Rodrigo Lara rechazó crítica de la Defensoría: “No se puede equiparar al Estado con bandas narcoterroristas”

Rodrigo Lara, ministro del Interior, respondió a los cuestionamientos de la defensora del Pueblo, Iris Marín, por la forma en que fueron exhibidos los cuerpos de integrantes de grupos armados abatidos durante operativos militares en Guaviare. El funcionario rechazó que las actuaciones del Estado puedan equipararse con las de las organizaciones narcoterroristas.

La controversia se originó por un video que se viralizó en redes sociales, en el que el presidente Abelardo de la Espriella, para mostrar el alcance del operativo, entre otras cosas, caminó en medio de cuerpos cubiertos con bolsas blancas en el piso. Marín cuestionó la manera en que fueron presentados los cadáveres.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, Lara aseguró que la Defensoría es una institución que el Gobierno “respeta y valora”, pero consideró equivocadas las críticas formuladas por Marín, quien había advertido que el Estado no puede actuar bajo lógicas de crueldad frente a los actores armados ilegales.

“Lamentamos, sin embargo, lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde”, afirmó el ministro del Interior.

La controversia surgió después de que la defensora del Pueblo cuestionara la exposición pública de los cuerpos de personas fallecidas en la Operación Azarías, una ofensiva militar desarrollada en Guaviare contra disidencias.

En un mensaje divulgado por la entidad, Marín sostuvo que “el Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel” y recordó que incluso en la confrontación con organizaciones armadas deben respetarse los principios constitucionales, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Allí fue cuando se produjo la respuesta de Lara. Todo, en medio del endurecimiento de la política de seguridad impulsada por la administración De la Espriella, que en sus primeras semanas ha retomado un discurso centrado en la lucha contra el terrorismo y ha intensificado las operaciones militares contra grupos armados ilegales.

En su mensaje, el ministro defendió el papel de la Fuerza Pública y sostuvo que el Estado tiene la obligación constitucional de enfrentar a las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

“Queremos contar con la Defensoría para combatir a quienes matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población. Necesitamos su voz con toda su fuerza”, expresó.

El funcionario también aprovechó para lanzar una nueva crítica a la política de Paz Total del gobierno anterior, una de las banderas discursivas que la actual administración ha convertido en blanco recurrente de cuestionamientos.

“Colombia está poniendo fin al cinismo de la ‘Paz Total’, la política que entregó poblaciones enteras, inermes, a la tiranía del terror de los peores criminales del país”, aseguró Lara.

Por su parte, Marín respondió al pronunciamiento de Lara. Aseguró que es necesario que el Gobierno revise la manera en que ha comunicado los resultados de las operaciones militares e hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones.

“Gracias por su mensaje, señor Ministro. Confiamos en que el Presidente y el Gobierno puedan reflexionar sobre la forma en que comunican los resultados operacionales, como solicité en mi pronunciamiento”, señaló la defensora.

La funcionaria planteó además que, más allá de la discusión pública, el Gobierno y la Defensoría deben avanzar en el seguimiento de las alertas tempranas emitidas por esa entidad en las zonas más afectadas por la violencia.

“Mientras tanto, avancemos de inmediato en el seguimiento de las alertas tempranas en las zonas priorizadas, como acordamos recientemente”, agregó.

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Marín sostuvo que la coordinación entre las entidades resulta especialmente necesaria ante el actual panorama.

“La alianza y la colaboración institucional son fundamentales para abordar con seriedad el crítico diagnóstico que hemos advertido en materia de uso de drones, reclutamiento, expansión territorial de los grupos que participan en el conflicto armado y la criminalidad organizada, confinamiento, desplazamiento forzado y, en general, los crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, afirmó.

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