Revelamos la persecución a exiliados nicaragüenses en Honduras

Eduardo Pineda siempre mira hacia atrás y a los lados. Observa los rostros de quienes se cruzan en su camino, atento a cualquier señal que pueda parecer sospechosa. Lo sigue haciendo incluso ahora, en Estados Unidos, donde reside después de haber huido de Honduras, Guatemala, Costa Rica y México, países en los que asegura haber sido perseguido por estructuras vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Pineda, excombatiente de la Resistencia Nicaragüense (RN), un grupo armado que, con financiamiento y entrenamiento de Estados Unidos, desafió a la primera dictadura sandinista (1979-1990), acusa a integrantes del Ejército y de la Policía de Nicaragua de mantener redes de espionaje en el extranjero e incluso de recurrir al sicariato.

“Hay sicarios pagados directamente por los sandinistas. Entre quienes participan hay también policías y personal de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM)”, asegura Pineda en entrevista con Nicaragua Actual.

Sus denuncias se producen en un contexto de asesinatos, amenazas y hostigamiento contra nicaragüenses exiliados en Centroamérica. Honduras y Costa Rica figuran entre los países donde organizaciones de derechos humanos han documentado situaciones compatibles con la represión transnacional del régimen contra opositores, periodistas, feministas, campesinos, defensores de derechos humanos y activistas exiliados.

Blanco: los miembros de la Resistencia 

En Costa Rica, una investigación anterior de Nicaragua Actual documentó doce casos de crímenes contra nicaragüenses exiliados en ese país, incluidos seis asesinatos. Únicamente dos casos mostraban avances en el sistema judicial costarricense.

Entre los crímenes registrados figuran el asesinato del excombatiente de la RN Jaime Luis Ortega, en octubre de 2024, y los atentados contra el también excombatiente Reinaldo Picado, en junio y septiembre de 2026.

El asesinato del mayor en retiro, opositor y refugiado Roberto Samcam, en 2025, también provocó una condena y una exigencia de rendición de cuentas por parte del Poder Legislativo costarricense.

Durante la administración de Rodrigo Chaves (2022-2026), se negó la existencia de células de la dictadura sandinista operando en Costa Rica, pese a los señalamientos y la documentación divulgada por organismos de derechos humanos.

10 crímenes contra nicas en Honduras con rastro de represión

Honduras es otro escenario de preocupación. En esta investigación, Nicaragua Actual  identifica diez episodios de ataques contra exiliados y opositores nicaragüenses entre 2012 y 2026, con un saldo de diez personas asesinadas y una sobreviviente de un atentado. La mayoría de las víctimas eran excombatientes de la Resistencia Nicaragüense (RN).

La persona que sobrevivió al atentado es Marvin Gámez Alaniz, excombatiente de la RN y opositor nicaragüense. Fue atacado por hombres encapuchados en Trojes, donde recibió siete disparos. Los agresores también dispararon dos veces contra su compañera.

Posteriormente, en declaraciones al medio hondureño HCH, Gámez denunció una persecución que, según relató, se había prolongado durante años.

“Habemos muchos comandos de la Resistencia en Trojes. Han matado como a siete amigos míos, y yo era el octavo ya. Dios me está dando una oportunidad de vida con siete tiros en mi cuerpo”, dijo Gámez.

El excombatiente nicaragüense Marvin Gámez, víctima de un atentado en Honduras, yace en un hospital tras el ataque. Danlí, El Paraíso, Honduras. 27 de junio de 2026. Foto: HCH, Cortesía

Los casos en Honduras

De los diez casos identificados por este medio, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, ha verificado seis casos de represión transnacional: cinco asesinatos y un atentado en Honduras. Esta es la cronología de los ataques: 

Santos Guadalupe Joya Borge, alias Pablo Negro, era un excombatiente de la Resistencia Nicaragüense y fue encontrado muerto en el departamento de El Paraíso, en una localidad situada a menos de 30 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Su asesinato habría ocurrido entre el 6 y el 12 de enero de 2012.

