PRIMICIA | Declaran crimen de lesa humanidad el magnicidio del magistrado Álvaro Medina, víctima del cartel de Medellín
- Colombia
- octubre 14, 2026
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El magnicidio del magistrado Álvaro de Jesús Medina Ochoa, víctima del cartel de Medellín en la capital antioqueña, fue declarado oficialmente crimen de lesa humanidad, luego de 41 años de impunidad.
La decisión, conocida en primicia por EL COLOMBIANO, fue tomada este martes 13 de octubre de 2026 por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Nación.
En su parte resolutiva, el documento declaró “la imprescriptibilidad de la acción penal en el crimen de lesa humanidad en la persona del magistrado del H. Tribunal Superior de Medellín, Álvaro de Jesús Medina Ochoa”.
Esta medida revocó además el auto inhibitorio del 1° de agosto de 1991, mediante el cual el ente acusador de la época había archivado el caso sin siquiera haber expedida una sola orden de captura.
“Esta decisión es un reconocimiento a las víctimas de la Rama Judicial que dejó el cartel de Medellín, y vuelve a poner de presente un asunto que había sido relegado por la institucionalidad y por la misma sociedad”, expresó este miércoles el abogado Ricardo Medina, hijo del magistrado.
Al ser declarado como crimen de lesa humanidad, el expediente judicial no prescribe, es decir, se desarchiva y se ordena la continuidad de la investigación.
En palabras de Ricardo, lo que sigue ahora es que sean llamados a interrogatorio los antiguos integrantes del cartel de Medellín que todavía están vivos, para esclarecer si tuvieron alguna participación en el citado crimen.
En esa lista de exmiembros de la organización narcotraficante que aun viven, se encuentran dos que hace poco regresaron al país, tras cumplir sus penas en Estados Unidos: Carlos Lehder y Fabio Ochoa, quienes actualmente disfrutan de su libertad, sin procesos pendientes en Colombia.
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“Esta decisión de la Fiscalía puede llevar a que otros asesinatos de integrantes de la Rama Judicial también sean declarados de lesa humanidad, es un triunfo de las víctimas, después de tantos años de impunidad; y también ayudará a acabar ese relato de los antiguos capos, que creen que porque pagaron delitos en Estados Unidos, ya no tienen cuentas pendientes con las víctimas”, acotó el abogado.
El magnicidio, tal cual lo ha venido recordando este diario desde entonces, ocurrió en la noche del 8 de abril de 1985, en la entrada de su casa del barrio La Floresta, en el occidente de Medellín.
Justo cuando el magistrado se bajaba del carro, en compañía de su esposa, fue abaleado por dos sicarios del cartel liderado por Pablo Escobar Gaviria.
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En aquella época, Medina era magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, y su muerte hizo parte de una ofensiva de los narcotraficantes contra los servidores judiciales que los perseguían.
Ese plan pistola cobró las vidas de cuatro magistrados en la capital antioqueña, entre 1985 y 1989. Las otras víctimas fueron Gustavo Zuluaga, Mariela Espinosa y Héctor Jiménez Rodríguez.
En el caso puntual del magistrado Medina, un año antes del asesinato él había expedido autos de detención contra el capo Escobar y algunos de sus lugartenientes. Durante los 12 meses siguientes recibió las visitas de emisarios del cartel, que le ofrecían sobornos sin éxito, y también amenazas telefónicas y con sufragios escritos.
Por la muerte de Álvaro Medina ni siquiera hay un capturado, a pesar del profundo rechazo social que produjo el crimen en aquel momento.
