Esta es la condición de Donald Trump para revertir la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Colombia perdió la certificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas y el narcotráfico, aunque con algunas excepciones como la continuidad de los recursos destinados a la fuerza pública colombiana para combatir a grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.

Esto ocurre por primera vez en 30 años de cooperación y evidencia la fragmentación en las relaciones bilaterales. Desde la Casa Blanca sostienen que en Colombia, “el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo el mandato del presidente Gustavo Petro”, por lo que consideran necesario tomar medidas “más agresivas” para la erradicación de la coca.

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Sin embargo, Estados Unidos destacó el arduo trabajo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra los “narcoterroristas” en territorio colombiano.

“Bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos. Estados Unidos agradece a las fuerzas del orden y de seguridad colombianas que enfrentan a los narcoterroristas y reconocemos su valentía, capacidades y sacrificios”, se le un post de X.

La administración de Trump responsabiliza al presidente Petro de esta descertificación, aunque para revertir la decisión, el Gobierno de Colombia deberá tomar “medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una mejor cooperación con Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas”.

La certificación por parte de Estados Unidos a sus aliados antidroga se remonta a 1986 en el marco de un convenio de Naciones Unidas. Actualmente, son 23 países los que forman parte de esa “Determinación Presidencial”, según la terminología de la Casa Blanca. La descertificación- que incluye a otros países como Bolivia, Venezuela, China o México- representaría interrumpir total o parcialmente la entrega de ayuda valorada en unos 380 millones de dólares anuales.

Con información de AFP*

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