Alberto Midence, alias El Flaco, también excombatiente de la RN fue asesinado igual en El Paraíso, el 22 de diciembre de 2013.

Byron López Zeledón, alias Sheriff. Otro excombatiente de la RN fue asesinado el 5 de febrero de 2015 en la misma localidad: El Paraíso.

El 19 de junio de 2019, el opositor nicaragüense Pedro Suárez fue asesinado a balazos cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua. El Movimiento Campesino Anticanal también denunció el crimen.

Dos días después, el 21 de junio, Santiago Rivera Müller, conocido como Tigre-León, fue asesinado en El Paraíso. Excombatiente de la Resistencia Nicaragüense, Rivera había participado en las protestas contra el régimen de Ortega y Murillo en 2018, en los municipios de El Cuá y Wiwilí, Jinotega, antes de exiliarse en Honduras. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más documentó su asesinato como un caso de represión transnacional.

El 27 de junio, un mismo ataque acabó con la vida de Édgard Montenegro, alias Comandante Cabezón, exmiembro de la RN, y de su hijo adoptivo, Yalmar Zeledón Olivas. Ambos fueron asesinados en El Paraíso. El Colectivo también incluyó este caso entre los hechos de represión transnacional.

La violencia continuó en julio de 2019. El día 13, Francisco Sobalvarro, conocido como Berman y también exmiembro de la RN, fue asesinado en su vivienda, en El Paraíso. Sobalvarro se había exiliado tras participar en las protestas de 2018 contra el régimen sandinista.

El 6 de diciembre de 2020, Gerardo de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, conocido como Comandante Flaco y excombatiente de la RN, fue asesinado también en El Paraíso. Este también es un crimen documentado por represión transnacional por el Colectivo de Derechos Humanos.

El 25 de junio de 2022, el cuerpo de Rodolfo Rojas Cordero apareció con varios disparos abandonado en El Paraíso. Rojas era opositor, campesino nicaragüense y antiguo trabajador del Ministerio del Interior durante el primer régimen sandinista. El Colectivo también confirmó este crimen como parte de la represión transnacional. Un detalle clave de este crimen es que Rojas estaba exiliado en Costa Rica y su familia denunció que fue engañado por grupos del régimen para asesinarlo en Honduras.

El 27 de junio de 2026, Marvin Gámez Alaniz, alias Comandante Resorte, sobrevivió a un atentado en El Paraíso. Hombres encapuchados le dispararon en siete ocasiones; su compañera también resultó herida, tras recibir dos impactos de bala. El Colectivo documentó el ataque como otro episodio de represión transnacional.

Honduras y Costa Rica: destino de la represión transnacional

“Hemos señalado que Honduras y Costa Rica son los países principalmente afectados por la represión transnacional”, explica Yader Valdivia, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Valdivia señala que Honduras registra la mayor cantidad de asesinatos de nicaragüenses con posibles vínculos políticos entre los casos documentados por el Colectivo. Una de las condiciones, que a su juicio, facilita la movilidad de los perpetradores de los crímenes es el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4), que permite a los ciudadanos nicaragüenses ingresar a Honduras sólo con su cédula de identidad.

“Hemos conocido casos de personas que se han asentado en la zona de Honduras y que han señalado que han sido vigiladas, que las han llamado y que les han dicho que saben dónde están ubicadas. Eso nos ha permitido documentar situaciones que hacen que estas personas no se sientan seguras en Honduras”, explicó a Nicaragua Actual.

Pineda coincide con esa percepción de inseguridad. «Si (en Honduras, los ex-combatientes) salimos a un lugar público, es muy probable que nos vigilen».

“Es una frontera bastante vigilada», añade Valdivia. «Principalmente por el Ejército. Han aparecido noticias en medios hondureños sobre incursiones de policías y militares en territorio hondureño. Por eso, las personas que están en Honduras perciben la situación como un riesgo”.

