Panel de expertos conviene sobre Nicaragua paralelo a la Asamblea General de la OEA

Representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y activistas nicaragüenses denunciaron el cierre casi total del espacio cívico en Nicaragua durante el foro “¿Quo Vadis Nicaragua?: Cierre Cívico, Derechos Humanos y Democracia”, realizado en Ciudad de Panamá en el marco de la LVI Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La actividad fue organizada por el Instituto para la Paz y el Desarrollo (IPADES), Fundación Libertad Nicaragua y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), y reunió a expertos internacionales y representantes de la sociedad civil para analizar la situación política y de derechos humanos en el país.

Durante el encuentro se exploraron los últimos años de acontecer en el país, que ha visto a miles de organizaciones han sido canceladas, numerosas personas han sido forzadas al exilio y continuas detenciones por motivos políticos, muertes bajo custodia estatal y restricciones a libertades fundamentales bajo la dictadura sandinista.

La propia OEA ratificó en la Asamblea General una resolución condenando al régimen, fruto del esfuerzo de grupos de presión opositores operando en el exilio.

Un panel entero fue dedicado al impacto de la desnacionalización y la cancelación masiva de organizaciones civiles. El ambientalista y defensor de derechos humanos Amaru Ruiz Alemán, presidente de Fundación del Río y actualmente en el exilio, sostuvo que “la cancelación masiva de organizaciones no solo elimina estructuras legales, destruye redes comunitarias, silencia territorios enteros y deja a poblaciones vulnerables sin defensa”.

Por su parte, el periodista Gerall Chávez, director de Nicaragua Actual, destacó el papel de los medios independientes que operan desde el exilio. “Hoy informar sobre Nicaragua es resistir. El exilio no nos ha silenciado, sino que nos ha obligado a reinventar cómo contamos la verdad frente a un sistema que criminaliza la información”, afirmó.

Yunova Acosta, directora ejecutiva de JuventudLAC, señaló que la juventud nicaragüense ha debido reorganizarse fuera del país para continuar promoviendo los derechos humanos y la democracia.

Defensores de alto perfil

Los participantes coincidieron en que la desnacionalización, la persecución política y el cierre de organizaciones forman parte de mecanismos orientados a limitar la participación ciudadana y debilitar a la sociedad civil.

En ello Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas, cooncordó en base al trabajo que ha realizado.

Durante una conversación con Jonathan Duarte, director ejecutivo de Fundación Libertad Nicaragua, Simon afirmó que la evidencia recopilada por el mecanismo demuestra la existencia de un patrón sistemático de represión.

“La evidencia que hemos recopilado demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de un sistema estructurado de represión que debe ser investigado y eventualmente judicializado; la línea roja entre la transición y la justicia es que los máximos perpetradores de lesa humanidad paguen por sus crímenes y tratos crueles e inhumanos”, declaró.

Los participantes destacaron el papel del GHREN en la documentación de violaciones de derechos humanos y en la preservación de evidencia para eventuales procesos judiciales, pese a las limitaciones de acceso al país.

Al cierre del encuentro, los organizadores hicieron un llamado a los Estados miembros de la OEA y a la comunidad internacional para mantener la atención sobre Nicaragua, fortalecer los mecanismos de monitoreo y respaldar los esfuerzos de documentación, justicia y memoria.

También enfatizaron la importancia de identificar responsables, preservar evidencia y combatir la impunidad. La declaración final del foro sostuvo que la crisis nicaragüense constituye un desafío regional que requiere una respuesta coordinada y un compromiso sostenido de la comunidad internacional para con la situación del país.