Procuraduría suspendió por tres meses a agente interventor de Asmet Salud; ¿por qué?

20 de marzo de 2026

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La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al agente especial interventor de Asmet Salud EPS, Lain Eduardo López Martínez, por el presunto deterioro de la prestación del servicio de salud a sus usuarios. También ordenó la apertura de una investigación formal contra cinco de sus antecesores tras evidenciar, a través de visitas preventivas, un presunto deterioro sistémico en la prestación del servicio y una grave afectación a la sostenibilidad financiera de esta entidad.

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Estas investigaciones se dirigen contra los interventores desde 2023, quienes son Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

La delegada para la Vigilancia Administrativa busca esclarecer si los funcionarios públicos incumplieron con sus obligaciones, debido a que, al parecer, se incrementaron las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias (PQRS), acciones de tutelas e incidentes de desacato durante la intervención forzosa administrativa de la EPS.

La EPS, intervenida forzosamente por la Superintendencia de Salud desde mayo de 2023, tiene a su cargo el aseguramiento médico de más de 1,5 millones de afiliados, de los que el 96 % pertenece a las poblaciones más vulnerables del régimen subsidiado.

Además, el organismo de control trata de establecer las razones por las que, presuntamente, existe un importante deterioro de la sostenibilidad financiera de la entidad, en el aumento de la siniestralidad, de una contratación irregular y de los pasivos; como también, en una posible disminución del patrimonio, los activos, las condiciones tecnocientíficas y administrativas de esta.

Según el ente de control, esta decisión obedece a las visitas preventivas realizadas por el ente de control para corroborar si las acciones de los servidores públicos, desde la medida de la Supersalud, presuntamente no contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios de salud, sino, por el contrario, una presunta precaria e ineficiente atención para los afiliados.

Para esto, se ordenaron las prácticas de pruebas necesarias para esclarecer estas anomalías que, en lugar de sanear a la prestadora de salud mediante la intervención estatal, no contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de acceso y agudizaron su colapso estructural.

Hallazgos fiscales por $24.849 millones hizo la Contraloría General de la República en una auditoría a la EPS Asmet Salud, durante las vigencias de 2023 y 2024. La mayor parte de estos hallazgos, $23.426 millones, corresponde a giros injustificados que fueron autorizados por RG Auditores S.A.S., que fue la firma interventora designada por la Superintendencia de Salud.

“Dicha firma modificó de forma injustificada e ilegal los montos aprobados para pago directo a prestadores”, denuncia la Contraloría.

Así, Asmet Salud certificó la postulación de 91 prestadores para pagos por giro directo por un total de $47.809 millones y a 74 de estos prestadores se les giraron montos superiores de los solicitados por Asmet Salud. A la fecha, solo se ha logrado el reintegro de $24.383 millones y quedan pendientes $23.426 millones por recuperar.

La EPS aseguró que no autorizó esos pagos adicionales y sí lo hizo la interventoría, pero la Contraloría no encontró evidencia de que Asmet Salud hubiera hecho gestiones para recuperar ese pago indebido. Más de dos años después, los giros permanecen en manos de terceros.

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