Sandra Ortiz, la única mujer encarcelada por el caso UNGRD, denuncia sesgo y falta de garantías en el proceso

En el caso de corrupción que estalló hace más de un año en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), solo una mujer, hasta ahora, está pagando con cárcel. Se trata de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, hoy recluida y convertida, según su defensa, en el “eslabón más débil” de un proceso en el que la Fiscalía no ha logrado llegar a un acuerdo con ella.

Su equipo jurídico sostiene que Ortiz está enfrentando la investigación sin garantías reales y bajo una presión desproporcionada por parte del ente acusador. La exfuncionaria, se declaró inocente de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos imputados por la Fiscalía.

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Los reclamos de la defensa quedaron consignados en una carta enviada directamente a la Fiscalía, en la que los abogados de Ortiz denuncian que ni siquiera están siendo notificados oportunamente sobre las citaciones, incluidas las audiencias para discutir la ampliación de la medida de aseguramiento que mantiene a la exfuncionaria en prisión.

El abogado de Ortiz denunció que ella fue llevada a un escenario de acercamiento judicial donde entregó una matriz de colaboración, construida junto con investigadores y fiscales, utilizando información extraída de su propio celular. Sin embargo, afirma la defensa, una vez la Fiscalía obtuvo los datos sensibles que buscaba, no hubo ningún acuerdo.

“Cuando obtuvieron la información salieron a los medios a calificar su comportamiento de ‘deleznable’”, asegura la defensa, que denuncia además que la entidad se niega a devolver la información privada aportada por Ortiz, pese a los requerimientos formales.

Además, subrayan que a esos exfuncionarios se les ha permitido participar en diligencias de manera virtual, mientras a Ortiz se le exige presencia física y se le mantiene recluida.

“En esta actuación, la Fiscalía trata a los máximos funcionarios del Gobierno como ciudadanos de primera, y a la doctora Ortiz, que sería el último eslabón de la supuesta red criminal, como una ciudadana de segunda”, argumenta la defensa en una carta enviada a la propia Fiscalía revelada por Revista Semana.

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Ortiz permanece privada de la libertad mientras avanza un proceso que ha estado marcado por rupturas entre acusados, contradicciones en los relatos y choques públicos entre quienes buscan beneficios judiciales. La exfuncionaria, por su parte, no ha logrado un acuerdo ni ha cedido a las presiones que denuncia su defensa.

Las audiencias preparatorias para el juicio de la exconsejera presidencial están programadas para febrero del próximo año.