ONU revela 4 vías legales para enjuiciar a Ortega y su régimen por crímenes y abusos en Nicaragua – Nicaragua Investiga

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN) expuso ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, en Nueva York, cuatro caminos concretos para avanzar en la rendición de cuentas del régimen de Daniel Ortega por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de carácter internacional.

🛑 El último gran obstáculo dentro de las filas militares ha sido completamente disuelto.

🚨⚠️ La reciente reestructuración de las altas esferas de poder en Nicaragua marca un punto de inflexión definitivo en la correlación de fuerzas políticas del país.

🪖 La neutralización de un sector castrense disidente consolida de manera implacable el control total del núcleo gobernante, disipando cualquier margen de autonomía institucional que pudiera representar una amenaza futura para su hegemonía.

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— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) October 29, 2026

Durante la presentación del informe “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, el experto Reed Brody indicó que el grupo ha identificado a 56 personas —entre altos funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad y operadores judiciales— sobre las que existen indicios razonables de responsabilidad en estos hechos.

Las cuatro vías propuestas son las siguientes:

1. Demandas interestatales ante la Corte Internacional de Justicia
Estados pueden presentar casos contra Nicaragua por la privación arbitraria de la nacionalidad. Cientos de personas han perdido su ciudadanía por decisiones oficiales y otras enfrentan una situación de apatridia de facto al no poder obtener pasaportes u documentos básicos.

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2. Actuación de la Corte Penal Internacional
El grupo señala la posibilidad de activar la CPI por crímenes con componente transfronterizo, como la deportación forzada de personas hacia países que son parte del Estatuto de Roma.

3. Jurisdicción universal
Tribunales de terceros países pueden investigar y juzgar determinados crímenes internacionales aunque no se hayan cometido en su territorio. Esta vía ya se utiliza en Argentina en causas vinculadas a Nicaragua.

4. Ampliación de sanciones selectivas
El GHREN propone extender las medidas restrictivas individuales a personas ya identificadas por el grupo que aún no han sido objeto de sanciones internacionales.

En el mismo debate, delegaciones de Costa Rica, Chile, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Brasil, Uruguay, Polonia, Irlanda, Georgia, Panamá y la Orden Soberana de Malta expresaron preocupación por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, el desmantelamiento institucional y la persecución de nicaragüenses en el exilio. Varias delegaciones pidieron la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y medidas de protección para las víctimas.

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En un evento paralelo organizado con el Colectivo 46/2 (que agrupa a 23 organizaciones nicaragüenses, regionales e internacionales) y patrocinado por la misión de Chile, el embajador chileno Roberto Ampuero subrayó que la respuesta internacional debe priorizar la recuperación de instituciones democráticas, el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.

Según datos del Colectivo 46/2 actualizados a octubre de 2026, al menos 72 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas; de ellas, 33 se encuentran en situación de desaparición forzada (incluidas 16 mujeres y 16 personas adultas mayores). Las organizaciones advierten que existe subregistro porque muchas familias temen denunciar. Desde 2018, las autoridades han cancelado la personería jurídica de más de 5.660 organizaciones civiles, cerrado o confiscado 61 medios independientes, forzado al exilio a más de 300 periodistas y privado de su nacionalidad a 452 personas.

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La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Rosa María Payá señaló que la falta de cooperación del gobierno nicaragüense no debe impedir la preservación de pruebas ni las acciones judiciales. Por su parte, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, denunció la exclusión de cerca de 2.000 abogados del registro oficial de la Corte Suprema en julio de 2026, sin notificación previa ni garantías de debido proceso. También se reportó la detención o procesamiento arbitrario de más de 300 defensoras de derechos humanos desde 2018, así como el impacto de 75 concesiones mineras en la Costa Caribe sobre 19 áreas protegidas, dos reservas de la biosfera y 18 de los 21 territorios indígenas titulados.

El grupo de expertos reiteró que la inacción internacional solo consolida el modelo de represión y prolonga el sufrimiento de las víctimas.