Pineda coincide con esa percepción de inseguridad. “Si (en Honduras, los ex-combatientes) salimos a un lugar público, es muy probable que nos vigilen”.

“Es una frontera bastante vigilada” añade Valdivia. “Principalmente por el Ejército. Han aparecido noticias en medios hondureños sobre incursiones de policías y militares en territorio hondureño. Por eso, las personas que están en Honduras perciben la situación como un riesgo”.

El cadáver de Gerardo de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, es recuperado por las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones. Trojes, Honduras. 7 de diciembre, 2020. Foto: Tomada de redes sociales

Trojes, la frontera marcada por asesinatos de nicas

Hay un elemento clave en esta investigación y es que la mayoría de los ataques se concentran en el departamento de El Paraíso, particularmente en el municipio de Trojes, fronterizo con Nicaragua.

Los registros oficiales de la Policía de Honduras facilitados a Nicaragua Actual indican que, entre 2018 y 2024, se documentaron 47 casos de homicidios y agresiones letales contra nicaragüenses, con una marcada concentración geográfica en zonas fronterizas y de tránsito migratorio.

El departamento de El Paraíso es donde más se concentran estos crímenes, al ocurrir casi la mitad de los ataques reportados, especialmente en los municipios de Trojes y Danlí.  Los datos oficiales detallan que la mayoría de estos homicidios fueron ejecutados con armas de fuego. 

¿Los motivos de los crímenes? La policía hondureña tipifica a la mayoría como resultado de “enemistades personales”, “robos o disputas locales”, sin tomar en cuenta el perfil político de las víctimas, que en su mayoría eran miembros de la exresistencia, es decir, opositores al régimen Ortega Murillo. 

También tienen en común, según el documento oficial, que todos los casos permanecen bajo procesos de “investigación pendientes”, lo que subraya la persistencia de la impunidad.

¿Importan estos crímenes al Gobierno de Honduras? 

Nicaragua Actual consultó a la Cancillería hondureña para conocer la posición del Gobierno, presidido por Nasry Asfura, sobre los señalamientos de represión transnacional del régimen sandinista contra opositores en ese territorio documentados por organismos de derechos humanos. De comprobarse la participación de agentes del régimen nicaragüense, estas operaciones constituirían una vulneración de la soberanía hondureña.

Karla Aguilar, coordinadora de prensa de la Cancillería, respondió mediante un mensaje de WhatsApp que en la institución “nosotros no manejamos el tema” y remitió la consulta al Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras.

El portavoz del INM, Lisandro Vallecillo, explicó por la misma vía a Nicaragua Actual que la institución no puede brindar información “sobre casos particulares ni sobre la situación migratoria o de protección internacional de ninguna persona”, por motivos de seguridad.

Vallecillo agregó que “la investigación y el esclarecimiento de este tipo de hechos no son competencia del INM, sino de las autoridades correspondientes en materia de seguridad e investigación”.

Nicaragua Actual también dirigió consultas al Ministerio Público hondureño en tres ocasiones, los días 12, 19 y 26 de octubre de 2026, mediante los canales de contacto institucionales publicados en su sitio web. Al cierre de este reportaje, no había recibido respuesta ni acuse de recibo.

Autoridades de Honduras no investigan perfil político 

Ocho de los homicidios registrados en Trojes fueron clasificados como casos de “enemistades personales”. En los registros facilitados no consta que la Policía o la Fiscalía hondureña hayan considerado una posible motivación política.

Entre esos casos figuran varios asesinatos que forman parte del patrón documentado por el Colectivo Nicaragua Nunca Más y que también han sido señalados en investigaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés).

Uno de ellos es el de Pedro Suárez, opositor vinculado al Movimiento Campesino Anticanal, asesinado a balazos junto a un compañero en junio de 2019. El movimiento denunció que ambos fueron atacados en un sitio “alejado y solitario”.

