Venezuela: Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para presos políticos

Venezuela: Delcy Rodríguez anuncia una amnistía general para presos políticos

  • Cuba
  • enero 30, 2026
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«Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela», dijo Rodríguez.

MIAMI, Estados Unidos. – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una “ley de amnistía general” para los presos políticos en el país y ordenó que la iniciativa sea remitida a la Asamblea Nacional de Venezuela, con el objetivo de “favorecer la convivencia” nacional, de acuerdo con su declaración en un acto celebrado en el Tribunal Superior de Justicia.

“Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, dijo Rodríguez. “Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, añadió, tras afirmar que se trataba de una decisión conversada con Nicolás Maduro.

El anuncio apunta a cerrar judicialmente los expedientes de quienes ya han salido de prisión durante el proceso de excarcelaciones abierto en enero, y a ampliar el alcance a los centenares de detenidos que todavía permanecen encarcelados por motivos políticos, según la reconstrucción publicada por El País

El diario señala que la nueva amnistía sería más amplia que las liberaciones tramitadas hasta ahora, debido a que muchos excarcelados han quedado bajo medidas cautelares que limitan su vida cotidiana, entre ellas la prohibición de salir del país, hacer declaraciones o acceder a determinados empleos.

La propuesta llega en medio de cifras contradictorias sobre el número de liberaciones: el oficialismo ha sostenido que superan las 600, mientras organizaciones defensoras han verificado poco más de 300 en el último mes, con variaciones según el corte y la fuente. La ONG Foro Penal informó esta semana que ha confirmado la excarcelación de 302 presos políticos desde el 8 de enero.

Ese proceso comenzó tras el operativo estadounidense que culminó con la captura de Maduro el 3 de enero.

Más allá del anuncio de amnistía, persiste el reclamo sobre libertades plenas. ONG consultadas por EFE han advertido que varias excarcelaciones se han materializado con restricciones que incluyen prohibiciones de salida del país, limitaciones para declarar a la prensa y obligaciones periódicas de presentación ante tribunales. De acuerdo con El País, ese esquema deja a los liberados expuestos a nuevas presiones y a un margen amplio de discrecionalidad policial.

La amnistía anunciada por Rodríguez se inserta, además, en una discusión reactivada por familiares de detenidos y actores de la sociedad civil, que han exigido pasar de liberaciones parciales a un marco legal que borre causas y restituya derechos. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, había anunciado días antes la liberación de “un número significativo” de detenidos, aunque sectores de oposición y organizaciones civiles consideraron insuficiente el movimiento mientras siguieran cárceles con personas detenidas injustamente.

En paralelo, un texto de “Propuesta de Ley de Amnistía” impulsado por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad plantea un diseño más detallado para una amnistía de alcance general. El documento fija como punto de partida el 1 de febrero de 2014 y propone que la amnistía beneficie a personas investigadas, procesadas o condenadas por causas políticas que estén privadas de libertad, bajo medidas restrictivas o en el exilio, con inclusión explícita de activistas sociales, periodistas, comités de víctimas, militares perseguidos y dirigentes políticos. 

El texto define como objeto “establecer el marco jurídico para otorgar amnistía” y, en su ámbito de aplicación, establece que “se concede amnistía general y plena” desde esa fecha hasta la publicación de la ley en Gaceta Oficial.

La propuesta también incorpora exclusiones: el documento sostiene que el proceso debe desarrollarse “excluyendo expresamente” a quienes estén investigados, procesados o condenados por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y contempla mecanismos de verificación y seguimiento. 

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