Pacientes sufren mientras Petro condecora al Ministro de Salud

Aunque va de salida y con el antirécord de coadyuvar a la destrucción del sistema que debía proteger, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, parece seguir de espaldas a la realidad. O, por decir lo menos, sigue buscando solucionar problemas donde no los hay y evadiendo los que existen, dejando la más profunda crisis humanitaria y financiera del sector en sus 32 años.

Luego de la ruptura del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, cada quien hizo su propia versión de empalme por su lado: los segundos hicieron los “empalmes regionales” y los segundos, el “empalme ante el pueblo”.

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En una de las rendiciones de cuentas en la que participaron todas las instituciones del sector salud, Jaramillo dejó ver el talante de la gestión que inició en mayo de 2023 y cerrará el 7 de agosto: el negacionismo.

Ese fenómeno lo cimentó el Gobierno Petro imbuido por la animadversión a las entidades promotoras de salud (EPS), a las que culpó de ser las responsables de los problemas del sistema y a las que, literalmente, les cortó el chorro: los recursos que reciben para atender a sus afiliados, que se conoce como unidad de pago por capitación (UPC).

Para hacerlo, el MinSalud fijó el valor de esa prima por debajo de lo que el sistema requería (basado en el costo y la demanda ciudadana de servicios de salud, entre otros factores) e incrementó el giro directo. Este último es el mecanismo con el que el Estado envía pagos a hospitales y clínicas sin pasar por las EPS.

En esa sesión del “empalme con el pueblo” el ministro habló sobre cómo la emplearon en el actual gobierno. “Vean ustedes cómo hemos ido mejorando el sistema a través del giro directo”, dijo en compañía del superintendente del sector Daniel Quintero.

Luego procedió a explicar el incrementó que hubo en los últimos tres años. Afirmó que pasaron “del 2023, que apenas era el 30 %, a estar haciendo un giro directo del 77 % en estos días”, en referencia a que la cifra corresponde a 2026.

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“Lo que representa fundamentalmente una mejor posibilidad de recursos para los prestadores de servicios en todo el país”, finalizó.

Sin embargo, eso está lejos de ser un logro; es, más bien, uno pírrico y que comprometió una de las funciones fundamentales de las EPS.

El economista de la salud y profesor de la Universidad del Rosario, Paul Rodríguez, le explicó a EL COLOMBIANO que las funciones de las EPS “era la gestión financiera y el aseguramiento de las personas, entonces parte de lo financiero era recibir recursos, manejarlos y pagar a tiempo a sus proveedores y prestadores”. No obstante, dice, “con el giro directo esa función se pierde, pero esa era la menos relevante de todas”.

En ese sentido, explica que su función principal es “es atender las necesidades de los pacientes, firmar contratos con las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) y cumplir rápido” y que el cambio con el giro directo es que el pago a prestadores se hace “en un paso, pero las EPS siguen determinando cuánto se paga y a quién”.

Si hay algo que nunca entendió el ministro Jaramillo es que lo que adolecía el sistema no era la prontitud con la que se pagaba, sino que la plata disponible no les alcanzaba a las EPS. Por eso bien apunta Paúl Rodríguez en que es erróneo “basarse en eso para decir que el problema se arregló, pues el lío es que no alcanza la UPC y así lo giren más rápido a las IPS no va a alcanzar”.

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Una cosa es la liquidez y el flujo de caja, otra muy distintas es la suficiencia. Lo primero se refiere a la cantidad de plata disponible para saber cómo se pagan las cuentas oportunamente; lo segundo es que esos recursos que se tienen disponibles alcancen. Ambas cosas pasan al tiempo en el sistema, pero lo primero no era un problema para la atención médica de los ciudadanos y lo segundo sí lo está siendo.

“El giro directo depende de que las EPS postulen a las IPS ante la Adres (Admnistradora de Recursos del Sistema de Salud) para que les paguen. Ese ejercicio en aseguradoras como Sura, Sanitas o Compensar es transparente, pero en las intervenidas se volvió una fuente de corrupción grande”, dijo a este diario el consultor en salud Ramón Abel Castaño.

Actualmente, siete EPS son manejadas por el Gobierno Petro (con las que implementan giro directo): Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Emssanar (intervenida en junio de 2022), Asmet Salud, SOS y Capresoca.