Otro es el doble homicidio de Édgard Montenegro y Yalmar Zeledón, padre e hijo adoptivos, quienes fueron emboscados y acribillados con fusiles AK-47 cuando viajaban por carretera en una motocicleta, apenas unos días después del asesinato de Suárez. El AK-47 es también un arma de uso reglamentario del Ejército de Nicaragua, aunque ese dato, por sí solo, no permite establecer el origen de las armas utilizadas en el crimen.

También está el caso de Gerardo de Jesús Gutiérrez conocido como “comandante El Flaco” asesinado en 2020 de doce disparos distribuidos entre el pecho, la cabeza, el cuello y una de sus manos. El Ejército del régimen sandinista lo identificaba como cabecilla de una organización criminal desde al menos 2013.

“Según la información recabada en la escena del crimen dicho ciudadano pertenece  a la organización contra el gobierno sandinista de Nicaragua y que se encontraba con asilo político en nuestro país”, aseguró entonces el inspector de Policía hondureña, Pedro Douglas Gómez.

Rodolfo Rojas Cordero, asesinado en Honduras en 2022, durante un evento de la oposición nicaragüense en Costa Rica. Foto: Nicaragua Actual.

El cuarto caso es el del disidente sandinista Rodolfo Rojas, campesino asesinado a balazos en 2022. Según la denuncia de sus familiares, no había señales de robo y su cuerpo fue encontrado en una los terrenos de una hacienda, en el sector de Aguas Calientes, ciudad de Danlí, zona fronteriza entre Nicaragua y Honduras.

Rojas había organizado manifestaciones y bloqueos en el departamento de Carazo y trabajó para la Seguridad del Estado sandinista en la década de los años 80.

Estos cuatro asesinatos ocurrieron en circunstancias que el Colectivo considera compatibles con patrones de persecución transnacional. Si bien la documentación debe distinguirse de una determinación judicial sobre la autoría o motivación de los crímenes.

No existe un pronunciamiento público de las autoridades hondureñas sobre estos crímenes más allá de las investigaciones iniciadas de oficio, cuyos resultados tampoco han sido divulgados.

Vínculos políticos entre los ORMU con gobiernos hondureños

Pineda asegura que en Honduras “los sandinistas tienen mucho acercamiento con las bandas criminales”.

Investigaciones periodísticas han señalado vínculos entre el régimen sandinista y la administración del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-enero 2022), condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y armas. Hernández fue indultado por el presidente estadounidense Donald Trump en 2025.

La administración de Xiomara Castro (2022 – enero 2026), identificada políticamente con la izquierda, también respaldó a la dictadura nicaragüense en el ámbito internacional. Durante su mandato no hubo un posicionamiento sobre el asesinato del opositor Rodolfo Rojas ni del resto de nicaragüenses exiliados en Honduras, pese a las denuncias de organismos de derechos humanos y a los posibles cuestionamientos sobre la soberanía hondureña que plantearía una eventual participación de agentes extranjeros.

Pineda sostiene que el régimen utiliza acusaciones penales para presentar a los excombatientes como delincuentes. Esas acusaciones han aparecido en casos como los de Reinaldo Picado y Douglas Gamaliel Álvarez Morales, alias “Relámpago”,  excombatientes señalados por el régimen por el asesinato de dos policías en 2022.

Douglas Gamaliel Álvarez, exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, fue extraditado por Costa Rica en febrero de 2024 a solicitud del régimen de Nicaragua. Crédito: Medios oficialistas

Así criminaliza el régimen a los exresistencia

Tanto el Colectivo Nicaragua Nunca Más como el GHREN han advertido sobre el uso estratégico de alertas de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para intentar obtener la detención de opositores. Al menos en un caso, el de Álvarez, el régimen consiguió su extradición desde Costa Rica.

