Estados Unidos llama a no invertir en Nicaragua ante riesgo de expropriación

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, denunció las confiscaciones de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses ejecutadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, y advirtió sobre los riesgos de invertir en el país.

“Las confiscaciones ilegales de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses por parte de la dictadura de Murillo-Ortega son inaceptables y demuestran por qué el Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses actuar con extrema precaución antes de invertir en Nicaragua“, escribió Segura el 22 de octubre en sus perfiles oficiales.

El mensaje fue transmitido también a través del perfil oficial de la Embajada estadounidense en Managua.

El funcionario señaló que las autoridades nicaragüenses son conocidas por confiscar propiedades y activos financieros “sin previo aviso ni justificación legal”. Asimismo, instó a los ciudadanos estadounidenses a revisar los riesgos antes de que se conviertan en una realidad para ellos y a reconsiderar sus viajes a Nicaragua.

Robo a jubilados en la mira

En su mensaje, Segura citó un reporteo de Telemundo 51 que documenta las denuncias de ciudadanos estadounidenses afectados por las confiscaciones de sus bienes en el país. En particular, cubre el robo de nueve propiedades en Tola, Rivas, pertenecientes a jubilados estadounidenses.

El reportaje de Telemundo 51 recogió sus testimonios. Ocho de los nueve jubilados afectados recuperaron las llaves de sus viviendas en playa Gavilán, pero aseguraron que todavía no cuentan con garantías escritas que confirmen que sus propiedades les pertenecen.

Las nueve viviendas fueron confiscadas a finales de agosto de 2026 y posteriormente transferidas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Las propiedades, utilizadas por sus dueños para vacacionar, fueron ocupadas junto con los muebles y otros bienes que se encontraban en su interior y la dictadura llegó a ofrecer rentárselas a sus propios dueños por un monto de unos 2 mil dólares.

Cuatro días después de que el medio digital Confidencial revelara el caso, las autoridades comenzaron a devolver las viviendas. Sin embargo, el proceso entero tuvo lugar de forma irregular, sin explicaciones ni declaraciones oficiales ni movimientos públicos registrados. Medios independientes reportaron que al menos un propietario no había recuperado su vivienda.

Uno de los inversionistas entrevistados por Telemundo 51 afirmó que el régimen también le confiscó otros bienes, entre ellos un hotel, una plaza comercial, ganado, vehículos y maquinaria. Según su testimonio, sus inversiones y propiedades perdidas sumaban cerca de 50 millones de dólares.

La advertencia de viaje del Departamento de Estado estadounidense sobre Nicaragua señala que las autoridades nicaragüenses pueden incautar terrenos, viviendas, dinero en efectivo y activos financieros sin previo aviso ni justificación legal.

El Departamento recomienda en consecuencia a los ciudadanos estadounidenses actuar con extrema precaución al invertir o comprar propiedades en Nicaragua. También advierte que la aplicación de los derechos de propiedad es poco fiable y que la dictadura ha confiscado bienes privados sin compensación ni debido proceso.

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo es identificada como directamente responsable por este ambiente tanto por la oposición como por Estados Unidos y organismos internacionales.

El robo: una tradición sandinista

A lo largo de su historia, el Frente Sandinista ha recurrido al robo, al hurto y al asalto como praxis política. Durante su etapa guerrillera (1961-1979), el Frente ejecutaba lo que su dirigencia llamaba “recuperaciones económicas”, asaltos a bancos para financiar sus operaciones y ataques terroristas.

En sus campamentos clandestinos en Costa Rica, la guerrilla también recurría al robo de ganado y a la extorsión, que el liderazgo caracterizaba como “impuestos de guerra“.

Luego, tras el golpe de Estado de 1979, la Primera Dictadura Sandinista (1979-1990) expropió sin compensación a miles de nicaragüenses y también a extranjeros, estuviesen o no ligados al anterior régimen de Anastasio Somoza Debayle.

Esto abrió una herida en la sociedad nicaragüense que trató de enmendarse a través de la compensación o recuperación durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), a inmenso costo para el erario público. Arges Sequeira, líder de la asociación de confiscados, fue asesinado por su exigencia de justicia por las propiedades robadas.

Se estima que fueron confiscadas unas 28 mil propiedades y buena parte acabó en manos o bien del partido o bien de sus cuadros a través de la llamada Piñata Sandinista, el reparto corrupto de propiedades en los últimos días de aquel régimen.