Traición en las filas del Ejército: tres militares habrían filtrado información clasificada al Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres militares señalados de recibir dinero de una subestructura del Clan del Golfo a cambio de revelar información reservada sobre operaciones y movimientos de tropas del Ejército Nacional.

De acuerdo con la investigación, los tres uniformados, identificados como el teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, estuvieron vinculados al Batallón Rifles de Caucasia, Antioquia, y al Batallón de Infantería de Selva N.° 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, con presencia en el sur de Bolívar.

La Fiscalía sostiene que habrían aprovechado las funciones que desempeñaban para acceder a información privilegiada sobre despliegues y acciones militares contra el grupo armado.

La investigación señala que la red operó entre enero de 2022 y febrero de 2025, con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias ‘La Tía’, quien ya fue condenada por estos hechos. Según los elementos presentados por la Fiscalía, su función estaba relacionada con la coordinación de los pagos a los funcionarios militares.

Uno de los casos dentro de la investigación de la red corresponde a Jaime Alejandro Sicacha López, quien para 2022 se desempeñaba como suboficial de operaciones del Batallón Rifles.

Por las funciones de su cargo tenía acceso a documentos relacionados con situaciones de tropas en operaciones, órdenes de operaciones e informes de patrullaje.

La Fiscalía sostiene que habría extraído esta información y la habría entregado a Mauricio Capiz, exmilitar señalado como enlace con la estructura criminal, a cambio de una promesa remuneratoria.

En el caso del entonces subteniente Andrés Felipe Bravo Olaya, la investigación indica que estaba al frente de una compañía con presencia en zona rural de Ayapel, Córdoba, y que habría entregado información relacionada con ubicación, patrullajes y actividades operacionales. La Fiscalía sostiene que por estos datos habría recibido pagos de un millón de pesos el 2 de enero de 2022, transferidos por un militar retirado.

Por su parte, José Edier Henao Luna habría tenido acceso a información sobre la ubicación de tropas, intenciones operacionales e informes de patrullaje debido a su labor como comandante de escuadra en la Serranía de San Lucas, en límites entre el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.

Según la Fiscalía, estos datos también habrían sido trasladados a Mauricio Capiz, luego de que este llamara a Henao Luna el 14 de abril de 2022, recibiendo dinero a cambio de esto.

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Los tres militares fueron capturados por el CTI y la Policía Nacional en Cali, La Guajira y Casanare. Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, según su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.

Sicacha López aceptó los cargos y deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. Entre tanto, Bravo Olaya y Henao Luna recibieron medida de aseguramiento intramural, es decir que permanecerán privados de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

La investigación sobre esta red ya había dejado capturas en 2025. Entre los señalados estuvo Mauricio Capiz, un militar retirado que posteriormente se dedicó a la música popular. Según los antecedentes recopilados en el archivo, habría cumplido un papel de intermediario entre la estructura criminal y uniformados que tenían acceso a información militar.

Antes de su captura, logró publicar una canción llamada La mentira más grande. Su música llegó a sonar en diferentes emisoras. Es conocido por el alias de ‘El cantante’. Además, medios de comunicación regional señalan que es propietario de distintos establecimientos comerciales en Caucasia.

Su zona de injerencia, según las autoridades, estaba compuesta por los municipios de Caucasia y Valdivia, el corregimiento de Puerto Valdivia y la ciudad Medellín.

Capiz fue capturado cuando se movilizaba en un vehículo de alta gama en compañía de dos hombres, uno de ellos era un militar activo.

El Clan del Golfo fue uno de los grupos que el anterior gobierno de Gustavo Petro intentó incluir dentro de la política de Paz Total, que buscaba desmantelar el conflicto armado interno del país por medio de diálogos con grupos armados ilegales.

Aunque el Clan del Golfo manifestó intención de acogerse dentro de esta política, incumplió los ceses al fuego pactados en varias ocasiones y se aprovechó de estos para expandirse. Mientras en 2020 se creía que había cerca de 4.000 personas vinculadas a esta organización en el país, esta cifra pasó a 10.000.

En Antioquia, mientras en 2020 se reportaba su presencia en 60 municipios, para este 2026 esa cifra pasó a 80.

Uno de sus principales motores ha sido la minería ilegal en el Bajo Cauca. En abril de este año, la mina ilegal La Mandinga se volvió famosa después de que el fotorreportero Federico Ríos publicara un reportaje en el New York Times sobre esta mina de cerca de 2.000 hectáreas que llegó a operar dentro de los predios del Batallón Rifles N.° 31.

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