Algunos excombatientes que volvieron a tomar las armas durante los años noventa por diversas razones, entre ellas la persecución y las demandas económicas, fueron posteriormente incluidos en registros oficiales como integrantes de grupos delincuenciales. Ese es el caso de Santos Joya Borge, alias Pablo Negro, asesinado en Honduras en 2012.

El llamado Libro blanco de incidencia de elementos delincuenciales 2007-2017, presentado por el régimen sandinista en 2018, expone la actuación policial y militar contra grupos rearmados durante la década anterior y los vincula con distintas actividades delictivas, desde el narcotráfico hasta la trata de personas.

Excombatientes de la RN como Enrique Aguinaga, alias Invisible, asesinado a balazos por el Ejército de Nicaragua en 2016, y Bernardo Martínez Rojas, alias Zapoyol, figuran en ese documento, señalados como cabecillas de bandas delincuenciales que operaban “en las zonas rurales, montañosas, particularmente en territorios que fueron escenarios de la guerra de intervención en los años ‘80”.

“Ellos tienen la estrategia de vincular a las personas con muertes. Nos achacan muchas cosas. Nos hacen parecer como integrantes de bandas criminales”, señala Pineda.

Una persecución que comenzó décadas atrás

“Siempre ha habido gente caminando detrás de nosotros”, dice Pineda sobre los ataques contra los exmiembros de la Resistencia Nicaragüense. “Desde los años noventa hemos sido un objetivo para ellos. No hemos descansado. Siempre tenemos que dormir, como decimos nosotros, con un ojo cerrado y el otro abierto”.

Según reportes de Human Rights Watch y la Organización de Estados Americanos (OEA), 245 excombatientes de la RN fueron asesinados “en circunstancias sospechosas” al inicio de la década de los 90. Estimaciones posteriores, elevan la cifra a 492. 

En esos crímenes hubo señalamientos sobre la participación de antiguos integrantes de la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), conformada en 1979 con asesoría de oficiales cubanos, y de desmovilizados del Ejército Popular Sandinista (EPS). Sin embargo, las autoridades nicaragüenses durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) no lograron esclarecer la mayoría de los casos ni garantizar justicia para las víctimas.

“La verdad es que no hicieron nada. Nos dejaron desprotegidos: nos quitaron las armas y nos dejaron como burros amarrados. Dejaron armados a otros grupos y nosotros nos quedamos desarmados”, lamenta Pineda, al recordar el proceso de desarme de la Resistencia tras el fin de la guerra civil.

Durante ese período, las estructuras de seguridad del Estado nicaragüense conservaron un alto grado de continuidad de personal procedente del EPS y de la DGSE. Esta última fue formalmente disuelta en 1990 y transformada en la Dirección de Información para la Defensa (DID), todavía operante en el régimen sandinista.

Excombatientes de la RN y amigos le dan el último adiós a Gerardo de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, originario de Pantasma, Jinotega, asesinado en Trojes, Honduras, en 2020. Foto: La Prensa / Jacksell Herrera

La desconfianza de las víctimas

Según recuerda Pineda a Nicaragua Actual, cuando estuvo en Honduras, afirma que fue vigilado y asediado por hombres sospechosos. El asesinato de Joya Borge, alias Pablo Negro, en 2012, lo llevó a trasladarse a Guatemala. Allí también denuncia haber sufrido hostigamiento: desconocidos frecuentaban su lugar de trabajo y hacían preguntas intimidatorias a sus compañeros para averiguar su paradero. Finalmente, también huyó de ese país.

Después de salir de Guatemala, Pineda se refugió en Costa Rica. En su residencia en San José, recuerda haber visto “a unos tipos sospechosos que se acercaban y logré escapar. Me venían siguiendo y —considera— fue un intento de secuestro”.

El episodio ocurrió días después de que un individuo desconocido llegara a buscarlo a su lugar de trabajo. El incidente se remonta a 2014, pero entonces no presentó ninguna denuncia ante las autoridades ni ante organizaciones de derechos humanos.