Sin embargo, aun cuando el ministro se ufana de eso, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, alertó este mes que “de los giros que estamos esperando para el pago de nuestros hospitales y clínicas es mínimo lo que se ha consignado. Tenemos instituciones que llevan hasta cinco meses sin pago de los servicios prestados a aseguradoras como Ensanar, Asmet, Nueva EPS y SOS, que son las más atrasadas en los pagos. Eso significa una crisis en la prestación de servicios y cierres parciales y temporales, pero continuos por falta de recursos humanos y medicamentos. Y del Gobierno nacional ninguna respuesta”.

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Con todo y esto, el pasado 30 de julio Petro condecoró con la Orden de Boyacá a Guillermo Jaramillo, quien sale con deshonrosas cifras de pacientes muertos (2.637 entre 2025 y primer semestre de 2026, según Fecoer) y con una deuda de entre $24 billones y $32 billones con EPS, IPS y otros actores del sector, según la Defensoría del Pueblo.

Pero mientras el presidente y el ministro salientes tiran voladores y se dan palmaditas en la espalda, miles de pacientes terminaron pagando por sus decisiones. Acá cuatro de esas historias.

Marlin Raba es madre soltera y cuidadora de un niño de 11 años con parálisis cerebral. Desde hace varios años, asegura, ha tenido que recurrir a protestas para conseguir los servicios de salud que necesita su hijo, afiliado a Emssanar EPS, intervenida desde hace cuatro años por la Superintendencia de Salud.

Raba recuerda que antes de la intervención, en 2022, contaban con una farmacia donde solucionaban sus necesidades. Sin embargo, con la llegada de nuevos prestadores y los constantes cambios de interventores comenzaron las dificultades. “Los teníamos en Cali y nos dijeron que iban a mandar a Popayán”, contó.

Ante la falta de respuestas, varias madres acudieron a la Gobernación del Valle y a la Alcaldía de Cali. Tras no encontrar soluciones, protestaron en una sede de Emssanar y permanecieron allí durante toda una noche.

Este año, los problemas se trasladaron al servicio de homecare, que permite recibir atención de enfermería en casa. Según Raba, en diciembre de 2025 hubo un cambio de operador y el nuevo prestador no estaría recibiendo oportunamente los recursos. “Si no le están girando recursos a los homecare, ¿cómo van a sostenerse los pacientes?”, cuestionó.

Hace dos semanas, Raba y otras madres permanecieron cuatro días en una sede de Emssanar, donde se encadenaron, y luego acudieron a la Personería.

Marlin aseguró a EL COLOMBIANO que lleva dos meses sin medicamentos para su hijo, quien padece convulsiones y requiere Sabril, levetiracetam, esomeprazol y pañales. “Cuando no me los autorizan ni me los dan, pido prestado a compañeras”, relató.

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“Me estoy enfermando de tanta negligencia”, concluyó Raba, quien espera que la situación cambie con el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Desde 2024, Maria Reina Dávila Gutiérrez lleva remando contra la crisis de atención que impacta a Nueva EPS. Es de Cúcuta (Norte de Santander) y desde octubre de ese año ha tenido que viajar a Bogotá para que le brinden atención al cáncer retroperitoneal que tiene diagnosticado.

Casi dos años después su situación no ha cambiado. Ahora hace un llamado de auxilio para que se agilicen las gestiones necesarias para recibir su tratamiento, luego de varios retrasos en la autorización y el pago de una quimioterapia que estaba programada para el pasado 16 de junio.

Según dijo, el 9 de junio entregó a la EPS su historia clínica y las órdenes médicas para que se adelantara el proceso. Sin embargo, pese a que su quimioterapia endovenosa estaba programada, no se la han realizado.

Dávila aseguró que durante el proceso recibió información de la EPS que, posteriormente, no coincidió con lo reportado por la clínica que le prestaba servicios. “Se me informó que el tratamiento estaba autorizado y pagado”, relató. Pero al comunicarse con la institución, encontró que “no habían recibido ninguna autorización y ningún pago por parte de Nueva EPS”.

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La angustia para María Reina es peor por estas semanas, pues su enfermedad ha evolucionado. El pasado 21 de mayo recibió la noticia de que el cáncer había avanzado y había hecho metástasis en el hígado y los huesos. “Mientras los trámites se retrasan, mi cáncer no espera”, afirmó.

“No soy un número, no soy un trámite; soy una mujer que quiere vivir”, dijo. Y recordó que tiene una familia que la espera, sueños por cumplir y fuerzas para continuar luchando contra la enfermedad.

