Pueblos indígenas reclaman a la dictadura por desposeerlos

Los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua continúan enfrentando violencia, despojo territorial y persecución, según advirtió el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (OPIA) en un comunicado divulgado en el marco del 12 de octubre, día de la Hispanidad o de la raza para buena parte de Iberoamérica y en Nicaragua denominado por la dictadura sandinista “Día de la resistencia indígena” desde 2007.

La OPIA insiste en que, pese a las celebraciones oficiales de sus culturas y de la autonomía, durante 2025 documentó 434 eventos que dejaron 1.297 violaciones de derechos humanos en 20 de los 23 territorios indígenas y afrodescendientes titulados.

Las cifras corresponden a los casos registrados y no representan la totalidad de las violaciones ocurridas. Entre los hechos señalados, OPIA destacó los asesinatos de personas indígenas, el encarcelamiento por motivos políticos de guardabosques y líderes comunitarios, y la muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia estatal en mayo de este año.

También advirtió que miles de personas indígenas y afrodescendientes han tenido que exiliarse para huir de esta represión. El observatorio sostuvo que la violencia y el desplazamiento afectan no sólo la seguridad de las comunidades, sino también “sus medios de vida, la alimentación, los vínculos comunitarios y la continuidad de sus lenguas, conocimientos e identidad colectiva”.

Denuncian concesiones mineras sobre territorios titulados

La presión sobre los territorios indígenas y afrodescendientes continúa, según OPIA. La organización citó el boletín Alerta Minera, de la asociación Wangki, que documentó dos concesiones mineras otorgadas entre el 15 de julio y el 30 de septiembre de 2026 que se superponen con territorios titulados.

Nicaragua Actual ha documentado el despojo territorial de las comunidades indígenas mediante investigaciones que reflejan un patrón de ocupación y saqueo sostenido por estructuras militares, partidarias y económicas, y en los últimos años ligado a la penetración de los intereses económicos de la República Popular China en la región.

Según el último informe de la organización Wangki e Investigación Urgente, publicado en julio de 2026, el Estado nicaragüense, entre 2010 y 2026 otorgó 213 concesiones mineras vigentes sobre 2.4 millones de hectáreas, equivalente al 20.4% del territorio nacional.

Más de la mitad fueron otorgadas desde 2022, después del establecimiento de las relaciones con la República Popular China. En los territorios indígenas y afrodescendientes titulados en el Caribe —que suman 3.8 millones de hectáreas—, 541 mil ya están concesionadas, distribuidas en 47 lotes sobre 15 territorios.

El comunicado de OPIA denuncia las prácticas de coacción y manipulación de elecciones comunitarias, así como la imposición de estructuras paralelas o la sustitución directa de autoridades legítimas. Según el observatorio, estas acciones debilitan el autogobierno y generan temor a participar en los procesos de decisión de las comunidades.

Exigen protección territorial y liberación de presos políticos

Ante esta situación, el observatorio exigió al Estado de Nicaragua proteger los territorios colectivos, culminar su saneamiento e impedir ocupaciones y transferencias ilegales. También demandó respeto al autogobierno, a los sistemas propios de elección y a las autoridades reconocidas legítimamente por las comunidades, que fueron violados y usurpados en las elecciones regionales de 2024.

En materia de actividad minera, pidió revisar las concesiones que se superponen a territorios titulados y garantizar información y consulta previa, libre e informada, como establece la Ley 445, que comunitarios han denunciado como esencialmente inoperante.

La organización también reclamó la liberación de las personas presas por motivos políticos; investigaciones independientes sobre los asesinatos de indígenas y la muerte de Brooklyn Rivera; así como garantías de reparación y protección para las personas defensoras de derechos humanos y comunitarios.

Asimismo, demandó condiciones para el retorno voluntario, seguro y digno de quienes han tenido que exiliarse. Otro llamado se extendió a la comunidad internacional para aunar esfuerzos en pos de ese fin, ejerciendo presión sobre la dictadura.

De igual forma se dirigió a las agencias de cooperación, los bancos y las instituciones financieras internacionales, llamándoles a condicionar la cooperación, los préstamos, las inversiones y el financiamiento destinados a Nicaragua al respeto de los derechos territoriales, la autonomía, la libre determinación y los mecanismos de consulta.

“Conmemorar nuestra resistencia exige actuar frente a las violencias que hoy la hacen necesaria”, concluyó el observatorio.