Presentan plan para inducir colapso del régimen sandinista

Un colectivo de 27 organizaciones de oposición nicaragüense en el exilio hizo circular un plan de doce puntos que exige a la comunidad internacional un paquete de sanciones, designaciones legales y, en su punto más extremo, una operación militar para capturar a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El plan responde directamente a un anuncio del propio Ortega pronunciado el 19 de julio, cuando declaró ante una multitud en Managua que en el país “no volverá a haber elecciones”. Además de la condena de varios países de la región y organismos de derechos humanos, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convendrá el 5 de agosto para evaluar la situación, a instancias de los Estados Unidos.

En ese contexto, el texto se presenta a sí mismo como “una estrategia integrada de acción nacional e internacional” y abre calificando al régimen sandinista como una “tiranía totalitaria, sanguinaria y dinástica“.

Cita como respaldo la documentación de forma independiente ejecuciones extrajudiciales, tortura y persecución religiosa en el país desde 2018 por parte de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas.

El documento también justifica la acción en base a preocupaciones geopolíticas de Estados Unidos, describiendo a Nicaragua, Cuba y Venezuela como una “tríada autocrática” y citando a la excongresista floridana Ileana Ros-Lehtinen, que consideraba a las tres dictaduras un mismo “cáncer” autoritario.

El plan es delineado en los siguientes puntos:

1. Declarar en la OEA que hubo un golpe de Estado institucional
   Pide escalar la resolución AG/RES. 2978 de 2021, que ya había declarado ilegítimas las elecciones nicaragüenses de aquel año, hacia una nueva resolución que desconozca a los diplomáticos del régimen y active la “garantía colectiva” de la Carta Democrática Interamericana. Exige también la liberación de presos políticos y religiosos.
2. Impulsar una ley de sanciones en el Congreso de Estados Unidos.
   El plan menciona la propuesta de ley impulsada por los legisladores Jim Risch, Marco Rubio (previo a ser secretario de Estado) y Tim Kaine que extendería las sanciones de las leyes NICA y RENACER hasta 2028 y bloquearía préstamos del Banco Mundial, el BID y el BCIE.
3. Designar al FSLN como organización terrorista extranjera.
   Pide proscribir la simbología del Frente Sandinista y procesar a Ortega, Murillo y la cúpula militar por narcoterrorismo ante cortes federales de Nueva York y Washington.
4. Suspender a Nicaragua del CAFTA-DR.
   La suspensión del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) se daría invocando la cláusula de excepción por seguridad nacional del tratado, con el argumento de que “el principal agente de destrucción de la propiedad privada” en el país es el propio régimen.
5. Suspender el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
   Esto activando su cláusula democrática para bloquear las exportaciones de los “monopolios administrados por la familia gobernante y sus socios oligárquicos”.
6. Impulsar juicios por jurisdicción universal en tribunales de España, Argentina, Chile y Estados Unidos.
   El objetivo sería la emisión de órdenes de captura internacional vía la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) contra Ortega y Murillo.
7. Respaldar procesos ante tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado y despojo de nacionalidad, con miras a la cooperación penal y extradiciones.
8. Sancionar al Ejército de Nicaragua y a su fondo de pensiones (IPSM).
   Con el fin de “destruir la cohesión interna y la lealtad de la cúpula militar al régimen“.
9. Sancionar a la Policía Nacional y al Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU).
   Incluyendo a las “empresas de fachada” que, según el plan, lavan fondos provenientes de la represión y la extorsión.
10. Un embargo consular y retiro masivo de embajadores.
    Acompañado de un esfuerzo para cancelar visados a funcionarios del régimen y a sus familiares directos.
11. Desconectar a Nicaragua del sistema financiero internacional.
    Auditando fondos del BCIE, el Banco Mundial y el BID, y pidiendo ante el GAFI la desconexión gradual del país del sistema SWIFT.
12. Una “operación especial internacional de extracción quirúrgica” para capturar a Ortega, Murillo y las cúpulas militar y policial, y llevarlos a juicio en tribunales federales de Estados Unidos.
    El documento invoca explícitamente como modelo el operativo que Estados Unidos ejecutó meses antes contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el 3 de enero de 2026. En esa operación, fuerzas estadounidenses irrumpieron en una base militar en Caracas y trasladaron a Maduro a una prisión en territorio estadounidense, un episodio que el propio Ortega calificó públicamente, semanas después, de “monstruosidad“.

La propuesta es uno de los pocos llamados explícitos a una campaña de presión total y al uso de la fuerza militar contra la dictadura sandinista de Nicaragua. Sin embargo, la resolución que Estados Unidos propuso al convenir al Consejo Permanente de la OEA aclaró expresamente que “no autoriza el uso de la fuerza”, en contraste directo con los puntos más extremos del plan.

Por otro lado, la designación del FSLN como organización terrorista y buena parte de las sanciones adicionales llevan años siendo reclamadas por sectores del exilio sin concretarse.

El comunicado fue suscrito por representantes de las organizaciones opositoras: Equipo Voluntario Pro Democratización y Derechos Humanos, Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua, Freedom Fighters Nicaragua, Mujeres por la Democracia, Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, Movimiento Campesino de Nicaragua, Ciudadanos Unidos por Nicaragua, Unidad Sí Nicaragua Primero, Alianza Cívica, Bloque de Derecha Nicaragüense, Frente Unido Democrático (FUD), Directorio Político por la Justicia y la Democracia, Coalición Democrática Nicaragüense, Movimiento Autónomo 18 de Abril y el Bloque Democrático en el Exilio, además de opositores particulares.