Bahamas paga más de 10 millones de dólares anuales al régimen por «cooperación sanitaria»

Bahamas paga más de 10 millones de dólares anuales al régimen por «cooperación sanitaria»

  • Cuba
  • abril 23, 2025
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MIAMI, Estados Unidos. – Un informe publicado este mes por la ONG Archivo Cuba revela que el Gobierno de Bahamas destina aproximadamente 11 millones de dólares anuales al régimen cubano por concepto de “cooperación sanitaria”, en el marco de un acuerdo con la estatal Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), el cual ha sido calificado como “un esquema de trabajo forzoso encubierto”.

Según los documentos analizados por Archivo Cuba (obtenidos por vías extraoficiales), el acuerdo bilateral firmado en 2023 entre el Ministerio de Salud de Bahamas y la CSMC contempla la contratación de decenas de profesionales cubanos en áreas de salud, educación y tecnología médica, incluyendo técnicos de rayos X, fisioterapeutas e ingenieros biomédicos. Sin embargo, el contrato prohíbe que los trabajadores puedan ser contratados de forma independiente y otorga a la empresa cubana el control disciplinario total sobre ellos.

El esquema de pagos establece que por cada “asesor especialista médico” Bahamas paga 12.000 dólares mensuales, de los cuales solo 1.200 son entregados directamente al trabajador. El resto es retenido por la CSMC. Para otras categorías, como ingenieros en computación o técnicos de salud, el salario pactado es de 5.000 dólares mensuales, con apenas 990 asignados como estipendio al trabajador. Así, el Estado cubano recibe entre el 83,9% y el 91,6% del pago por cada trabajador, según el desglose oficial del acuerdo.

Los colaboradores también reciben vivienda, transporte, atención médica y cursos de inglés, pero las condiciones generales son precarias. “Siendo Bahamas la cuarta localidad más cara del mundo, a los trabajadores cubanos apenas les queda algo para ahorrar con el bajo estipendio que reciben”, apunta el informe.

Además, los contratos especifican que los trabajadores no deben divulgar información durante dos años después de terminado el acuerdo y son obligados a participar en actividades políticas organizadas por el régimen, como manifestaciones mensuales contra el embargo estadounidense en Nassau. “Los colaboradores cubanos en Nassau están obligados a participar en demostraciones públicas contra el embargo de Estados Unidos”, denuncia el documento.

Otra preocupación destacada es la posible ilegalidad del acuerdo, dado que muchos trabajadores cubanos operarían sin los permisos laborales requeridos por la legislación bahamesa. Según las normativas locales, toda contratación de extranjeros debe ser precedida por la publicación de vacantes y la confirmación de la no existencia de candidatos locales. “Emplear a una persona sin permiso de trabajo supone una multa de hasta $10.000 y prisión hasta cinco años, o ambas”, advierte el texto.

A esto se suma que, según el informe, algunos trabajadores cubanos son empleados en clínicas para seleccionar pacientes bahameses que luego son enviados a Cuba como parte del turismo médico. Archivo Cuba cuestiona la ética de este modelo, al advertir que podrían recomendarse tratamientos innecesarios con fines lucrativos.

Pese a estas irregularidades, en diciembre de 2024 el ministro de Salud de Bahamas, Dr. Michael Darville, reafirmó su compromiso con el programa cubano de cooperación sanitaria, calificando el intercambio como “progresivo y positivo”.

El informe también recuerda el silencio del Gobierno bahamés sobre la sistemática violación de derechos humanos por parte del régimen cubano. Un caso emblemático citado es la deportación en 2024 del joven Marco Antonio Alfonso Breto, quien había solicitado asilo político tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Fue entregado por las autoridades bahamesas y encarcelado al llegar a la Isla.

Finalmente, el documento lamenta que el régimen de La Habana siga recibiendo subvenciones extranjeras millonarias mientras continúa exportando un modelo denunciado por múltiples organizaciones como trabajo forzoso institucionalizado. “Los acuerdos con Cuba carecen de transparencia y rendición de cuentas”, concluye el informe de Archivo Cuba.

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