“Nosotros no creemos en los organismos de derechos humanos. Muchas veces no acudimos a ellos porque terminan entregando la información que les presentamos a quienes utilizan las armas contra nosotros”, argumenta Pineda.

“En algunas ocasiones hemos acudido y hemos dado información, pero ya no hay confianza. La mayoría de esos organismos están dominados por personas de izquierda y no confiamos en ellos”, agrega.

Sin embargo, el trabajo de esos mismos organismos es el que permite documentar y examinar los hechos que Pineda y otros exiliados denuncian.

Eduardo Pineda, alias Pitufo, se integró a la Resistencia Nicaragüense en 1983, después que la dictadura sandinista asesinara a su padre. Foto: Tomada de redes sociales

El GHREN, creado por Naciones Unidas, ha señalado a 26 operadores de diez instituciones del régimen nicaragüense como piezas de una estructura que participa en la “represión transnacional”.

La estructura de inteligencia que persigue a opositores

En esa estructura figuran el director de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM) desde 2013, el sancionado mayor general Leonel José Gutiérrez López; y quienes han encabezado la Dirección de Información para la Defensa (DID): el general de brigada Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval (2010-2024) y el coronel Álvaro Martín Peña Núñez, en el cargo desde 2024.

El Grupo de Expertos los señala de “coordinar y participar de una red de vigilancia e inteligencia transnacional (para) monitorear y acosar a nicaragüenses exiliados; consolidar redes de informantes y supervisar el uso del servicio diplomático (de Nicaragua) para vigilar y conducir operaciones encubiertas en el extranjero”.

La instrumentalización del servicio diplomático la lidera el cocanciller y exmiembro de la Dirección General de la Seguridad del Estado, Valdrack Jaentschke, de acuerdo con el informe del GHREN del 10 de marzo de 2026.

El documento describe cómo la sucesión de nombramientos de Jaentschke entre 2021 y 2023, cuando desempeñó funciones diplomáticas en Honduras, Costa Rica y Guatemala,”permitió establecer redes de influencia, particularmente en Costa Rica”.

Según el informe, esos nombramientos facilitaron “la coordinación operacional entre actores estatales y no estatales, incluidos informantes”, y contribuyeron directamente a localizar, vigilar e intimidar a nicaragüenses exiliados, así como a recopilar información en los tres países donde Jaenstschke prestó servicio.

Así operan las redes del régimen en el exterior

El trabajo de estas redes, describe Valdivia, puede reconocerse a través de distintos patrones de vigilancia y hostigamiento.

“Se observa que existe una vigilancia previa y que las personas reciben amenazas por llamadas y mensajes. Hemos documentado fotografías tomadas a las víctimas, seguimientos y vehículos estacionados frente a las casas de personas. En algunos casos, incluso han ingresado a las viviendas”, expone el abogado del Colectivo.

El defensor también expresa preocupación por la lentitud con que avanzan —cuando lo hacen— las investigaciones sobre los ataques y asesinatos denunciados, sobre todo en Honduras.

“No hemos recibido información sobre avances en las investigaciones de los asesinatos que mencioné”, dice el abogado. “Hasta el momento, por ejemplo, no tenemos información de que exista una investigación avanzada en el caso de Marvin Gámez”.

El sistema de justicia hondureño parece avanzar con mayor demora en estos casos, considera Valdivia. Aunque las comunicaciones que el Colectivo mantiene con instituciones y embajadas pueden contribuir a visibilizar la situación, insiste en que los mecanismos fundamentales son los de investigación y seguridad de cada país, tanto para esclarecer los crímenes como para proteger a quienes buscaron refugio en su territorio.

Para Pineda, opositor en el exilio, ya no se trata solamente de sospechas o de indicios. “La mano criminal de los sandinistas es larga. Eso lo tenemos comprobado”, concluye.