Religión, cultivos ilícitos o bombardeos, ¿por qué las decisiones del Gobierno llegan a estrados judiciales?

El Tribunal Superior de Bogotá revocó una tutela que obligó al presidente Abelardo de la Espriella y al Congreso a pedir disculpas por el acto religioso en la posesión presidencial del 7 de agosto. En primera instancia, la tutela había ordenado al primer mandatario y al presidente del Senado, Honorio Henríquez, pedir esas disculpas.

En la decisión, revelada por Semana, hubo varios argumentos. Primero, los magistrados consideraron que la tutela era improcedente. Según los jueces, no se presentó un derecho de petición a las autoridades accionadas solicitando rectificar, retractarse o aclarar las manifestaciones religiosas de la ceremonia.

Segundo, dijeron que la sesión del Congreso en pleno para que el presidente se posesionara no fue convocada para adherir a una religión en específico, ni para perjudicar una creencia, religión o iglesia. Además, destacaron que hubo representantes de varias religiones y ninguno invitó a adherir a sus convicciones, ni rechazaron a personas “pertenecientes a otros cultos o no creyentes”.

Le puede interesar: David Murcia se retractó de afirmaciones injuriosas contra De la Espriella: “el Gobierno anterior me ofreció ser gestor de paz”

Además, aseguraron que, por ser la posesión una convocatoria del Congreso, que “representa la voluntad popular” y se conoce como la institución que “integra todos los matices y tendencias dado su carácter democrático”, esta admite la participación de personas e instituciones que piensan diferente.

La decisión tocó otros siete puntos, pero, más allá de eso, volvió a poner sobre la mesa algo que viene ocurriendo desde principios del Gobierno: que este toma una decisión y, casi de inmediato, es puesta a consideración por los jueces.

Ha pasado con los bombardeos a campamentos de grupos armados, con la fumigación aérea de cultivos ilícitos, con la exposición de cadáveres en bolsas por parte del presidente De la Espriella, entre otros temas.

Para explicar el tema, EL COLOMBIANO consultó a dos abogados expertos que dieron a entender que, más allá de lo judicial, son decisiones motivadas por intereses políticos.

Para Alfonso Portela, experto en derecho administrativo y exregistrador delegado en lo electoral, el tema tiene que ver con el clima político que atraviesa el país. “Es producto de la misma polarización política. Cualquier evento o circunstancia que de alguna manera pueda tener un alcance jurídico inmediatamente lo activan a través de todas las acciones”, explica.

En esta polémica religiosa, Portela dice que el tema “parte de que la Constitución considersa al Estado como laico, así que cualquier situación que se incline hacia una religión o creencia, inmediatamente va a generar la discusión precisamente por eso”. Y reitera que, por la situación política del momento, en la que el actual presidente ganó con una ventaja menor al 1 % de los votos frente a su rival, los temas polémicos van a tener trabas. Hace parte del sistema democrático.

“En un Estado como el nuestro, de derecho afortunadamente, pero polarizado políticamente, todas estas circunstancias tienen que ver con judicializar los hechos políticos o las actuaciones administrativas. Así vamos a seguir hasta que el clima político cambie y no nos colguemos de ese tipo de situaciones”. Habla, incluso, de temas como el de la fumigación aérea de cultivos ilícitos y los bombardeos a campamentos en los que mueren menores de edad.

“En el gobierno anterior estuvieron suspendidos y cada vez que hay un evento así, desafortunadamente, hay menores por el tema del reclutamiento. Entonces es una discusión en la que el Estado tiene que cumplir con ciertos protocolos. Vemos las intervenciones de la defensora Iris Marín, en estrados judiciales… Mientras esa discusión esté, siempre se van a presentar ese tipo de reparos”, dice Portela.

El abogado y docente Óscar Santamaría habló en una línea similar. “Están acudiendo a los jueces constitucionales para trancar el manejo que el presidente le está dando al Estado. No dejarlo gobernar, y es entendible porque hubo un cambio de gobierno y de postura ideológica. Tratan de generar talanqueras para que a De la Espriella no le vaya bien”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Y agrega: “la oposición del Pacto Histórico y otros partidos independientes están acudiendo a los jueces para que esto pase”.