Procuraduría abrió investigación contra exalcalde de Apartadó por presunto manejo irregular de $3.354 millones durante su mandato

La Procuraduría General de la Nación confirmó la apertura de una investigación al exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel Palacio Rodríguez, y a ocho de sus funcionarios, por el presunto desfalco en $3.354 millones durante el tiempo que estuvo como máximo mandatario municipal, entre mayo de 2024 y abril de 2025.

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Los servidores públicos que están bajo la lupa del organismo de control y laboraron bajo el mando de Palacio Rodríguez, son Amaury Quejada Buenaño, ex secretario de Gobierno; Luis Arnobio Cuesta Roja, ex secretario de Hacienda; Yeged Andrea Espinoza David, de Servicios Administrativos; Cristian Mena Valencia, extesorero; Tony Luis Lozano Berrocal, ex secretario general; Edison Alberto Mosquera Quinto, ex subsecretario de Contabilidad; Resurrección Manzano, ex jefe de la Oficina Jurídica; y Kellys Edith Rivas, exfuncionaria del área contable y financiera del municipio.

De acuerdo con la Procuraduría, las presuntas irregularidades se habrían evidenciado a través de varias transferencias electrónicas, las cuales, al parecer, fueron hechas desde cuentas municipales entre mayo de 2024 y marzo de 2025.

“Esas operaciones habrían tenido como destinatarios a terceros sin un respaldo contractual, presupuestal ni contable, y sin que existieran órdenes de gasto, resolución o contrato que justificara la salida de esos recursos públicos”, dijo en un comunicado el ente regulatorio.

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La duplicidad de pagos y la transferencia de dineros a cuentas “bancarias” no registradas, son algunas de las presuntas inconsistencias que apoyan la investigación, lo que pone en evidencia la gran diferencia entre los pagos que realmente sí hizo dicha administración, y los recursos registrados en el Secop II, plataforma en la que se gestionan los trámites de contratación pública.

Entre tanto, la Procuraduría, por medio de la investigación, determinará si el actuar del exalcalde Héctor Rangel Palacio correspondió a una falta disciplinaria o a una acción justificable con una causa legal, lo que dará o no pie para proceder con el caso.