Una ley para ampliar la vigilancia policial: el nuevo afán legislativo del régimen cubano

El régimen cubano busca refrendar con una nueva ley la ampliación del control y la vigilancia sobre los ciudadanos, toda vez que la Asamblea Nacional del Poder Popular publicó este viernes el proyecto de ley «Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio», para una supuesta consulta popular antes de su aprobación, prevista para la sesión ordinaria del parlamento del próximo 29 de julio.

La ley, presentada por La Habana como una disposición jurídica para «establecer y regular el Sistema de Identidad Personal y Domicilio, garantizar el reconocimiento y protección de la identidad de los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes», amplía la recopilación masiva de datos biométricos por parte del Ministerio del Interior (MININT), lo que le da carta blanca para vigilar con mayor vehemencia.

Así, el registro de identidad ya no se limitará a la foto y las huellas dactilares, ahora el MININT también recopilará y almacenará patrones de voz, el iris de los ojos, rasgos faciales avanzados y otros datos biométricos.

Al propio tiempo, la ley dispone la creación de la Identidad Digital Certificada, que será indispensable para realizar trámites en línea, lo que significa que el rastro en internet de los ciudadanos estará vinculado directamente a su expediente estatal.

Igualmente, la ley impone un registro de domicilio estricto, toda vez que decreta que los ciudadanos (y extranjeros residentes) solo podrán tener un único domicilio legal inscrito. En tal sentido, el régimen redefine el domicilio como el centro de las relaciones jurídicas del individuo, haciendo obligatoria su actualización inmediata ante cualquier mudanza.

Así, si una persona se muda o alquila una vivienda, tanto el inquilino como el arrendador quedan atados a un control estricto. Los dueños de casas alquiladas están obligados por ley a informar inmediatamente al registro cuándo entra y cuándo sale un inquilino. Si no lo hacen, o si el ciudadano no actualiza su nueva dirección, se exponen a multas y sanciones administrativas.

La ley, además, blinda al MININT como única autoridad competente en materia de identidad. Toda la infraestructura, fiscalización, aprobación de identidades digitales y custodia de la base de datos corren a cargo de la «Autoridad de Identidad Personal y Domicilio», un órgano directamente dependiente del aparato de seguridad y represión del castrismo.

Bajo el argumento de la «modernización y la digitalización», el régimen cubano da un paso más en algo que lleva años ensayando: blindar el control policial sobre la ubicación física de las personas y expandir la vigilancia biológica hacia las nuevas tecnologías del siglo XXI.

Al registrar la voz y los rasgos faciales, el régimen dota a su aparato de inteligencia de las herramientas necesarias para optimizar la vigilancia automatizada (por ejemplo, reconocimiento de voz en llamadas telefónicas o grabaciones y reconocimiento facial en cámaras de seguridad públicas durante protestas).

Además, con esta nueva ley, el MININT amplía su facultad, sumamente amplia y discrecional, para confiscar físicamente el carné de identidad. Podrá ocuparlo bajo justificaciones laxas, como que el ciudadano sea «conducido a una unidad policial» o que existan «dudas sobre su autenticidad», despojando al individuo de su identificación legal en momentos de vulnerabilidad (como detenciones arbitrarias).

Desde hace años, el régimen cubano viene preparándose para dar este paso, tanto desde el punto de vista jurídico como del entrenamiento de los agentes y de la infraestructura, con el concurso de dos aliados con amplia experiencia en estos temas: Rusia y China.

Prácticas típicas del «Gran Cortafuegos» de China, como el filtrado de palabras clave en la mensajería personal, o el endurecimiento de la legislación a partir de 2019, con la aprobación del Decreto-Ley 370 sobre «la informatización de la sociedad», que penaliza el uso de Internet fuera del marco estatal, y el Decreto-Ley 35, «De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico», que legaliza los apagones de internet, crearon el escenario propicio para dar el paso que representa la nueva ley «Del Sistema de Identidad Personal y Domicilio».