnitud del precio de ese lote”, explicó Peláez.

Los dos caminos para encontrar el mecanismo definitivo de viabilidad y operación del ferrocarril son la concesión integral y el modelo de obra pública.

Con el primero, el concesionario asumiría la construcción, operación y mantenimiento del corredor, mientras bajo el modelo de obra pública el Estado realizaría la rehabilitación y, una vez terminada, se abriría la posibilidad de concesionar la operación y el mantenimiento o cobrar por el uso de la vía.

La Gobernación considera que ambas alternativas son probables. La concesión permitiría avanzar con los recursos ya comprometidos para el tramo inicial, mientras que la obra pública podría ser una opción si se concreta financiación adicional para ampliar las intervenciones.

El tiempo corre y Rendón quiere dejar la obra en cierre financiero y en marcha antes de que termine su periodo. La meta, según Holguín, es tener una decisión antes de finalizar 2026 y definir las fuentes de financiación en enero. Así, las obras entre Bello y Barbosa iniciarían en poco más de un año.

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