En un video difundido por Pacientes Colombia, Dávila fue enfática en que esas barreras administrativas están afectando la oportunidad de su atención médica. “No me dejen morir esperando una autorización, o me dejen morir esperando un pago”, expresó con la voz entrecortada.

Y finalizó su testimonio señalando que “todavía estoy aquí, todavía tengo fuerzas, todavía quiero vivir”.

Desde hace cuatro meses, un padre de familia ha intentando conseguir una cita de oftalmología para su hija de 13 años, quien requiere una cirugía. Según relató en un video compartido por la organización Pacientes de Alto Costo, los intentos por comunicarse con la entidad responsable han sido infructuosos y, hasta la semana pasada, no ha logrado avanzar con eso.

El hombre asegura que la cita le fue asignada, pero que la única información que recibió para continuar con el trámite corresponde a unos números telefónicos a los que nadie le responde.

“Hace cuatro meses, más o menos, me dieron una cita de oftalmología y solo sale por teléfono, pero no ponen una dirección para uno poder ir a sacar la cita directamente”, dijo.

Desde entonces, sostiene que ha dejado mensajes y realizado numerosas llamadas sin que pueda conseguir el procedimiento para su hija. La situación también lo ha llevado a acudir personalmente a las instalaciones en busca de una solución, pero asegura que allí le entregan la misma información.

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“Viene uno acá y le dan el mismo papel con los mismos teléfonos y les dice uno: ‘pero si ya nadie contesta’”, relató.

Así mismo, agregó que la respuesta que recibe es que debe continuar intentando comunicarse por esas líneas. “Llevo intentándolo cuatro meses y es para una cirugía y no hemos podido”, contó.

La demora, además de impedir que su hija pueda avanzar hacia la cirugía que necesita, estaría teniendo consecuencias en su bienestar emocional. Por eso señaló que la menor “tiene problemas psicológicos por esta cuestión”.

Ante esto, cuestionó que “es el colmo que a uno para quitarle la plata cada 15 días, eso es directo, pero esto (…)”.

El vocero de Pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez, criticó que por esas demoras “las autorizaciones de vencen porque no hay atención, después de cuatro horas de fila para que las renueven no hay dónde pedir las citas y nunca contestan los callcenter de esta entidad”.

El drama que viven los pacientes también se traslada a sus familias y cuidadoras. Así es el caso de una adulta mayor que cuida de su hermana y que tiene que pasar horas con un ficho en la mano esperando a que le den turno para pedir una cita en una sede de la Nueva EPS.

Aseguró que la semana pasada, además de la demora, tuvo que soportar lo que calificó como las malas condiciones que deben soportar las personas de la tercera edad.

Según relató, llegó a la sede la semana pasada alrededor de las 9 de la mañana y tomó el turno 156.

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Aún así, mientras esperaba, el sistema de atención apenas avanzaba por el turno 101, lo que significaba que debía esperar en un lugar en donde el único lugar donde se podía sentar era el piso y donde la afluencia de personas hace que se acalore el sitio.

“Estoy desde las 9 de la mañana aquí esperando que me atiendan. Tengo el turno 156 y van en el 101. La mayoría de gente que vemos aquí somos adultos mayores. Entonces, ¿cuál es el respeto para el adulto mayor?”, cuestionó.

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La mujer también aseguró que las dificultades no se limitan a las largas filas. Según su testimonio, para acceder a medicamentos y otros servicios debe cumplir con diferentes trámites y desplazarse entre distintos puntos de atención en Bogotá, pero no recibió una orientación clara.

“Para medicamentos ni para nada hay orden. Llega uno allá y que no, que tiene que irse para Kennedy (localidad del suroccidente de la capital) y llevarla. Llega uno a Kennedy y no, que hay que devolverse”, relató.

La señora también se refirió a las condiciones físicas del lugar, pues tuvo que salirse de la sede por el calor y la sensación de sofoco que estaba experimentando. “Estoy afuera de la sede porque estoy muy acalorada y muy sofocada”, apuntó.

A esto se sumó la falta de baños para los usuarios. “Hay un solo baño y es mixto. Eso me parece algo inaudito”, dijo.

La cuidadora también relató que permaneció cerca de 40 minutos haciendo fila en la calle antes de ingresar a la edificación para, ahí sí, avanzar en el trámite para su hermana.

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